Automotores Orletti: el centro clandestino del terror que operó como engranaje clave del Plan Cóndor durante la dictadura

Según explicó Emilio Vanhoutte, trabajador del hoy espacio de memoria, a Ámbito: “El lugar nunca se llamó Orletti, sino que el nombre con el que quedó se da gracias a que es un uruguayo el que descubre este lugar, quien lo localiza, llamado Rodríguez Larreta Piera».

Según él, se trató de «un periodista, que le saca una foto al cartel cuando lo localiza y quiere leer Automotores Orleti, pero el cartel decía Automotores Cortel”.

Según se conoce, en ese lugar también fueron mantenidos en cautiverio al menos seis niños pequeños, quienes habían sido secuestrados junto con sus padres. Se trata de Sandro, Leonardo y Tania Soba, Anatole y Victoria Julien Grisonas y Mariana Zaffaroni.

La mecánica del horror

El funcionamiento del centro clandestino combinó precisión operativa y brutalidad. Los vehículos con detenidos ingresaban tras la señal radial “Operación Sésamo”, que habilitaba la apertura de una cortina metálica desde el interior.

Del otro lado, los secuestrados eran alojados en un espacio dividido por telas, sobre un suelo de cemento frío, cubierto de grasa y tierra. Entre chasis y restos de autos, algunos pertenecientes a las propias víctimas, comenzaba el circuito de tortura.

Se estimó que alrededor de 300 personas pasaron por el lugar. Muchas permanecieron desaparecidas. Otras sobrevivieron para dar testimonio, entre ellas, figuras como Luis Brandoni y Martha Bianchi, quienes relataron su paso por ese espacio.

El ensañamiento alcanzó también a familiares de militantes políticos. En Orletti, por ejemplo, se aplicaron tormentos contra Carlos y Manuela Santucho, hermanos de Mario Roberto Santucho, dirigente del PRT-ERP.

Los testimonios reconstruyeron un régimen de cautiverio marcado por el aislamiento absoluto y la incomunicación total durante períodos prolongados. Las víctimas permanecían encapuchadas o tabicadas, con las manos atadas y con una movilidad severamente restringida.

A esa situación se sumaban los golpes constantes, las amenazas permanentes por parte de los custodios y un hostigamiento verbal continuo, atravesado en muchos casos por contenidos discriminatorios y prácticas sistemáticas de humillación. Todo esto se desarrollaba bajo una incertidumbre permanente sobre el destino final y la amenaza constante de nuevos tormentos físicos.

Las condiciones materiales de detención profundizaron ese cuadro. La alimentación resultó escasa o directamente inexistente, mientras que la higiene se mantuvo en niveles deplorables, con acceso limitado o nulo a sanitarios para necesidades básicas.

Los detenidos no contaban con posibilidades de asearse, carecían del abrigo necesario frente al frío extremo del lugar y, en numerosos casos, fueron expuestos a la desnudez forzada. Tampoco recibieron atención médica ni medicación, incluso cuando presentaban heridas derivadas de las torturas y de la violencia ejercida durante los secuestros.

En ese mismo contexto permanecieron cautivas al menos dos mujeres en avanzado estado de embarazo: María del Carmen Pérez y María Claudia García Iruretagoyena de Gelman, quienes atravesaron esas condiciones extremas mientras cursaban sus gestaciones.

Entre los casos más emblemáticos figuraron los denominados “tambores del río Luján”, donde un grupo de prisioneros fue arrojado en recipientes metálicos en octubre de 1976.

Orletti y el engranaje del Plan Cóndor

La relevancia de Automotores Orletti excedió su rol como centro clandestino argentino. Su función central fue articular la represión a escala regional.

“Su rol fundamental fue traer a secuestrados por lo que fue el plan Cóndor”, explicó Vanhoutte. Y detalló: “eran en general, además de argentinos, de otros países los secuestrados de, por ejemplo, Uruguay, de Chile, de Bolivia, de Paraguay, de Brasil, de Perú”.

