La Junta de Personal Docente no Universitario de Córdoba ha aprobado, en su reunión de este trimestre, un acuerdo en el que alerta de las deficiencias en la implantación de la nueva Formación Profesional Dual en Andalucía, que, según denuncia, continúa sosteniéndose en gran medida gracias al sobreesfuerzo del profesorado y de los equipos directivos, sin contar con recursos suficientes ni una planificación adecuada.
El órgano señala que el actual modelo está generando una creciente carga burocrática que «dificulta el funcionamiento normal de los centros y resta tiempo a la atención directa del alumnado». En este sentido, subraya especialmente la situación de las personas coordinadoras de FP Dual, cuya labor -que incluye organización interna, contacto y seguimiento con empresas, gestión documental, resolución de incidencias y supervisión de procesos- «excede claramente el tiempo reconocido». Aunque se ha anunciado un incremento horario para el curso 2026-2027, la Junta de Personal Docente considera que resulta insuficiente y reclama una ampliación que se ajuste a la carga real de trabajo.
Asimismo, el acuerdo pone el foco en la necesidad urgente de regular la tutoría dual docente. Según recoge el documento, esta labor no se limita al periodo en el que el alumnado se incorpora a la empresa, sino que comienza desde el inicio del curso con tareas de planificación, coordinación y preparación documental. Por ello, se exige que estas funciones sean reconocidas expresamente como tiempo lectivo dentro del horario del profesorado.
Otro de los aspectos críticos señalados es la excesiva burocratización del sistema, especialmente en lo relativo a la formación en empresa y a los procedimientos para solicitar la apertura de nuevos ciclos o cursos de especialización. Esta situación, advierten, multiplica los trámites administrativos y desvía recursos humanos que deberían destinarse a la labor educativa.
Crecimiento de la privada
En paralelo, la Junta de Personal manifiesta su preocupación por la evolución de la oferta de Formación Profesional en Andalucía, donde se detecta un crecimiento mucho mayor de la red privada frente a la pública. En los últimos cinco cursos, las unidades de FP privada han aumentado un 76,12%, frente al 29,82% de la pública, mientras que el alumnado matriculado ha crecido un 66,04% en la privada y solo un 17,11% en la pública, según sus datos. Este desequilibrio, señalan, «supone un riesgo para la equidad, la cohesión territorial y la igualdad de oportunidades».
A ello se suma la dificultad de los centros públicos para acceder a plazas de formación en empresas, en contraste con la mayor facilidad de la oferta privada para cerrar estas incorporaciones, lo que «debilita el papel de la FP pública como instrumento de inclusión social y promoción profesional».
El acuerdo también recoge la preocupación por el posible cierre de ciclos formativos destinados a alumnado con necesidades educativas especiales, como el de cocina y restauración del IES Aréjula de Lucena. Según denuncian, la intención de la Administración sería eliminar progresivamente este tipo de enseñanzas, lo que supondría una pérdida de recursos y plazas, además de un retroceso en materia de inclusión.
Ante esta situación, la Junta de Personal Docente ha acordado trasladar a la Delegación Territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de Córdoba la necesidad de instar a la Consejería a reforzar de manera decidida la FP pública andaluza, priorizando la creación y mantenimiento de unidades en centros públicos allí donde exista demanda real y evitando un crecimiento desequilibrado de la oferta privada.
Entre sus reivindicaciones, el profesorado reclama un aumento efectivo de las horas de coordinación de la FP Dual, la regulación de la tutoría docente como tiempo lectivo desde el inicio del curso, y la puesta en marcha de un plan de acompañamiento institucional permanente que incluya formación, asesoramiento y apoyo en la gestión de convenios con empresas.
Asimismo, exigen que se reconozca el valor pedagógico y social de las aulas de Formación Básica Específica y se garantice su continuidad, reforzando los recursos humanos y materiales necesarios. «Defender estos ciclos es defender una inclusión auténtica, basada en la accesibilidad y el respeto a la diversidad», subraya el acuerdo aprobado.