La gran industria española alerta de que los atascos burocráticos que arrastran las Administraciones Públicas están expulsando inversiones millonarias de grandes multinacionales en España. La Alianza por la Competitividad de la Industria Española, un lobby que agrupa a las patronales de los principales sectores industriales, se queja de que los retrasos en la tramitación de permisos y autorizaciones pone a las empresas españolas en desventaja en relación a sus rivales de otros países y amenazan con provocar cierres y deslocalizaciones en el futuro.
“La poca diligencia de las administraciones en la tramitación de permisos tiene impacto en las opciones de atraer inversiones al país.”, advierte Carlos Reinoso, portavoz de la alianza de asociaciones industriales, que agrupa a las patronales del automóvil, petroleras, sector del papel, siderurgia, alimentación, cemento o materias primas minerales. “No puede ser que empresas que quieren invertir en digitalizarse y descarbonizarse, y que tienen la financiación y tecnología necesarias para hacerlo, se encuentren con que la maraña burocrática paraliza esas inversiones. Se trata de un proceso silencioso que provoca pérdida de competitividad y amenaza con cierres y deslocalizaciones en el futuro”.
La Alianza por la Competitividad de la Industria Española ha elaborado, junto a KPMG, un estudio sobre la ‘Optimización de los procesos administrativos como impulso al sector industrial’ en el que alerta de retrasos de las Administraciones, singularmente en materia ambiental y urbanística, que llegan a triplicar los plazos legales y provocando hasta dos años de espera; de los problemas para las empresas que genera la dispersión legislativa y de requisitos entre diferentes comunidades autónomas; de la deficitaria digitalización de la tramitación y de la desventaja competitiva española que suponen los cuellos de botella administrativos en relación a otros países.
“El tiempo que duran los procedimientos es un elemento clave de la competitividad, tan importante como los costes energéticos o los laborales”, resume Aniceto Zaragoza, director general de la patronal cementera Oficemen. “Los grandes grupos siempre tienen la alternativa de localizar sus inversiones en otras zonas del mundo y no en España. Los cuellos de botella administrativos los hay que solucionar si queremos ser un país industrial. Si no, las inversiones se irán a otros países”, apunta el directivo, que advierte que, además de decisiones empresariales visibles de llevarse inversiones a otros países, “hay otras que no se ven, como las de empresas que no abren, las que no crecen o las que no se transforman” por los atascos administrativos.
La asociación industrial advierte, además, de que estos retrasos burocráticos suponen un riesgo adicional en un momento en que las Administraciones Públicas han de afrontar un aluvión de tramitaciones extra para absorber y desplegar el boom millonario de los fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
Reformas y más funcionarios
Para resolver los problemas de colapso administrativo, desde la Alianza se proponen reformas como establecer plazos de resolución obligatorios más cortos; la generalización de la fórmula del silencio administrativo positivo para dar por aprobado un trámite si no hay respuesta oficial; impulsar de manera definitiva la digitalización de los procesos; simplificación de los procedimientos aplicando en más trámites la declaración responsable de la empresa para avanzar; y también dar más seguridad jurídica a los propios funcionarios para evitar retrasos y paralizaciones de procesos por miedo a recibir denuncias.
En paralelo, los grupos industriales también apuestan por ampliar las plantillas de las administraciones con más funcionarios para desatascar algunos procesos. “Ahora hay muchas más normativas y son necesarios más trámites y se hacen los mismos recursos. No puede ser”, apunta Reinoso. “Rompamos el tabú y el discurso de que siempre es mejor que haya menos funcionarios”.