En ese esquema, agentes extranjeros operaron dentro del propio centro. “En este mismo lugar había ejército uruguayo, ejército chileno, según el momento, y eran quienes decidían qué sucedía con los secuestrados de ese origen”, señaló.

Incluso, la presencia internacional alcanzó a organismos de inteligencia global. “Acá hubo un agente de la CIA llamado Michael Towel que vino a interrogar a diplomáticos cubanos”, agregó.

El funcionamiento fue claro: los exiliados políticos que habían buscado refugio en Argentina fueron localizados, secuestrados y devueltos a sus países de origen o eliminados en territorio argentino. La coordinación incluyó interrogatorios, extorsión, robo y desaparición.

Un circuito represivo y el cierre del Orletti

Orletti no operó de forma aislada. Formó parte de un circuito que incluyó otros centros clandestinos.

Antes, funcionó una base en la calle Bacacay, que operó entre marzo y mayo de 1976. Ese sitio fue desmantelado tras el secuestro y asesinato de los políticos uruguayos Germán Michellini y Héctor Gutiérrez Ruiz.

Luego, el circuito continuó en la base Pomar, en Nueva Pompeya, activa entre febrero y agosto de 1977.

“Fue parte del circuito represivo, también manejado por Aníbal Gordon”, explicó Vanhoutte, quien subrayó la continuidad operativa entre estos espacios.

Pero el funcionamiento de Orletti terminó abruptamente. El 3 de noviembre de 1976, dos secuestrados lograron escapar: José Morales Hijo y Graciela Vidagliac.

Ese episodio generó temor a repercusiones internacionales y derivó en el desmantelamiento del centro clandestino.

“La justicia determinó que el 3 de noviembre del 76 el lugar deja de funcionar”, precisó Vanhoutte.

De centro clandestino a espacio de memoria

Décadas después, la reconstrucción judicial permitió avanzar sobre los responsables. En 2011, se dictaron condenas por secuestros, homicidios y delitos de lesa humanidad vinculados a este centro.

Entre las víctimas estuvieron Gustavo y Ricardo Gayá, Marcelo Gelman, Dardo Zelarayán y Ana María Pérez, quien estaba embarazada de nueve meses.

El lugar fue recuperado por el Estado en 2008, tras una ley de expropiación sancionada en 2006 por la Legislatura porteña. Desde entonces, funciona como espacio de memoria, con visitas guiadas y actividades educativas.

“La importancia de que estos lugares sigan abiertos tiene que ver con que se cuente lo que sucedió para que no se vuelva a repetir”, afirmó Emilio Vanhoutte, quien se encarga de realizar las visitas guiadas en el lugar.

El sitio también mantiene valor judicial. “Los jueces de las causas de lesa humanidad necesitan que estos lugares sigan abiertos porque son lugares de pruebas”, explicó.

Negacionismo y disputa por el sentido

En el presente, el espacio enfrenta nuevos desafíos. Según relató Vanhoutte, creció la circulación de discursos negacionistas o justificadores del terrorismo de Estado.

“Nos han dicho profesores que algunos estudiantes llegan con frases negacionistas, pero cuando recorren el lugar y ven las marcas, se quedan sin palabras”, señaló.

El testimonio material del lugar, sus paredes, su estructura, su historia, funciona como evidencia frente a esos discursos.

En el imaginario social, Automotores Orletti condensó una de las expresiones más crudas del terrorismo de Estado: la combinación entre violencia sistemática, clandestinidad, inteligencia y coordinación internacional.

Su historia no solo narró el funcionamiento de un centro de detención, sino también el despliegue de un sistema represivo que atravesó fronteras y convirtió a Argentina en pieza clave del Plan Cóndor.

Hoy, ese mismo espacio intenta cumplir otra función, la de sostener la memoria, interpelar el presente y evitar que aquello que ocurrió vuelva a repetirse.