El Gobierno ha levantado un escudo de medidas de protección durante la crisis energética para hacer frente frente al golpe de la subida de precios. Durante dos años se han ido armando, redefiniendo y prorrogando planes anticrisis para hacer frente a la escalada de precios de la luz, el gas natural y los combustibles.
La Comisión Europea ve controlada la situación en los mercados energéticos y ya ha empezado a reclamar a los estados miembro que vayan poniendo fin a los escudos excepcionales anticrisis, así que toca redefinir cómo implementar o mejorar medidas estructurales de protección, especialmente para los hogares vulnerables. Y los partidos políticos españoles, en plena campaña electoral, chocan sobre cómo articular las ayudas en los recibos de la luz y del gas.
Actualmente las principales ayudas de carácter permanente se articulan a través de los bonos sociales eléctrico y térmico. El bono social eléctrico permite aplicar rebajas en las facturas de luz de entre el 25% y el 40% en función del grado de vulnerabilidad de los clientes (aunque como parte de las medidas anticrisis los descuentos se han elevado de manera temporal hasta el 65% y el 80% del recibo) y para acceder a él se ha de tener contratada la tarifa regulada de luz, denominada precio voluntario para el pequeño consumidor (PVPC).
Y los beneficiarios del bono social de la luz tienen acceso directo al bono social térmico, un cheque ayuda para pagar parte de los gastos de gas, agua y calefacción de estas familias. El bono térmico actualmente implica la concesión de un pago único de entre 40 y 375 euros anuales en función del grado de vulnerabilidad y de la zona climática en que vivan los beneficiarios.
PP: un solo bono en forma de cheque
El Partido Popular incluye en su programa electoral un plan para unificar en un solo bono social energético las ayudas para hogares vulnerables para afrontar el coste de los suministros energéticos. Un único programa que no implicará descuentos en la factura, sino que se articulará a modo de ‘cheque ayuda’ y al que podrán acogerse los consumidores con independencia de la tarifa que tengan contratada (regulada o del mercado libre).
El PP no ha precisado cómo y quién financiará el coste de las ayudas del bono social. Actualmente la financiación del bono social de la luz (con un coste de más de 800 millones de euros anuales por la ampliación del alcance durante la crisis) la asumen todas las empresas del sector eléctrico, mientras que el bono térmico (unos 260 millones) se paga con financiación pública de los presupuestos generales del Estado. Desde el Gobierno actual se alerta de que la unificación en un solo programa puede ser la puerta a librar a las compañías eléctricas de asumir el coste como hasta ahora y cargárselos enteramente al presupuesto público.
Fuentes del PP evitan confirmar con detalle cómo se propone financiar el bono social único y se limitan a indicar que se busca la protección “con los recursos actuales y, de ser insuficientes, completarlos con suplementos de crédito vinculados a los PGE, como política social que es”. Asimismo, estas fuentes apuntan a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, del grupo Prensa Ibérica, que su nuevo bono social único busca ser “progresivo y más justo, porque pagarían más las rentas más altas y no como ahora, que paga todo el mundo igual, perjudicando a las rentas más bajas”, en referencia a que las eléctricas trasladan a todos sus clientes el coste que asumen del bono social y con un mayor peso de los PGE se conseguirá mayor progresividad.
La Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales (Faes), el ‘think tank’ de José María Aznar y que vuelve a estar directamente en la órbita del PP, presentó la semana pasada un documento con propuestas para una reforma eléctrica en el que casualmente se defendía la creación de un bono social unificado, apuntando como dos posibilidades abiertas que podrían financiarlo todas las energéticas o los PGE. “Eliminar el bono social eléctrico y el bono social térmico y crear una ayuda única energética (tipo cheque) que sea financiada por todas las suministradoras energéticas (gas, gasolina y electricidad) o por los Presupuestos Generales del Estado”, explicaba la fundación.
La formación de ultraderecha Vox, probable socio del PP en caso de coalición conservadora tras las elecciones, no recoge en su programa electoral ninguna propuesta sobre cómo articular las ayudas en los recibos de la luz y el gas, y se limita a apuntar un recorte de los impuestos que se incluyen en las facturas. “Aplicaremos una reducción progresiva de impuestos y gravámenes que pesan sobre los suministros del hogar familiar y, especialmente, sobre las familias numerosas (electricidad, agua, gas…)”, apunta el partido ultra sin más precisiones.
La izquierda y cómo “reforzar” los bonos
Los partidos de izquierda con posibilidades de repetir el gobierno en coalición, PSOE y Sumar, pretenden mantener por separado los bonos sociales de la luz y térmico, confirmar tener contratada la tarifa regulada como requisito para acceder a ellos, y proseguir con el actual modelo de financiación, aprobado el año pasado, que hace que todas las compañías eléctricas (comercializadoras, distribuidoras, transportistas, generadoras…) sigan asumiendo directamente parte del coste de las ayudas.
EL PSOE sólo apuesta por “reforzar” los bonos térmico y eléctrico, después de haber impulsado durante la crisis energética el incremento de los descuentos de manera temporal, al tiempo que propone crear la figura del “consumidor electrodependiente” -particulares que necesitan un alto consumo de electricidad en el hogar, singularmente por aparatos para tratamientos médicos- para que reciban un tratamiento diferenciado con rebajas en su factura de luz.
Sumar propone una reforma de los bonos eléctrico y térmico para que su solicitud y renovación sean automáticas, ya que hasta ahora son los beneficiarios los que deben reclamarlos y miles de consumidores que cumplen los requisitos no activan los procedimientos.
La formación liderada por la vicepresidenta Yolanda Díaz también propone revolucionar la tarifa de la luz con un nuevo sistema en el que van bajando los impuestos aplicados y los cargos y peajes de la parte regulada del recibo en función del consumo de cada hogar. Un modelo que busca asegurar un consumo mínimo vital garantizado en luz, gas y agua. En el caso de la electricidad, por ejemplo ese consumo mínimo vital se aplicará a los primeros 1.500 kilovatios hora cada año, con un IVA superreducido del 4% y una rebaja de cargos regulados y peajes, y que se convertirá automáticamente en tarifa social a coste cero para consumidores vulnerables.