El pedido de «gobernar hasta el último día» que les hizo Javier Milei a Alberto Fernández y Sergio Massa el domingo en su discurso tendrá un ejemplo clave en el marco del juicio por la expropiación de YPF que se lleva adelante en Nueva York.
Antes del 5 de diciembre, la actual administración tiene que decidir qué activos argentinos pone en garantía para poder apelar el fallo o si le deja esa decisión a la próxima gestión para que Milei inicie su propia negociación con los querellantes.
La Argentina le había pedido a la jueza estadounidense Loretta Preska que la exceptuara de la obligación de depositar US$ 16.000 millones -es decir, el total de la sentencia que perdió el país-, para poder apelar el fallo sin quedar expuesta a embargos.
La magistrada accedió: el país no tendrá que depositar el total, pero deberá dejar en garantía activos, que podrían ser incluso acciones de la YPF que Milei quiere privatizar.
Burford Capital, el grupo formado por abogados que lleva adelante el juicio contra Argentina porque adquirió los derechos para litigar de la familia Eskenazi, exaccionistas minoritarios de la petrolera, había sugerido ciertos bienes que el país podía dejar como aval de pago. Y la jueza menciona a algunos de ellos en su escrito.
Allí están la participación accionaria del 51% de Argentina en YPF (en realidad la parte del Estado es 26%) y sus cuentas por cobrar vinculadas a la represa hidroeléctrica binacional de Yacyretá. La única condición para aprobar las garantías es que Burford tiene que estar de acuerdo con los activos que proponga el país.
Según publicó Bloomberg, la participación argentina en YPF podría valer entre US$ 2.350 millones y US$ 3.050 millones, mientras que los pagos que Paraguay debe hacerle a la Argentina por 30 años a partir de 2028 rondarían unos US$ 4.000 millones adicionales o US$ 2.000 millones a valor actual si se securitizan.
Ahora bien, la jueza fijó el 5 de diciembre para que la Argentina tome una decisión, 5 días antes del traspaso del mando. Si no lo hace, Burford podría comenzar con los embargos.
«Yo recomiendo que los beneficiarios de la sentencia demoren los posibles embargos a la espera de una negociación con el equipo de Milei, que podría tener una estrategia distinta a la que vienen teniendo los gobiernos anteriores», explicó Sebastián Maril, director de Latam Advisors, que sigue de cerca el juicio.
Según el experto, a medida que pasa el tiempo crecen los intereses que habrá que pagar. «Si la demanda sigue su curso legal, recién en el tercer año de Milei podría haber una resolución de la Corte Suprema de Estados Unidos sobre el tema. Y estamos hablando de US$ 750 millones en intereses que se irán agregando cada año, más los costos de los abogados», explica.