La justicia boliviana ha tomado de inmediato nota de cómo soplan los vientos de cambio después de la victoria electoral de Rodrigo Paz. No es la primera vez que se acomoda a la nueva relación de fuerzas políticas ni será la última. Jeanine Áñez, la expresidenta provisional condenada a 10 años de prisión por su participación en el derrocamiento de Evo Morales, en noviembre de 2019, abandonó la cárcel de La Paz después de cinco años. «Se tuvo que ir el monstruo para que yo pueda volver a la vida«, dijo en alusión a un menguante Morales que ha dejado de ser la figura determinan que, asegura, la llevó en 2020 a una unidad penitenciaria. «Jamás hubo un golpe de Estado, lo que hubo fue un fraude electoral que nos llevó a todos los bolivianos a reclamar», dijo sobre aquellos sucesos que la tuvieron como protagonista y que se condensaron en la imagen de Áñez en el balcón del Palacio Quemado, la sede del Ejecutivo, con una biblia en la mano de una de sus acompañantes.
El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ha llegado a la conclusión tras un lustro de que la exmandataria interina «no actuó con dolo, no lesionó un bien jurídico protegido, y su proceder estuvo amparado por un estado de necesidad constitucional orientado a preservar la continuidad institucional del Estado boliviano». Por lo tanto, podrá esperar en libertad el desarrollo de otras causas judiciales, entre ellas la relacionada con la represión contra las protestas tras la caída de Morales, que provocaron al menos 22 muertos. En su momento, el ministro del Interior, Arturo Murillo dijo que esas personas habían sido «asesinadas por sus mismos compañeros». El empresario se encuentra detrás de las rejas y espera también recibir un beneficio análogo al de Áñez.
«Tengan la seguridad de que lo hice con mucha convicción y con mucha buena fe porque así somos las personas decentes», dijo Áñez, de 58 años, sobre su accionar al frente del Gobierno. Áñez aseguró haber sido víctima de un «calvario de encierro injusto«. En la prisión la trataron como «a una verdadera delincuente y sin compasión alguna». Según la exsenadora, tuvo momentos en que su salud «se deterioró tanto» que padece «muchísimas lagunas mentales». A pesar de ello, «estoy fuerte de pie sirviendo a Bolivia desde donde me toque y agradecida con Dios porque me enseñó que la resiliencia es muy importante».
Como era de esperar, la Asociación de Víctimas de las Masacres de Sacaba y Senkata lamentaron la decisión judicial porque «desmerece» a los que perdieron la vida y al mismo informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que comprobó la existencia de torturas y otros delitos de Estado.
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