La organización Greenpeace Argentina afirmó que la propuesta oficial «supone una puerta de entrada a la destrucción de bosques y glaciares en Argentina y consecuentemente una regresión ambiental».
La entidad identificó modificaciones «en al menos tres leyes que tienen impacto directo en el medio ambiente: la Ley de Glaciares, sancionada en el 2010 con el objetivo de proteger los glaciares y el ambiente periglacial (áreas con suelos congelados que actúan como reguladores para la conservación del recurso hídrico), cambios en la Ley de Quema 26.562, sancionada en el 2009, así como la desregulación y desfinanciamiento de la Ley de bosques 26.331, sancionada en el 2007».
Las reformas proyectadas forman parte del Capítulo III del Título VI -Interior, Ambiente, Turismo y Deporte-, de la iniciativa «Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos», remitido para ser tratado en sesiones extraordinarias del Congreso de la Nación
Por su parte, la investigadora superior del Conicet Maristella Svampa, señaló a Télam que en materia socioambiental «el proyecto de ley ómnibus es un golpe al corazón de la legislación de protección ambiental Argentina, porque se propone liquidar las dos leyes que mayor esfuerzo ciudadano costaron en los últimos quince años: la Ley de Protección de Bosques y la Ley de Glaciares».
En tanto, el abogado especializado en derecho ambiental Enrique Viale consideró que en el caso de la Ley de Bosques, «con una confusa técnica legislativa, se busca autorizar los desmontes en las áreas de protección 1 y 2, lo que actualmente está prohibido por dicha ley, porque si no se protegen las zonas más frágiles y fundamentales para la vida del ecosistema, que ya en peligro».
Las reformas proyectadas forman parte del Capítulo III del Título VI -Interior, Ambiente, Turismo y Deporte-, de la iniciativa «Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos», remitido para ser tratado en sesiones extraordinarias del Congreso de la Nación.
Andrés Nápoli, director ejecutivo de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), expresó a Télam que los bosques nativos, con la ley vigente, tienen una protección a través de un ordenamiento territorial de acuerdo a las provincias en las que se clasifican tres categorías.
La categoría 1 «roja» de máxima protección en donde no se puede hacer desmontes; la categoría 2 «amarillo» de «aprovechamiento sustentable» en donde se prohíbe el desmonte y solo se autoriza en algunas actividades; y la categoría 3 «verde» donde se puede realizar desmonte cumpliendo con una serie de requisitos.
Para el especialista, la reforma del artículo 31 de la Ley 26.331 «tiene una serie de falencias de carácter legal y de técnica legislativa que necesariamente se va a tener que modificar, pero busca liberalizar y avanzar en las cuestiones de desmonte».
En ese sentido, el director general de Vida Silvestre, Manuel Jaramillo, señaló a Télam que la ley vigente «fue el producto de muchísimo trabajo de diferentes organizaciones de la sociedad civil, legisladores y jurisdicciones» que permitieron «visibilizar los bosques nativos, reducir significativamente las tasas de deforestación, aunque sigan siendo altas y con mucha participación de la deforestación ilegal».
Además, advirtió sobre «una serie de elementos que buscan la flexibilización de permisos de pesca para permitir una lógica de máxima exportación».
«Argentina ya está teniendo grandes problemas en sus especies en el mar y este nivel de liberación de la exportación va a alterar fuertemente lo que es la fauna marina. Se necesita más protección en el mar», indicó.
Nápoli sostuvo que si bien «el espíritu del proyecto es liberalizar la economía o hacer que el sector privado tenga más relevancia», la protección ambiental «requiere de presupuestos y políticas públicas activas» y «el cumplimiento de los compromisos internacionales que tiene la Argentina asumidos».
Respecto a modificaciones para la actividad pesquera, el especialista advirtió que «es importante no avanzar sobre desregulaciones que tienden a facilitar los procesos de sobrepesca y sobreexplotación de nuestros recursos pesqueros» dado que se trata de «una biodiversidad que es jurisdicción de las provincias y de la Nación, en donde tiene la obligación principal de bregar por la conservación y uso sustentable de este recurso que es de todos los argentinos».
«El ambiente no tiene la posibilidad de negociar uno a uno con quienes quieren utilizarlo» por lo que «es importante que haya un Estado presente que controle y lo haga valer» para «asegurar la sustentabilidad ambiental de los procesos de desarrollo», aseveró.