El gobierno provincial anunció un refuerzo de 450 millones de pesos para entidades del sector, que enfrentan dificultades financieras por demoras en pagos de programas nacionales.
El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, dispuso un refuerzo económico de 450 millones de pesos para instituciones que trabajan con personas con discapacidad. Estas entidades atraviesan problemas financieros agravados por la falta de pagos de distintos programas nacionales.
Llaryora, junto a la secretaria de Salud y Desarrollo Humano, Liliana Montero, recibió este miércoles en el Centro Cívico a representantes de instituciones de la ciudad Capital y del interior. Durante una reunión de más de dos horas, las entidades expusieron su situación, tras lo cual el mandatario instruyó agilizar la asistencia económica destinada a mantener las prestaciones.
El gobernador indicó que, frente a la crisis, la Provincia fortalecerá la asistencia a través del Fondo de Emergencia para la Discapacidad. «Este fondo originalmente fue creado para financiar proyectos nuevos, pero he tomado la decisión de aplicarlo exclusivamente para sostener y reforzar a las instituciones en este momento de crisis», explicó.
Subrayó que la grave situación del sector obedece al incumplimiento de la Ley de Discapacidad y la falta de los pagos nacionales comprometidos, incluyendo la reciente interrupción de envíos para prestaciones de PAMI. En este sentido, instó a que se normalice el financiamiento nacional: «Si no se cumplen los envíos de fondos nacionales que corresponden a cada entidad, el esfuerzo que hace la Provincia no alcanzará para sostener todos los servicios».
Por su parte, Liliana Montero señaló: «Estamos ante un verdadero descuartizamiento de la salud pública. La mayoría de estas instituciones brindan prestaciones a través de PAMI o del programa Incluir Salud, organismos nacionales que deben hacerse cargo de estos pagos». Agregó que se activará este auxilio financiero y se reactivará un complemento para la alimentación destinado a entidades con doble jornada.
Los representantes del sector detallaron el complejo momento que atraviesan. Algunas instituciones, como el Cottolengo Don Orione, la Fundación IRAM o la Asociación Apadim, tienen más de 100 personas a cargo y dejaron de percibir aportes de programas nacionales.
Todas las entidades participantes vienen recibiendo acompañamiento de la Provincia y trabajan, desde hace más de dos años, en emprendimientos laborales y de capacitación en el marco del Fondo Provincial de Inclusión Social, que este año incrementó su inversión a 4.500 millones de pesos.