En el Concejo de Representantes de Carlos Paz tomó estado legislativo un proyecto de la concejal Pia Felpeto que busca establecer los requisitos para habilitar el Servicio de Transporte Privado a través de Plataforma (STPP), como Uber, en la ciudad.
En respuesta a los profundos cambios en el sistema de transporte urbano a nivel nacional e internacional, y tras el reciente fallo del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba que insta a los municipios a regular las plataformas digitales de transporte, la concejal del bloque Juntos por Carlos Paz, presentó un proyecto de ordenanza para habilitar y controlar el funcionamiento de estos servicios en la ciudad.
El proyecto reconoce el crecimiento de la modalidad de transporte privado por plataformas como una respuesta a la crisis del transporte público y a los cambios en las formas de movilidad urbana. En línea con las normativas ya aprobadas en ciudades como Villa Allende y Río Cuarto, y teniendo en cuenta los avances tecnológicos globales, la propuesta busca establecer un marco normativo claro que garantice tanto la legalidad del servicio como la seguridad de los usuarios.
“No caben dudas de que Uber y otras plataformas suponen un fenómeno mundial que desafía el transporte público tradicional. Ya sea que entendamos que se trate de un servicio público o de un sistema privado, el interés público comprometido en su prestación justifica plenamente las potestades de control que tiene el Municipio.», expresó la concejal Pía Belén Felpeto.
«Si los municipios no abordamos esta problemática de forma urgente, regulándola de forma expresa —por más controvertidas, problemáticas o polémicas que sean las regulaciones— dejaríamos de cumplir con nuestra obligación de regular la convivencia social.»
La ordenanza plantea requisitos específicos para la habilitación de los vehículos, conductores y empresas responsables de las plataformas, incluyendo la documentación legal, seguros, condiciones técnicas de los autos y antecedentes de los choferes. Además, se prevé que la autoridad de aplicación sea la Secretaría General y de Vinculación Institucional.
“Estamos ante una realidad que ya no se puede ignorar. La gente necesita soluciones de transporte eficientes, modernas y seguras, y este proyecto apunta a garantizar eso con reglas claras y control del Estado”, añadió Felpeto.
El proyecto constituye el primer paso hacia una legislación integral sobre los STPP, dejando abierta la puerta para discutir en una segunda etapa aspectos más amplios como derechos de los usuarios, obligaciones de los prestadores y mecanismos de control.