En una nueva y tajante definición sobre el futuro de los medios estatales, el jefe de Gabinete de ministros, Manuel Adorni, ratificó el plan de «desguace» de la TV Pública. Sin embargo, sus declaraciones revelaron por primera vez la principal traba del oficialismo: la imposibilidad de desprenderse del activo en el corto plazo.
«La TV Pública no se puede privatizar porque no lo permite la ley», reconoció el funcionario en una entrevista a Infobae, admitiendo que el marco normativo actual heredado impide la transferencia a manos privadas sin el aval de una reforma legislativa profunda. Ante este escenario, Adorni fue claro sobre el rumbo a seguir: «Lo que queda es achicarla todo lo que se pueda para que no le cueste un peso más a la gente».
Cambio de nombre y batalla cultural
Como parte de esta transición, el funcionario nacional confirmó que el canal perderá su denominación actual. «El nombre ‘TV Pública’ ha sido utilizado durante años como un mecanismo de propaganda política», disparó. Según Adorni, el cambio de identidad busca «limpiar» la imagen de la señal mientras se profundiza el ajuste.
Entre las medidas inmediatas, detalló:
- Retiro de cartelería: Se dio la orden de quitar de los edificios todo material con «contenido ideológico» o referencias a gestiones anteriores.
- Fin de la marca: «Nos parece que mostrar un cambio en el nombre es un paso simbólico necesario», sostuvo.
- Reducción de estructura: El Gobierno planea llevar la planta y el presupuesto al «mínimo absoluto», transformándola en una estructura residual.
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El fantasma del cierre
Al ser consultado sobre si el achique podría derivar en la desaparición definitiva de la señal, Adorni no lo descartó: «Está la chance de cerrarla», lanzó, aunque aclaró que por ahora el foco está puesto en los retiros voluntarios —que buscan reducir un 20% de la planta— y en el congelamiento total de la producción propia.
El funcionario cerró su intervención con una frase que resume la mirada de la gestión de Javier Milei sobre el canal de Figueroa Alcorta: «No es un servicio que deban pagar los contribuyentes si no es eficiente. Para nosotros, el plan sigue siendo el mismo: privatización, venta o cierre. Mientras la ley no nos deje, solo queda el ajuste».