El Gobierno llamará por teléfono a los usuarios domiciliarios de energía eléctrica y gas natural que tengan tarifa social para que se inscriban en el Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (RASE) antes del 5 de agosto.
De esa forma, la administración de Javier Milei busca llegar hasta los hogares más vulnerables y procurar que persistan con la ayuda del Estado nacional para pagar las tarifas de luz y gas.
La Secretaría de Energía detectó que el gobierno anterior incluyó automáticamente en la segmentación de tarifas como «Nivel 2» (usuarios de ingresos bajos) a unos 1.700.000 hogares que tenían la tarifa social, un programa federal que depende de las provincias, sin que mediara el registro de los datos.
Dentro de poco menos de un mes, los usuarios residenciales que no completen sus datos y tengan la tarifa social perderán ese beneficio, de acuerdo a lo que establece la resolución 90/2024 de Energía, publicada en junio, y que otorga 60 días para la inscripción.
Según publicó la semana pasada el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) en su web, se inició «una campaña telefónica dirigida a usuarios de Edenor y Edesur que, por contar con tarifa social, accedieron de manera automática al subsidio correspondiente al Nivel 2 -N2- de la segmentación energética. A través de un mensaje grabado, se les indica que deben anotarse en el RASE».
«A partir de ahora, dichos usuarios (N2 sin inscripción en el RASE) deben realizar la solicitud para mantener el subsidio. Tienen tiempo hasta el 5 de agosto de 2024«, explica el ente.
Solo en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) hay 1,4 millón de usuarios con tarifa social, según los datos oficiales. Y unos 400.000 son los que cumplen con ese criterio de no haberse inscripto voluntariamente.
El Gobierno aclaró que aquellos que están empadronados no tienen la necesidad de volver a anotarse en el RASE, a menos que haya cambiado su situación de ingresos y ahora requieran de mayor protección estatal.
Las empresas de electricidad de la Ciudad son reguladas por el Gobierno nacional.
La segmentación de tarifas, afuera
La segmentación de los subsidios a las tarifas de la energía es un modelo que busca cambiar de lleno el Gobierno con la implementación de una Canasta Básica Energética (CBE) que solamente cubra las necesidades indispensables de los hogares más vulnerables.
Sin embargo, por la enorme cantidad de datos que requiere y su difícil implementación en un país que tiene a casi el 50% de su población en la informalidad laboral y tributaria, la aplicación de la CBE se viene demorando desde su fecha original de mayo a un «período de transición» que podría durar hasta fines de noviembre 2024 o mayo 2025.
En cambio, la segmentación no fue mucho menos complicada: el kirchnerismo buscó un sistema similar a ese durante 10 años -desde fines de 2011- y lo pudo implementar recién cuando, aquejado por el colapso de las reservas y la creciente inflación, ordenó políticamente el extinto Frente de Todos y le entregó la llave del Ministerio de Economía a Sergio Massa. Fue después de dos años en los que Martín Guzmán intentó convencer -sin éxito- a los laderos de Cristina Kirchner de bajar el gasto en subsidios.
Los usuarios de Nivel 2 (ingresos bajos) de la segmentación son los que perciben el equivalente a menos de 1 Canasta Básica Total -de «pobreza»- para una familia tipo, que en mayo fue de $ 851.351. Los integrantes de esa vivienda tampoco pueden tener un inmueble a su nombre ni un vehículo con menos de 3 años de antigüedad.
En caso de que los 1.700.000 hogares que busca desde el mes pasado el Gobierno -por el momento sin campañas masivas en redes o medios tradicionales- no se anoten en el registro, pasarían a estar en el Nivel 1 (ingresos altos), con un fuerte aumento en sus tarifas.
De acuerdo a un estudio de las consultoras Economía & Energía y PxQ, los usuarios de Nivel 2 en el AMBA pagan en promedio $ 21.966 por mes de electricidad, mientras que los de Nivel 1, $ 34.953. Sería un incremento de casi el 60%.