La escenografía era la de las grandes ocasiones, y los rituales idénticos, pero faltaba algo, seguramente convicción en lo celebrado. El 13 de la calle Génova en Madrid volvió a ser otro lunes poselectoral un hervidero de cámaras y micrófonos para captar al paso a los numerosos dirigentes, incluidos presidentes autonómicos y líderes territoriales, que llegaban a la sede central del Partido Popular (PP) para la reunión de la Junta Directiva Nacional del partido. Como ocurrió el 22 de diciembre pasado, al día siguiente de las elecciones en Extremadura, el vestíbulo principal se llenó de gente para recibir con una estruendosa ovación al ganador de las elecciones, hace dos meses María Guardiola, ahora Jorge Azcón.
Todo como paso previo a una reunión interna que como siempre se inició con el discurso de Alberto Núñez Feijóo, en abierto, para luego apagar las cámaras y celebrar a puerta cerrada una reunión en la que, en esta ocasión, apenas tomaron la palabra, además del líder del partido y el propio Azcón, el presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco -el próximo en batirse el cobre en unas elecciones, las que tendrán lugar el próximo 15 de marzo- y también la presidenta de la Comunidad de Madrid y líder del PP madrileño, Isabel Díaz Ayuso.
Naturalmente, a Pedro Sánchez le debieron pitar los oídos un buen rato, aunque nada que pueda sorprender a estas alturas de escalada verbal, en público y en ámbitos más reservados, en la política española. Si bien Feijóo les dejó claro a sus compañeros, tirando incluso de alguna cruda metáfora médica, hasta qué punto ve acabada la etapa del líder socialista en la Moncloa.
Pero además de eso, Feijóo dejó varias cargas de profundidad, unidas a las que había expresado ya en su discurso con cámaras delante, donde pidió «responsabilidad» a Vox para llegar a acuerdos y reflexionó en voz alta sobre la situación del PP con respecto a la extrema derecha: «Quizás no somos el mejor desahogo inmediato para el enfado, pero sí somos los únicos que pueden y queremos repararlo».
Todo ello después de unas elecciones en las que no solo Vox obtuvo un notable 17%, sino que el antisistema Alvise Pérez, con su marca Se Acabó la Fiesta, recabó casi el 3% de los sufragios, quedándose a muy pocos apoyos de obtener representación en las nuevas Cortes de Aragón. Dicho de otra manera: uno de cada cinco aragoneses que se acercó el domingo a un colegio electoral optó por una papeleta de lo que el PP considera fruto de un gran motor electoral, el «cabreo con Sánchez», algo que, admiten, también les afecta, o al menos, explican, «otros lo han capitalizado mejor».
Perplejidad e impotencia
La reunión de la Junta Directiva se desarrolló bajo esa perplejidad o «impotencia», según la describen algunos dirigentes del partido que la vivieron desde dentro. La de saber que poco se puede hacer ante el «tsunami» de Vox. Baste analizar que Guardiola hizo un tipo de campaña en diciembre, particularmente esquiva con los medios y con los debates televisivos, y Azcón ha protagonizado otra, en ese terreno radicalmente distinta, y de nada ha servido a efectos prácticos, desde el punto de vista de la dependencia de Abascal.
En el PP extremeño, no obstante, ejercen ahora una cierta reivindicación de lo que fue su resultado, con más de un 40% en la región más sociológicamente de izquierdas de España, y que incluso fue minusvalorado en su momento por algunos sectores de la derecha. Pero de cara al futuro la perplejidad e impotencia son parecidas en todos los territorios. Los que ya necesitan el apoyo de Vox empiezan a detectar que este partido no lo quiere, y los que están calentando ya para las próximas citas electorales ven peligrar, caso de Andalucía, una mayoría absoluta, la obtenida por Juan Manuel Moreno en el año 2022, que parece difícil reeditar con un Vox tan disparado en apoyos.
El diagnóstico compartido es culpar al PSOE de haber «engordado» a Vox y la esperanza paradójica es desear que los socialistas hayan tomado nota y rectifiquen esa supuesta actitud. «Esto solo lo para el que lo empezó, Moncloa», se llega a oír entre miembros de esa Junta Directiva Nacional.
En este ambiente enrarecido, como también lo describen quienes asistieron a la reunión, hubo incluso cierto tirón velado de orejas de Feijóo hacia los responsables de la formación en el nivel más cercano al ciudadano, el municipal, ya que según argumentó, cuando hay elecciones es todo el partido el que debe remar a favor de obra, y no solo los dirigentes más concernidos por cada elección o los que figuran en las listas electorales. «Ha dicho que no es lo mismo ir con toda la energía que ponen los alcaldes en unas elecciones autonómicas que ir solo, a pulmón. Yo creo que en parte la tenía guardada de lo que ocurrió en 2023, la diferencia entre las municipales y las autonómicas de mayo y las generales de dos meses después», explican fuentes populares.
Pese a todo, Feijóo trató de animar a los suyos. Primero, reiterando su convencimiento de que Sánchez vive un claro fin de ciclo, y segundo dejándoles claro a los suyos que no deben de estar tan preocupados por el crecimiento de Vox. Algo que ejemplificó en primera persona, al recordar que en las citadas elecciones de 2023, «con cuatro diputados más de Vox, yo hubiera sido presidente del Gobierno».
Un soplo de aire fresco discursivo que trató de mitigar en parte un estado de ánimo, el de los populares, dominado por la dificultad de hacer frente a Vox y a su discurso sin que se descosan mucho las costuras más genuinas del PP. «Cuando radicalizamos un poco nuestro discurso, o la campaña, se nos van los apoyos por la izquierda, y cuando somos más suaves se nos van por la derecha», sintetiza un dirigente ya veterano, con pasadas responsabilidades en un Gobierno autonómico. Otro se pregunta si realmente el PP está dispuesto a asumir algunos de los postulados de la extrema derecha, y concluye no sin pesadumbre que no hay recetas perfectas para combatir el auge de un partido cuya marca ahora es, junto al liderazgo de Abascal, su principal reclamo. Las cavilaciones del PP están lejos de haberse acabado, con la incertidumbre de si habrá gobierno en Extremadura y Aragón y, en el futuro inmediato, en Castilla y León y Andalucía.
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