La provincia destinará entre 400 y 450 millones de pesos del Fondo de Emergencia para la Discapacidad para asistir a instituciones afectadas por la morosidad en programas nacionales.
La secretaria de Salud y Desarrollo Humano de la Provincia de Córdoba, Liliana Montero, confirmó este miércoles que el Gobierno provincial asistirá con recursos económicos a prestadores de servicios del sector de la discapacidad. Los fondos, que se estiman entre 400 y 450 millones de pesos, provendrán del Fondo de Emergencia para la Discapacidad.
Según explicó la funcionaria, esta inyección de dinero permitirá a las instituciones salir «de este agujero en el que se encuentran». No obstante, aclaró que «la provincia acompaña y ayuda, pero no va a resolver lo que la ejecución de la ley de emergencia en discapacidad debe resolver», en referencia a la responsabilidad del gobierno nacional.
El gobernador Martín Llaryora, quien recibió a representantes del sector en el Centro Cívico, anunció que se acelerará la entrega de estos recursos. «Este fondo originalmente fue creado para financiar proyectos nuevos y mejorar la inclusión, pero he tomado la decisión de aplicarlo exclusivamente para sostener y reforzar a las instituciones en este momento de crisis», explicó el mandatario.
Llaryora se comprometió a brindar el refuerzo económico ante el no cumplimiento por parte de la Nación de aplicar la ley de emergencia en discapacidad. «Dejar abandonados a los abuelos, dejar abandonadas a las instituciones de discapacidad, nos parece de una crueldad inmensa», expresó.
Los representantes del sector detallaron el complejo momento que atraviesan, agravado por la morosidad en los programas nacionales. Instituciones como el Cottolengo Don Orione, la Fundación IRAM o la Asociación Apadim, que tienen más de 100 personas a cargo, dejaron de percibir aportes de PAMI o del programa Incluir Salud.
Estas entidades vienen recibiendo acompañamiento de la Provincia y participan, desde hace más de dos años, en emprendimientos laborales, de capacitación y autonomía en el marco del Fondo Provincial de Inclusión Social, que este año incrementó su inversión a 4.500 millones de pesos.