Es porque ahora tienen que pagar reaseguros al exterior con un recargo del 25%. Aseguran que subirán los precios de las pólizas.
La generalización del impuesto PAIS sobre diversas importaciones anunciada a principios de semana va sumando afectados en sectores inesperados, como la actividad aseguradora que estima que perderá unos $ 30,000 millones.
Ocurre que las compañías de todos los rubros -incluidos los seguros patrimoniales, de Vida y ART, entre otros- quedaron afectadas por una alícuota de 25% para las primas de reaseguros y pago de siniestros en el exterior.
Es decir, que en el contexto de falta de divisas, la obligación de pagar el impuesto PAIS se suma a la carga tributaria que ya tienen todas las operaciones de reaseguros y los contratos de seguros en dólares. Y dado que la mayor parte de los contratos en pesos tienen el respaldo del reaseguro, impacta directamente en el costo del seguro que finalmente paga el asegurado.
En el caso de los autos, según publicó Clarín, se prevén subas del 10% al 15% en promedio en las cuotas de los seguros, a partir de agosto.
“Obviamente, esto generará que todos estos costos adicionales incrementen el precio de los seguros que recibirán los clientes a futuro, generando más inflación, ya que estamos hablando de una devaluación encubierta que incrementa los costos en todas las cadenas productivas”, esgrimen en el sector.
Un punto delicado para las aseguradoras es el tratamiento de las pólizas previas al 24 de julio, fecha de entrada en vigencia del decreto. Es decir, la retroactividad de la medida. En las empresas dicen que los balances anuales presentados por los operadores al 30 de junio de este año no deberían verse recargados con este nuevo tributo.
“Esta situación genera que, ante la imposibilidad del propio Estado de proveer los dólares para pagar los contratos ya celebrados por el sector asegurador, le genere una pérdida inesperada y totalmente incongruente a los balances que a marzo de 2023 continúan arrojando resultados muy negativos”, continuaron las fuentes.
Otro punto conflictivo es que las aseguradoras privadas se sienten en desventaja dado que los operadores estatales de seguros (nacionales y provinciales) quedaron exentos de pagar el impuesto PAIS sobre los contratos.
Así, según las compañías, eso “atenta contra la libre competencia del sector, afectando a las empresas privadas en la suscripción de riesgos. Esto automáticamente determinará que los asegurados de grandes riesgos estén prácticamente obligados a comprar sus seguros en el Estado para evitar pagar el sobreprecio que los privados deberían incluir en el costo del seguro, explican.
Y agregan: “Este nuevo golpe a la sostenibilidad del sector asegurador, generado por un Estado que no permite a los privados cumplir con sus obligaciones contractuales, generará aproximadamente una pérdida de $ 30,000 millones, razón por la cual es imperioso que se reglamente que los contratos vigentes que no se han podido pagar por razones ajenas a los aseguradoras, sea modificado”, plantean.
Por eso, la situación llevará a las aseguradoras a pedir al Gobierno, de mínima, la exención del impuesto. Y si no lo logran, al menos que no se les cobre la retroactividad. Para eso se van a reunir la semana próxima con las autoridades de la Superintendencia de Seguros (SSS) y con el Ministerio de Economía para plantear la cuestión.
NE