Hace unas horas, la sede central de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), ubicada en Belgrano, fue escenario de una importante protesta que terminó con el ingreso de decenas de familiares y prestadores de servicios, luego de que las autoridades se negaran a recibir un petitorio con sus reclamos.
La acción directa, expone la crudeza de un ajuste que utiliza como moneda de cambio la salud y la vida de las personas con discapacidad, todo para sostener el artificial superávit fiscal que pregona el gobierno de Javier Milei.
La manifestación exigía la inmediata implementación de la Ley de Emergencia en Discapacidad, que fue sancionada por el Congreso, vetada por el presidente y luego ratificada por el Legislativo. Sin embargo, el gobierno promulgó la ley y luego la suspendió indefinidamente mediante un decreto, argumentando “falta de financiamiento”. En la práctica, esto significa condenar a un sector ya venía golpeado, a un dolor mucho más profundo, con un nomenclador de prestaciones congelado desde diciembre del año pasado y pensiones recortadas.
De forma cobarde, el interventor de ANDIS, Alejandro Vilches, no solo se negó a recibir a los representantes, sino que además suspendió una reunión del directorio que iba a tratar el tema, posponiendo cualquier solución posible para después de las elecciones del 26 de octubre. Con la presión generada por el sector de discapacidad ingresando a la sede, finalmente, Vilches accedió a una reunión con los delegados presentes de ese sector, pero no ofreció soluciones concretas, solo promesas vagas, lo que hizo aumentar la indignación de la gente.
Este recorte salvaje es una política deliberadamente consciente de este gobierno. La gestión de Milei ha recortado más de 100.000 pensiones por discapacidad, aplicando un ajuste que también sufren jubilados, el sistema de la salud pública como el Hospital Garrahan, y las universidades nacionales.
La ANDIS, además, está en el centro de un escándalo de corrupción que salió a luz con los audios de Diego Spagnuolo, y que involucra a Karina Milei en un esquema de coimas institucionalizadas para la compra de medicamentos. Mientras la hermana del presidente es la encargada de montar un sistema de negociados (del cual se niega a dar explicaciones), el gobierno les cierra la puerta en la cara a quienes exigen que se cumpla la ley.
Lo sucedido en la ANDIS no es un hecho aislado. Es la expresión de un descontento social que crece a medida que la crisis económica se profundiza y el gobierno demuestra que su única prioridad es cumplir con las metas del FMI y con los pedidos de Trump, a cualquier costo social.
A menos de dos semanas de las elecciones, y donde el gobierno pretende hacer gastos millonarios (equivalentes a lo necesario para la aplicación de esta ley), y así limpiar la cara del narco de Espert de las boletas, la bronca acumulada por el ajuste encuentra cauce en la movilización directa. La lucha por la plena implementación de la Ley de Emergencia en Discapacidad es, hoy, otra batalla más contra un gobierno que gobierna para los mercados y en contra de los derechos más elementales de la mayoría trabajadora.