Laura Laganá, expareja de Martínez y madre de un hijo suyo, expresó que «ya van dos años del crimen y uno desde que la causa fue elevada a juicio» y reclamó a la Justicia «que no siga pasando el tiempo» sin que se fije una fecha de inicio de debate oral.
De acuerdo a la investigación del hecho, la víctima fue detenida en la madrugada del jueves 18 de noviembre de 2021 por provocar daños en el Hotel Fontainebleau de San Clemente en el que se hospedaba, y luego de ser trasladada en un patrullero a la comisaría 3ra de esa localidad, fue hallado sin vida en un calabozo.
Tras su muerte, su familia denunció que se había tratado de un asesinato, y la autopsia del cadáver reveló que había fallecido a causa de una «asfixia mecánica» y que había sufrido golpes y lesiones.
Dos días más tarde, fueron detenidos nueve efectivos de la Policía bonaerense, y tras esas medidas, el ministro de Seguridad provincial, Sergio Berni, y las defensas de los efectivos cuestionaron los resultados de la autopsia, por lo que se dispuso una nueva, que confirmó las conclusiones e, incluso, estableció que el cuerpo presentaba lesiones que no habían sido notificadas en el análisis inicial.
La autopsia reveló que Alejandro Nicolás Martínez había fallecido a causa de una «asfixia mecánica» y que había sufrido golpes y lesiones. A partir de la investigación realizada por el fiscal Martín Prieto, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 2 descentralizada del partido de La Costa, tres de los policías fueron imputados como coautores del homicidio, y otros seis -entre ellos cuatro mujeres- fueron acusados de ser «partícipes secundarios».
La Justicia de Garantías elevó a juicio la causa el 11 de octubre de 2022, y dos meses más tarde la medida fue confirmada por la Sala II de la Cámara de Apelaciones de Dolores.
Por pedido de los acusados, el juicio será por jurados, conducido por el juez Eduardo Campos Campos, del Tribunal Oral Criminal (TOC) 2 de Dolores, con intervención del fiscal Diego Bensi.
Además, como particular damnificado interviene en la causa en representación de la familia de Martínez Margarita Jarque, abogada de la Comisión Provincial por la Memoria.
Los acusados de homicidio
Los principales acusados por el hecho son los oficiales José Pereyra (36) y Christian Rohr (32) y el teniente primero Maximiliano Munche (49).
Los tres cumplen prisión preventiva en la Unidad Penal 44 de Batán, y serán juzgados como coautores del delito de «homicidio triplemente agravado por alevosía, ensañamiento, por el concurso premeditado de más de dos personas y por haber sido cometido por miembros de una fuerza de seguridad abusando de sus funciones».
Según la instrucción, junto a los otros seis imputados, «planificaron dar muerte» a la víctima, «asignándose y cumpliendo cada uno de ellos un rol determinado».
Ocho de los acusados brindaron declaración indagatoria y en todos los casos rechazaron las acusaciones. El fiscal a cargo de la causa indicó en su pedido de elevación a juicio que «con el fin de causar una muerte alevosa» a Martínez, los efectivos Pereyra, Rohr y Munche «ejercieron una extrema violencia física» sobre él dentro de la seccional, «propinando golpes de puño, y aplastando múltiples partes del cuerpo mediante diversas maniobras durante un lapso temporal de unos aproximados 10 minutos».
Además, precisó que, de acuerdo a las dos autopsias realizadas al cuerpo, la víctima sufrió «múltiples lesiones» así como «fracturas costales derechas, infiltrado hemorrágico, aponeurosis epicraneana frontoparietal, cianosis cervicofacial y en tercio superior de tórax con infiltrado petequial en piel, en pulmones y corazón», lo que le provocó un «paro cardíaco traumático».
El fiscal entendió, a su vez, que el resto de los imputados «brindaron la cobertura necesaria para que» los ellos tres «no corrieran ningún tipo de riesgo», y para «asegurar el resultado de lo planificado, omitiendo dolosamente y abusando de los deberes a su cargo proporcionaron el ambiente y circunstancias necesarias a fin de obtener el resultado planificado, dar muerte al Sr. Martínez».
Desde el inicio de la instrucción, ocho de los acusados brindaron declaración indagatoria y en todos los casos rechazaron las acusaciones, mientras que Pereyra optó por no declarar.