El proyecto iba a ser totalmente privado. El kirchnerismo no se convenció hasta que se le iban los dólares por importaciones en 2022. El fuego amigo.
La idea de un gasoducto que una Vaca Muerta con Buenos Aires fue lanzada por la administración de Mauricio Macri. La gestión actual retomó el proyecto con otro formato. Y recién pisó el acelerador en 2022, preocupado por la sangría de dólares que tenía por las importaciones energéticas.
A mediados de 2019, la secretaría de Energía convocó a una licitación privada para un gasoducto troncal, con el nombre de “TGC” (Transporte de Gas del Centro), una forma de complementar los existentes tramos de TGS y TGN. El funcionario a cargo fue Gustavo Lopetegui. Iba a unir Vaca Muerta con Buenos Aires.
“Hubo un concurso público con cuatro interesados. Pero, tras las elecciones primarias, el dólar subió de $ 44 a $ 60 y los oferentes pidieron una postergación en la apertura de sobres, debido a que no había certezas sobre la situación económica financiera del país. El proceso se prolongó hasta el 30 de marzo de 2020”, recuerda Juan José Aranguren, ex ministro de Energía, que ya no participaba de la gestión de Macri.
“(El ex secretario de Energía) Darío Martínez no hizo nada hasta el 30 de diciembre de 2020. Se tomaron 26 meses para reactivar una obra», criticó.
La actual administración continuó con los estudios, pero con otro formato. El Gobierno pensó en China como potencial financista del gasoducto. “Se propuso hacerlo con recursos del Tesoro. Diseñamos la primera etapa, en la que vamos a destinar US$ 1.566 millones entre el Tesoro y el impuesto a las grandes fortunas (N. de R: tenía un inciso para explotación de gas para YPF, pero los fondos fueron redirigidos hacia esta obra)”, explicaron en el oficialismo.
La empresa estatal es la que encargó la construcción del gasoducto, a un costo aproximado de US$ 2.700 millones. Pero el proyecto no tuvo inmediata luz verde por parte del kirchnerismo.
En el otoño de 2022, con los precios energéticos por las nubes, Argentina comenzó a gastar cinco veces más cantidad de dólares que en los años anteriores (2020/2021). La situación fue advertida por Federico Basualdo, en ese entonces subsecretario de Energía Eléctrica. Ese funcionario bregó por avanzar con el gasoducto. Sus argumentos habrían convencido a otros sectores “duros” del kirchnerismo, que no querían esa obra.
En Enarsa, Basualdo ya había logrado la promoción de Gerez. El funcionario santacruceño se cargó la tarea al hombro, pero tuvo que soportar “fuego amigo”. Hace más de un año -a comienzos de junio de 2022-, el ministro de Desarrollo Productivo -Matías Kulfas-. “Es IEASA (el nombre que tuvo Enarsa) con funcionarios designados por ella, quienes hacen las licitaciones. Los que no usaron la lapicera como corresponde fueron sus funcionarios de Ieasa. Ellos armaron un pliego de licitación a medida de Techint y de la chapa que el grupo fabrica en Brasil, de 33 milímetros de espesor», le hizo llegar el ministro a varios periodistas.
Cristina Fernández defendió a Enarsa. “Muy injusto y, sobre todo, muy doloroso que este tipo de ataques lo ejecuten funcionarios del propio gobierno del Frente de Todos. Lo peor de todo: sin dar la cara, en off, mintiendo y utilizando periodistas. Con errores y aciertos, siempre hablé y actué de frente. Penoso”, cruzó la vicepresidenta en Twitter. El presidente Alberto Fernández le pidió la renuncia a Kulfas.
Unos días antes de ese incidente, otro funcionario del Gobierno -Antonio Pronsato, un ex colaborador de Julio De Vido (ministro de Planificación entre 2003 y 2015)- se desvinculó de Ieasa (la actual Enarsa). Gerez pudo continuar con todas las licitaciones en tiempo, y cumpliendo los plazos comprometidos con el Gobierno, pero varias veces que parecía haber inconvenientes -como con válvulas o detalles técnicos-, en Enarsa veían la mano de Pronsato.