En 2024, la Patagonia Sur enfrentó una escalada sin precedentes en los precios de los alimentos, según el informe anual del Observatorio de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB).
La Canasta Básica Alimentaria (CBA) registró un incremento del 129,4% interanual en diciembre, superando en 29 puntos porcentuales el promedio nacional. Los rubros más afectados fueron tomate al natural, arvejas y legumbres (+248,8%), carnes (+162,5%) y frutas y verduras (+144,3%), mientras que aceites y margarina (+50,9%) tuvieron aumentos relativamente menores.
El estudio, que monitorea precios en ciudades como Comodoro Rivadavia, Puerto Madryn y Ushuaia, destaca que la inflación patagónica (124,7%) superó la media nacional (117,8%), marcando una brecha del 6,9%.
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Esta diferencia se atribuye a factores logísticos, costos energéticos y dinámicas locales de demanda. Además, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) regional mostró una tendencia alcista en rubros clave como transporte, vivienda y salud, con ajustes en tarifas de servicios públicos que impactaron en el costo de vida.
La pérdida de poder adquisitivo fue otro hallazgo crítico. El Índice de Accesibilidad a la Canasta Básica Total (ACBT), que compara salarios privados con el costo de vida, alcanzó su punto más bajo en el primer trimestre de 2024, tras la devaluación inicial del gobierno nacional.
Según estimaciones del Observatorio Económico de la Universidad del Chubut, el ingreso necesario para cubrir el costo de vida en la región debería rondar entre 1.300.000 y 1.500.000 pesos, cifra lejana para la mayoría de los trabajadores del sector público y privado.
El informe concluye que la Patagonia enfrenta desafíos estructurales, como la dependencia de insumos transportados desde otras regiones y la concentración de subsidios energéticos en zonas urbanas del centro del país.
Estos factores, sumados a la inflación nacional, profundizaron las desigualdades en una región donde el gasto en alimentos representa 27,43% del IPC, frente al 23,44% del promedio argentino.
Los datos del Observatorio subrayan la urgencia de políticas públicas adaptadas a las particularidades del sur, donde la crisis económica golpea con mayor fuerza a los hogares de menores ingresos.
Frente a la crisis económica que continúa acelerándose ante el lunes negro mundial que tambaleó a la economía argentina, hay que exigir aumento de emergencia para salarios y jubilaciones. Ningún salario debería ser menor a la canasta básica familiar y ninguna jubilación puede estar por detrás de la canasta del jubilado. La dirigencia sindical ha sido cómplice de este ataque al salario y jubilaciones, es necesario imponerles un plan de lucha hasta terminar con este plan de ajuste, para que las jornadas del 9 y 10 de abril no sean un paro aislado, sino parte de un plan de lucha, que avance hacia la huelga general política, único medio para derrotar el conjunto del plan de ajuste del Gobierno, el FMI y el gran empresariado.