La Asociación Amigos del Río San Antonio denunció que el emprendimiento inmobiliario “Las Jarillas Country de Montaña”, ubicado dentro del ejido de San Antonio de Arredondo, avanza sin contar con licencia ambiental, violando así las normativas vigentes en la zona, que está categorizada como “zona roja” según la Ley de Bosques.
La zona fue duramente castigada por los incendios forestales en 2020, año en que se produjo uno de los récords de superficie quemada en la provincia.
Marcela Fernández, abogada y representante de ADARSA, confirmó a VillaNos Radio que el emprendimiento inmobiliario no solo carece de la licencia ambiental, sino que la Secretaría de Ambiente de la Provincia ya había notificado a los desarrolladores en 2023 que el proyecto no era viable. “Esta zona está protegida por la Ley de Bosques, que prohíbe este tipo de intervenciones, y la propia Secretaría de Ambiente había indicado que el terreno está en una zona no apta para su urbanización”, afirmó Fernández.
Movimientos de suelo sin autorización
Según plantearon desde la Ong, el predio ya ha sido intervenido con desmontes significativos y movimientos de suelo para la construcción de una laguna artificial.
Fernández detalló que el proyecto prevé una isla dentro de esta laguna, un hecho particularmente preocupante debido a la escasez hídrica que afecta a las poblaciones del sur del Valle de Punilla. “Es una contradicción que mientras las comunidades cercanas enfrentan problemas de agua, los desarrolladores construyan una laguna artificial”, señaló.
Venta de lotes
Fernández también planteó que la venta de lotes de este emprendimiento podría considerarse una maniobra fraudulenta, dado que el proyecto no cuenta con las habilitaciones necesarias. “Están vendiendo tierras que no pueden urbanizarse legalmente, lo cual podría considerarse un delito”, aseguró la abogada. Además, indicó que el Código de Edificación del municipio de San Antonio de Arredondo prevé sanciones y multas para este tipo de desarrollos ilegales, e hizo un llamado a las autoridades locales a tomar medidas.
“La impunidad del poder”
Uno de los aspectos más preocupantes de la situación, según Fernández, es la aparente impunidad con la que actúan los desarrolladores.
Aunque la Secretaría de Ambiente y la Policía Ambiental ya intervinieron, los trabajos continúan en el predio.
“Es evidente que hay sectores de poder que avalan este tipo de situaciones. No puede ser que pese a las notificaciones oficiales sigan adelante con la comercialización de los lotes y las intervenciones en el terreno”, denunció.
Llamado a la acción ciudadana
La abogada Marcela Fernández hizo un llamado a la comunidad a mantenerse alerta y utilizar los mecanismos de participación ciudadana, como los pedidos de información pública, para frenar este tipo de proyectos que atentan contra el medio ambiente. “Cada árbol que perdemos es agua y aire que perdemos. No estamos defendiendo solo un arbolito, estamos defendiendo nuestra calidad de vida”, afirmó.
El predio, que abarca unas 80 hectáreas de bosque, ya ha sufrido desmontes, según imágenes satelitales compartidas por la ONG en sus redes sociales. El proyecto, promocionado como un “country ecológico”, es para Fernández un ejemplo claro de marketing engañoso: “Lo que menos tiene de ecológico este proyecto es su impacto en el ambiente”, sentenció.
ADARSA continuará presionando a las autoridades para que tomen medidas efectivas y se restauren las áreas ya intervenidas. Mientras tanto, el emprendimiento sigue ofertando lotes en la zona, pese a las advertencias y la falta de licencias ambientales.