A la 1 y 29 del pasado sábado recibieron en la oenegé Ca-minando Fronteras la primera llamada de alerta. Era un inmigrante senegalés radicado en Francia. Este había recibido una llamada desde el cayuco que a esa hora se aproximaba a la isla El Hierro. El pasajero le había dicho dos cosas principales: que el motor de la embarcación no funcionaba, y que desde donde estaban veían luces de la costa.
No se sabe mucho más acerca de lo que vino después esa madrugada, hasta que varios migrantes se levantaron a la vez al ver próximo al buque de salvamento, se desequilibró el cayuco, cayó su carga humana al mar y se consumó la mayor tragedia migratoria en aguas de Canarias: nueve cadáveres, 54 desaparecidos y 27 supervivientes.
Los últimos enterramientos de los cuerpos que se han recuperado se han llevado a cabo sin que hayan escuchado las autoridades el clamor de las organizaciones de defensa del migrante pidiendo darle tiempo a las familias para identificar a sus muertos. Y esta última discusión se suma a otras dos quiebras polémicas de una «tragedia sangrante» -son palabras del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska– en torno a la que ahora chocan las oenegés y el Estado.
Un teléfono al que llamar
En Ca-minando Fronteras, una de las entidades más implicadas en esta tragedia, cinco personas están atendiendo los peticiones de ayuda de 50 familias de migrantes africanos que sospechan que sus parientes están entre los ahogados. Llama la mayoría desde Senegal, pero una parte de esas familias está formada por inmigrantes de la colonia senegalesa asentada en Catalunya. No hay teléfono público de información. Atienden las llamadas tratando de dar contestaciones y apoyo «que facilitaría la Administración si esta tragedia náutica hubiera sido de otro tipo», explica Helena Maleno, coordinadora de la entidad.
Está hablando de blancos y negros. La ausencia de un teléfono de información habilitado por las autoridades es, para Maleno, uno de los síntomas del «racismo estructural que mancha todo en la gestión de este drama». Si este, en vez del naufragio de un cayuco, hubiera sido el de un yate de turistas británicos, como el del accidente letal en aguas de Sicilia el pasado 21 de agosto, estaría funcionando una línea de contacto con las familias, «incluso tendrían apoyo psicológico«, apunta Maleno.
En este caso, como en tantos de desapariciones en alta mar, paraderos desconocidos de la ruta atlántica canaria, funciona el boca a boca entre padres. Los teléfonos de asistencias privadas en España se comparten rápido, como las noticias de naufragio. «Este es un mundo globalizado, y la angustia por esta tragedia se transmite en segundos a África. Y a pesar de eso no hay un teléfono oficial para ellos», lamenta la dirigente de Ca-minando Fronteras.
Veintisiete supervivientes se diluyen ahora entre el medio millar de migrantes albergados en el Centro de Acogida Temporal de Extranjeros, CATE, de El Hierro , y han tenido que buscarse la vida también para llamar a sus familias.
Un protocolo que seguir
La tragedia del cayuco de El Hierro levanta voces unánimes entre las organizaciones de atención al inmigrante contra la deshumanización que se ha puesto en evidencia en el caso. Los desastres de medios de transporte cuentan en España con protocolo de asistencia. Lo puso negro sobre blanco un decreto de 2009 para ordenar a Justicia la «Intervención en Sucesos con Víctimas Múltiples».
Ese protocolo prevé que no se dé tierra a personas muertas sin intentar al menos saber quiénes son. «Los responsables del Instituto de Medicina Legal y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y de las policías autonómicas tendrán acceso a los listados que hayan confeccionado los responsables del rescate y evacuación de los supervivientes, (…) por si fuera necesario a lo largo del proceso identificativo de los cadáveres y restos humanos», dice en uno de sus capítulos ese protocolo.
Ese mismo protocolo prevé el establecimiento de un «área de atención a las familias» y «un área de depósito» donde «se completan las tareas de identificación». En este caso, «se les ha enterrado deprisa, deprisa, deprisa… cada muerto con un número, sin que las familias puedan reconocerlo», se queja un especialista de la Cruz Roja en Canarias.
Un salvamento que investigar
A las familias de los ocho pescadores del Argos Georgia ahogados cerca de las islas Malvinas se les entregaron los cuerpos tras minucioso análisis forense. Estos muertos de El Hierro no han recibido tanta atención, ni tampoco se llevarán sus familias un porqué.
Todo accidente de un medio de transporte conlleva en España una investigación de sus causas. En la peor tragedia migratoria de Canarias, solo se cuenta con el testimonio de los técnicos de la Salvamar, y el trámite escueto judicial del levantamiento de cadáveres.
Las oenegés piden una investigación, no por inculpar a los rescatadores, sino para que se sepa qué se puede mejorar en la próxima ocasión. «Pero en la etapa de Ábalos en Tansportes se echó de Salvamento Marítimo a marinos veteranos que ahora serían muy útiles», lamenta Helena Maleno.