El jueves, en el Congreso, es el día para aprobar leyes. Toda la acción legislativa de las Cortes Generales concluye su tramitación ese día de la semana, cuando la Cámara Baja da el visto bueno definitivo a las normas que ya han pasado por el Senado. Sin embargo, desde que comenzó el año, los plenos en el Congreso solo duran dos días –martes y miércoles y ni rastro de los jueves- debido a la parálisis legislativa que está provocando el pulso de Junts al Gobierno de coalición.
Sin los posconvergentes, el bloque de la investidura no tiene los números para aprobar ninguna norma. Y Carles Puigdemont hace valer sus siete diputados en cada negociación. Así, las leyes que al cierre de 2024 iban cogiendo carrerilla y que parecía que se iban a aprobar en el primer trimestre del año han quedado paralizadas y el balance legislativo de los dos primeros meses de 2025 se reduce a dos reales decretos ley, uno aprobado con los votos del PP en un pleno extraordinario y otro tras un pacto con Junts a comienzos de febrero. Sin embargo, ambos textos estaban ya pactados desde el año pasado.
Fuentes de distintas formaciones aseguran que los trabajos en la Cámara Baja están «paralizados» y que apenas hay conversaciones sobre las iniciativas que están en trámite. Aunque enero es inhábil, y se suele ralentizar el ritmo parlamentario, en los dos plenos que ya se han celebrado en febrero y en el que falta por celebrarse no se aprobará ninguna ley. Y marzo no mejorará este balance. En el Senado solo hay una norma tramitándose, la ley de prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario, por lo que es la única iniciativa que, con suerte, se aprobará el próximo mes.
Ante esta situación, varios de los socios aseguran en privado que Junts le ha tomado el pulso al Gobierno y que seguirá imponiendo sus condiciones en todas las negociaciones si el Ejecutivo no se impone. Además, hay aliados, como Podemos, que públicamente señalan que el PSOE se está escudando en los posconvergentes para no implementar algunas de las medidas que le exigen los aliados de izquierdas. Para la secretaria general de los morados, Ione Belarra, los socialistas están usando a Junts para evitar bajar el precio de los alquileres.
Las leyes olvidadas
Entre las principales leyes víctimas de esta parálisis está la reforma de la conocida como ‘ley Mordaza’. El Gobierno logró en octubre un consenso con ERC y EH Bildu, quienes impidieron su modificación hace dos años por discrepancias con el Ejecutivo, pero las enmiendas registradas por Junts han vuelto a bloquear las negociaciones. Lo mismo ocurre con la norma impulsada por varios socios del Gobierno para regular los alquileres temporales y dotar de más derechos a sus inquilinos, una iniciativa que se ha encontrado con las reticencias de los posconvergentes.
Y, además, los acuerdos que cierra el Gobierno con Junts para sacar adelante algunas normas acaban repercutiendo en las negociaciones de otras leyes. El ejemplo más claro es la reforma de la Ley de Extranjería para el reparto de menores extranjeros no acompañados entre las distintas comunidades que los posconvergentes rechazan, dado que tienen su propia negociación con el Ejecutivo para el traspaso a la Generalitat de las competencias en materia de inmigración. Por medio está también la iniciativa legislativa popular para legalizar a medio millón de migrantes que, tras varias reuniones de la ponencia, se ha quedado estancada.
Escenario complejo
Cuando Pedro Sánchez logró su investidura de la mano de un heterogéneo bloque que incluye partidos situados a su izquierda y derecha, en noviembre de 2023, los colaboradores del presidente del Gobierno ya anticiparon este escenario, que esta iba a ser una legislatura con «pocas leyes«. Frente al anterior mandato, en el que el Ejecutivo de coalición progresista logró sacar adelante nada menos que 215 iniciativas en el Congreso de los Diputados, el actual se prefiguraba entonces mucho más complicado. 2024 fue, por lo pronto, el año con menos leyes desde que Sánchez está en la Moncloa.
Aun así, los socialistas argumentaban que esta vez se trataba de «consolidar» los avances logrados en los cuatro años previos, y al mismo tiempo depositaban su confianza en una frase del pacto suscrito con Junts, en el que los posconvergentes apostaban por la «estabilidad de la legislatura». No ha sido así. Ahora, la relación se encuentra en un momento complicado. Junts, que ha ensanchado su distancia con Sánchez a raíz de la decisión del Tribunal Supremo de no aplicar la amnistía al ‘expresident’ de la Generalitat, defenderá en el Pleno del martes que viene una proposición no de ley en la que reclama que el presidente se someta a una cuestión de confianza para comprobar si cuenta con el apoyo de la mayoría de la Cámara baja.
Los socialistas empiezan a dar por hecho que la iniciativa será aprobada al día siguiente con los votos de Junts, el PP y Vox, en una nueva pinza entre la derecha catalana y la española. Pero insisten en que carece de fuerza jurídica, al ser no de ley y tener la cuestión de confianza la condición de prerrogativa exclusiva del presidente. Creen que no supondrá un punto de inflexión en el convulso mandato de Sánchez. Sin embargo, mantienen la esperanza de sellar tarde o temprano un acuerdo sobre el traspaso de la inmigración (las conversaciones siguen encalladas en el papel de los Mossos d’Esquadra en el control de las fronteras) que permita volver a recomponer los puentes con el partido independentista y pisar el acelerador legislativo.
Mientras tanto, las posibilidades de aprobar el proyecto más importante de todos, los Presupuestos Generales del Estado de este año, que le permitirían al jefe del Ejecutivo blindar la legislatura y llevarla sin grandes problemas hasta finales de 2027, parecen cada día más lejanas. Pero pase lo que pase, subrayan fuentes de la Moncloa, el adelanto electoral «no está encima de la mesa«. Según su relato, la ausencia de cuentas públicas en 2025 no supone «ningún drama», porque las de 2023, que siguen en vigor, son lo suficientemente «expansivas» como para adaptarse sin problemas al contexto actual. La prueba, concluyen, es que España está batiendo récords de empleo y creciendo muy por encima de la media europea.