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¿Jujuy: violencia y terrorismo interno? La lucha por la Justicia y la defensa de la democracia en Argentina

Los sucesos lúgubres de violencia presenciados durante esta semana en la provincia de Jujuy no son más que el preludio ominoso de un futuro que nos aguarda, un porvenir incierto y aterrador, en caso de que un candidato ajeno al populismo logre ascender al cargo supremo de la presidencia. La irresponsable declaración del diputado nacional Eduardo Valdez, quien osó afirmar que «si la oposición asume el gobierno, se desatará una convulsión social similar a la que vemos en Jujuy«, no es sino una advertencia premonitoria, una sombría profecía que nos avisa de los desafíos colosales que nos veremos forzados a enfrentar como ciudadanos argentinos si osamos apostar por un modelo de país radicalmente distinto al que el feroz populismo ha impuesto con mano de hierro.

Resulta aún más desalentador, más preocupante, que la mismísima CFK, la figura central del populismo, no haya condenado enérgicamente los actos de violencia, sino que se haya atrevido a articular una argumentación propia de una líder en decadencia, cuyo único propósito es aferrarse a los hilos del poder que alguna vez supo ostentar con soberbia y desdén. Al relacionar los trágicos sucesos en Jujuy, mediante un simple y tedioso «tuit», con los acontecimientos ocurridos en diciembre de 2001, no hace más que promover la apología de la violencia, instigar a las masas y generar una atmósfera de temor y caos. En su delirante razonamiento, incluso llega a implicar al FMI y al préstamo otorgado al gobierno del presidente Macri, como si fueran parte de un círculo lógico que solo existe en su perturbada y distorsionada imaginación.

Nos enfrentamos, en este punto, a una interrogante de vital importancia: ¿acaso fue suficiente una simple fotografía de unidad, en la cual aparecen todos los miembros de Juntos por el Cambio mostrando su repudio a los actos de violencia en Jujuy? A mi parecer, la respuesta es negativa. El populismo ha dado múltiples muestras de su capacidad destructiva, de su habilidad para desplegar todo tipo de acciones disruptivas que fracturan el tejido social. Y ahora, nos han advertido, nos han dejado un mensaje «fuerte y claro»: utilizarán toda la fuerza a su disposición para hacerse sentir, para imponer su presencia, como una oposición viva y ansiosa por regresar al poder. Han dejado en claro que no permitirán que el próximo gobierno, cualquiera que sea, pueda gobernar en caso de que ellos sean los perdedores en las próximas elecciones.

Al populismo le importa muy poco, debo recalcarlo, que la reforma constitucional en Jujuy haya sido respaldada por la voluntad popular, por la voz de la mayoría. Para ellos, todo lo que no se ajuste a sus preceptos es considerado erróneo, merecedor de repudio y rechazo. Este modus operandi está muy lejos de ser institucional, de seguir los cauces legales. Por el contrario, se trata de una disolución de la legalidad, de un comportamiento ilegal y peligrosamente cercano a lo que, en un Estado de derecho, podría considerarse constitucionalmente como un acto de terrorismo interno. Es inaceptable que, si el populismo recibe un rechazo por parte de la voluntad popular, lo ignore con tanta ligereza y recurra a tácticas violentas y destructivas.

Un acto de terrorismo interno, en el contexto específico que menciono, se refiere a acciones deliberadas y violentas llevadas a cabo por grupos o individuos con el objetivo de generar miedo, intimidación o influencia política dentro del propio país. Estos actos pueden incluir atentados, sabotajes, ataques armados o cualquier forma de violencia que ponga en peligro la seguridad y estabilidad del Estado.

En Argentina, la Ley Antiterrorista N° 26.734, sancionada en 2011, establece el marco legal para combatir el terrorismo y sus manifestaciones. Según esta ley, se considera acto de terrorismo la comisión de delitos graves con la finalidad de aterrorizar a la población, coaccionar a las autoridades o desestabilizar el funcionamiento normal de las instituciones. Además, se establecen penas específicas para los delitos terroristas, que pueden incluir penas de prisión de hasta 15 años o incluso cadena perpetua en casos de extrema gravedad.

«Es preocupante que la mismísima CFK, figura central del populismo, no haya condenado los actos de violencia»

Proteger la institucionalidad democrática 

Es fundamental destacar que la definición y el alcance del terrorismo interno pueden variar según la legislación vigente y la interpretación jurídica aplicada en cada país. Por lo tanto, es necesario consultar las leyes y regulaciones actuales en Argentina para obtener una comprensión precisa y actualizada del tema.

Cuando se recurre a actos de violencia con el objetivo de deslegitimar o socavar un gobierno democráticamente elegido, se está cometiendo un acto que va en contra de la ley y los principios democráticos. En un Estado de derecho, cualquier forma de violencia que busque subvertir el orden constitucional y socavar la voluntad popular expresada a través de elecciones libres y justas es considerada ilegal.

En el caso de Argentina, el ordenamiento jurídico cuenta con mecanismos y leyes para proteger la institucionalidad democrática y penalizar acciones que atenten contra ella. Esto incluye delitos como sedición, conspiración, disturbios e incitación a la violencia, entre otros, que pueden aplicarse en situaciones en las que se intenta deslegitimar de facto a un gobierno democráticamente elegido.

Es importante destacar que el respeto a la legalidad y los procesos democráticos es fundamental para el funcionamiento de un Estado democrático. Cualquier descontento o discrepancia política debe canalizarse a través de vías legales y pacíficas, como el debate público, la participación ciudadana y los procesos electorales, para garantizar el respeto a las instituciones y al Estado de derecho. No podemos permitir que la violencia y el caos sean el camino por el cual se pretenda imponer una ideología o alcanzar el poder. La democracia y el Estado de derecho deben prevalecer como los pilares fundamentales de nuestra sociedad.

En conclusión, es imprescindible que los responsables de los actos de violencia y terrorismo interno en la provincia de Jujuy sean llevados ante la justicia, juzgados y condenados de acuerdo con el marco legal establecido. La impunidad no puede prevalecer en nuestra sociedad, especialmente cuando se trata de acciones que amenazan la estabilidad del Estado y socavan los principios democráticos.

El respeto al Estado de derecho exige que todos los ciudadanos, sin importar su posición política, sean responsables por sus acciones y enfrenten las consecuencias legales correspondientes. La justicia debe prevalecer como un pilar fundamental de nuestra sociedad, garantizando que nadie esté por encima de la ley.

En este sentido, las autoridades competentes deben llevar a cabo investigaciones exhaustivas e imparciales para identificar a los perpetradores de estos actos de violencia y asegurar que sean enjuiciados de manera justa y transparente. Solo a través de un sistema judicial sólido y confiable podremos asegurar que se haga justicia y se siente un precedente claro de que la violencia y el terrorismo interno no serán tolerados ni permitidos en nuestra nación.

Además, es fundamental que se brinde apoyo y protección a las víctimas de estos actos de violencia, asegurando su seguridad y bienestar. La reparación de los daños causados y el fortalecimiento de la confianza en las instituciones son pasos necesarios para avanzar hacia una sociedad más justa y pacífica.

En última instancia, el juzgamiento y la condena de los responsables no solo garantizan la rendición de cuentas, sino que también envían un mensaje claro de que los actos de violencia y terrorismo interno no serán tolerados en nuestra sociedad. Solo a través de un sistema judicial robusto y una aplicación efectiva de la ley podremos preservar la paz, la estabilidad y el respeto por los principios democráticos en nuestro país.

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