Joseba García, hermano de Koldo, el exasesor en Transportes que da nombre a la trama presuntamente corrupta que ha llevado a la apertura de una causa judicial contra el que fuera secretario de organización del PSOE José Luis Ábalos, tratará de desmontar este martes ante el magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente las manifestaciones que apuntan a una contratación irregular en Ineco de Jésica Rodríguez, quien mantuvo una «relación particular» con el ministro y fue »fichada’ para ser auxiliar administrativa a su servicio. La mujer jamás llegó a realizar esta función según sus propias manifestaciones en el alto tribunal.
A lo largo de su declaración, Rodríguez manifestó que accedió a este trabajo mediante una breve entrevista –antes le había mandado su currículum a Ábalos por WhatsApp-– y se mantuvo dos años cobrando mensualmente un salario de unos 1.060 euros pese a no haber trabajado nunca. Pusieron a su disposición un ordenador e incluso realizó un cursillo de riesgos laborales para ser auxiliar administrativa de Joseba, si bien este nunca le llamó y no tuvo que hacer nada.
Fuentes de las defensas han señalado a este diario, sin embargo, que las manifestaciones de Rodríguez –aunque obligada a decir verdad dada su condición de testigo– no obedecen a la realidad, y pueden demostrar que la joven sí colaboró con el hermano de Koldo en Ineco, que utilizó para ello el ordenador que se había puesto a su disposición e incluso todos los viernes hacía un reporte de su trabajo.
Según las declaraciones del propio Koldo y de Rodríguez en sede judicial, Joseba habría sido el encargado de conseguir que tanto Ineco como posteriormente Tragsatec –dependiente de la Sepi– contrataran a Jésica Rodríguez en el caso de esta última compañía pese a que la relación entre ella y el exministro había terminado.
Más diligencias y quejas del CSIF
Las manifestaciones de la joven podrían dar lugar al descubrimiento de nuevos delitos que según las acusaciones populares dirigidas por el PP obligan al juez Puente a realizar nuevas diligencias. Así lo señalaron en un escrito presentado tras la comparecencia de esta mujer, al que ha tenido acceso esa redacción, donde reclaman que se profundice tanto en la contratación de Rodríguez en sendos organismos públicos como en cómo se pagó su asistencia en los numerosos viajes oficiales habría acompañado a Ábalos durante el tiempo que duró la relación entre ambos, según sus propias manifestaciones.
Así, instan al juez a que pida a Ineco aclaraciones sobre la publicación de la vacante que acabó cubriendo JRG, cuántos candidatos hubo y con qué perfiles, además de quién la entrevistó, cuál fue su contrato de trabajo, dónde se ubicaba en el organigrama y a quién reportaba.
Por su parte, el sindicato mayoritario entre los funcionarios, CSIF, emitió este lunes un comunicado en el que exige a los responsables «depurar responsabilidades al más alto nivel» así como una investigación transparente, cuyos resultados sean públicos. Las manifestaciones de Jésica Rodríguez sobre su contratación en la administración pública también han merecido un reproche político, y los de Feijóo ya han anunciado que solicitarán la comparecencia de los ministros Óscar Puente y Luis Planas en la denominada comisión de investigación Koldo en el Senado para que den las oportunas explicaciones sobre lo ocurrido.
Joseba García también es señalado en el sumario de Koldo que se instruye de forma paralela en la Audiencia Nacional, y en el que está imputado, como un supuesto correo que se ocupaba de recoger el dinero en efectivo de las presuntas ‘mordidas’, viajando incluso a República Dominicana para ello, según informó en su día este diario.
El asesor de Montero y el hijo de Ábalos
Pero Joseba no será el único en comparecer este martes ante el instructor del caso Koldo en el Tribunal Supremo, y los titulares del día previsiblemente se los lleve, por su significación política, el jefe de Gabinete del Ministerio de Hacienda, Carlos Moreno, que acude igualmente como testigo. Según el comisionista Víctor de Aldama, considerado el líder de la trama, Moreno habría entregado a Koldo García un sobre 25.000 euros como gesto de agradecimiento tras pedirle un favor para una de sus compañías.
Según el empresario, se pidió un «favor» a Moreno para que consiguiera aplazar el embargo de una de sus sociedades, –Pilot Real Estate– porque hasta ese momento no habían podido alcanzar acuerdo alguno en ese sentido. De acuerdo con De Aldama, le dijo que «antes» tenía que hablar con su «jefa», que sería la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero.
Aldama contó que finalmente se concedió el aplazamiento del embargo, algo que se les había resistido. «En ese momento, sinceramente, no pasa nada, pero como al mes o dos meses Koldo me viene un día en una comida que tenemos y me dice: ‘Oye, tendrías que tener un detalle con Carlos, que está buscando un piso’. Y le digo: ‘No tengo ningún problema. Dime qué necesita o qué quieres y ya está'», relató.
El comisionista aseguró que se le pidieron 25.000 euros, pero surgió el problema de que ni él ni Koldo querían dárselos. «Entonces se organiza una reunión debajo del Ministerio, que hay un bar, como una reunión, quedamos a tomar un café, y Koldo le entrega el sobre a Carlos Moreno», aseguró. Koldo, por su parte, declaró en sede judicial que conocía a Moreno, pero negó que se le dieran 25.000 euros en un sobre por ese supuesto favor. No obstante, admitió ante el juez que era posible que alguna vez él y el jefe de Gabinete de Hacienda se encontraran causalmente con el empresario.
También está previsto que testifique este martes en el Supremo Víctor Ábalos, hijo del exministro que, siempre según la versión de Aldama, firmó contratos de consultoría con «determinadas constructoras» para «gestiones de obras adjudicadas en el extranjero que encubrían comisiones por adjudicaciones de obra pública en España». Los investigadores sospechan que dichos contratos serían en realidad una tapadera para el cobro de comisiones a empresarios a cambio de adjudicaciones del ministerio de su padre.
De hecho, el magistrado Puente ha encargado a la UCO que elabore un informe patrimonial tanto de Ábalos como de su hijo, un paso que el ex dirigente socialista ha recurrido al considerar que forma parte de una «causa general» para conocer su «vida y obra».
Finalmente, mañana está llamado testigo a Luis Alberto Escolano, socio de Aldama al que la UCO identifica como presunto testaferro, cuya declaración quedó pendiente el pasado jueves. Se trata del empresario que habría pagado el alquiler de 2.700 euros que JRG disfrutó entre 2019 y 2022 en un piso ubicado en la Torre de Madrid de la Plaza de España de la capital. De acuerdo con los investigadores, este empresario y sus sociedades habrían abonado un total de 82.298 euros. Otra de las citadas es una mujer que ejerció a secretaria de Ábalos.