La misión Artemis II reanuda los vuelos tripulados lunares tras medio siglo, reavivando debates sobre la aplicación del marco jurídico creado en los años 60 ante nuevos actores e intereses de explotación.
Tras más de cincuenta años, las misiones tripuladas a la Luna están regresando. Con Artemis II, el primer vuelo con humanos hacia la órbita lunar desde 1972, se reabre un capítulo de la exploración espacial y se reactivan interrogantes jurídicos que habían permanecido en un segundo plano durante décadas.
El punto de partida del derecho espacial internacional se encuentra en el Tratado sobre el Espacio Ultraterrestre de 1967, negociado en plena Guerra Fría. Este instrumento, logrado antes de que la actividad espacial se desarrollara plenamente, estableció principios fundamentales: el espacio no puede ser objeto de apropiación nacional, su uso debe ser pacífico y su exploración ha de realizarse en beneficio de toda la humanidad. Concebió el espacio como un ámbito sin soberanía y a los astronautas como «enviados de la humanidad».
Este campo jurídico contó con aportes destacados desde Córdoba. En la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), figuras como Manuel Augusto Ferrer y graduados como Aldo Armando Cocca desarrollaron una trayectoria académica y diplomática de excelencia en la materia.
Durante años, el carácter predominantemente científico de las misiones y la centralidad de la órbita terrestre permitieron que estos principios operaran con relativa estabilidad. Sin embargo, el escenario actual es radicalmente distinto. Junto a potencias tradicionales, actores como China, India, Japón y, de manera crucial, empresas privadas con grandes inversiones, han entrado en la arena espacial. El objetivo ya no es solo explorar, sino también explotar recursos y establecer una presencia sostenida, como propone el programa Artemis de la NASA.
Este cambio presiona el marco legal existente. Los «Acuerdos Artemis», impulsados por Estados Unidos y suscritos por decenas de países, proponen interpretaciones como que el uso de recursos no implica apropiación y que es posible establecer «zonas de seguridad» para evitar interferencias, sin modificar el tratado original.
Estas adaptaciones plantean preguntas complejas: ¿Cómo se aplica el principio de no apropiación ante una explotación intensiva de recursos? ¿Qué límites tienen las «zonas de seguridad»? ¿Se está avanzando hacia una ocupación funcional sin soberanía formal? A diferencia del consenso relativo de los años 60, hoy emerge un panorama fragmentado donde la gobernanza del espacio podría seguir la misma tendencia conflictiva de otros ámbitos de la agenda global.