Pese a las soluciones que se fueron aplicando a largo de los años, la industria del juicio se resiste a dar vuelta la página. El sector seguros es uno de los que está envuelto en esta paradoja: cada vez hay menos siniestros, pero a la vez la judicialización de los reclamos viene en alza.
El tema está en la agenda de las empresas. A tal punto que la Unión Industrial Argentina (UIA) sacó un comunicado en el que destacan que el stock acumulado de nuevos juicios en 2024 alcanza los 81.709. Solo en agosto se abrieron 13.700 nuevos denuncias, un aumento de 12,3% contra el mismo mes del año pasado, mientras que en contraste con el acumulado de 2023 el incremento representa un 5,8%.
Mientras esto ocurre, «los índices de siniestralidad se encuentran en mínimos históricos como producto de los esfuerzos que realiza el sector empleador, trabajador y gubernamental para minimizar la incidencia de los factores de riesgo mientras que los juicios aumentaron un 25%».
«A pesar de la disminución constante de accidentes y de los fallecimientos en el ámbito laboral, los reclamos judiciales no dejan de crecer. Una paradoja difícil de explicar: menos siniestros y mejores servicios y más beneficios, pero cada vez más juicios», apunta Mara Bettiol, presidenta de la UART.
Las Administradoras de Riesgos de Trabajo (ART) están vigentes desde hace 28 años y dan coberturas a los accidentes que ocurren en el ámbito laboral. Todas las empresas están obligadas a contratar a una ART que será la que responda cuando ocurra un siniestro.
«Es un sistema que ha demostrado en muchas oportunidades que da respuesta. Tiene muchos puntos a favor: es necesario para el desarrollo de la actividad productiva, es valorado por los trabajadores y es valorado por las empresas. Es el aspiracional de muchos trabajadores que hoy no tienen la cobertura, sea porque están en la informalidad, sea porque son trabajadores independientes. Tenemos un sistema que bajó 80% los fallecimientos, bajó casi 40% los accidentes, y también la gravedad de esos accidentes. Tenemos registros similares a los de los países desarrollados».
En comparación con otras naciones, el número de reclamos laborales por accidentes en nuestro país es llamativo. Chile tiene una siniestralidad por cada millón de trabajadores de 26,2, España de 30,6 y Argentina de 32,6. Pero, mientras Chile y España registran un índice de judicialidad de 5,8 y 9,5 respectivamente, en Argentina ese índice trepa a 114,2.
El eje del conflicto es que el sistema judicial beneficia la litigiosidad, en parte porque los peritos que deben certificar cuál es el daño que sufrió el trabajador muchas veces inflan los montos porque sus haberes son un porcentaje del resultado final.
Bettiol destaca que resolver el tema es fundamental para bajar los costos, mejorar la competitividad y generar más empleo. Desde las aseguradoras marcan que quien tiene la clave para resolver esta paradoja es el poder judicial.
La ley 27348/17 de Reforma del Sistema establece que en cada poder judicial de las provincias adheridas debe haber un Cuerpo Médico Forense, integrado por profesionales elegidos por concurso, que cobren honorarios por acto médico y no como porcentaje del monto de la sentencia. «Es necesario que utilicen adecuadamente el Baremo de la Ley (tabla de medición de incapacidades) para determinar los daños sufridos», señala Bettiol.
Por el momento, la única provincia que constituyó el cuerpo médico forense fue Mendoza. «Esperamos que los poderes judiciales de cada distrito actúen y que el resto de las provincias y CABA constituyan los cuerpos forenses a la brevedad». Pero en los hechos eso no se resuelve y la judicialización aumenta.
Tres millones de accidentes al año
En Argentina hay 192 aseguradoras, entre ellas 22 ART. Gustavo Trías es el presidente de la Asociación Argentina de Compañías de Seguros. «Hoy hay 15 millones de vehículos asegurados con una frecuencia de accidentes cercana al 25% anual. O sea que el 25% de esos vehículos tienen un accidente o entre sí o contra otra cosa. Estamos hablando casi de 3 millones de accidentes por año. Y solo llegan a juicio el 1,6% de esos accidentes».
El ejecutivo precisa que hoy el stock vinculado a accidentes de autos es de 200.000 juicios. De éstos, 25.000 se refieren a transporte público de pasajeros.
De los tres millones de accidentes anuales, solo el 5% genera lesiones. «Gran parte de todos esos siniestros se resuelve en la etapa administrativa, que es cuando alguien se presenta a una compañía y le hace el reclamo, solo o con un abogado, pero se resuelve en esa instancia», dice Trías.
Del total de las lesiones que se generan el 5% llegan a mediación, se resuelve el 68% y lo que no se resuelve, va a un juicio. «Menos del 1,5% de los siniestros que ocurren que termina el juicio. En términos de volumen no es relevante. Ahora, en términos de costos, sí lo es», agrega Trías.
La relevancia se centra en que los casos que llegan a juicio requieren más gastos en investigación y más pericias. A esto se suman la carga de los intereses o las tasas de ajustes que suelen aplicar los distintos juzgados. «Eso también es un grave problema que genera incertidumbre en la actividad. Lleva a una descapitalización del sistema, genera compañías de seguros más débiles o con necesidades de inversión de capital «, remarca Trías.
Eduardo Felizia, presidente de la Asociación de Aseguradores Argentinos, destaca que «el mercado tiene un índice de solvencia razonable, con un cumplimiento bueno y con gran profesionalismo de las empresas. Necesitamos el acompañamiento del poder legislativo y del judicial para bajar la litigiosidad».
«Si bajan los costos judiciales y los impuestos podrían bajar las primas. Es incomprensible que se aplique el IVA en seguros. Y a eso hay que sumar los impuestos provinciales y municipales que encarecen aún más las pólizas», sostiene Felizia.
«Si la inflación llegara a niveles de un 20% o 15% anual con tendencia hacia la baja, la actividad económica mejoraría y la actividad nuestra sería mucho más segura, más eficiente, con empresas más solventes y de cumplimientos más rápidos y mejores. El sector nuestro está subdesarrollado en parámetros internacionales, estamos en menos de la mitad de lo que representa la actividad aseguradora en cualquier lugar del mundo. Nuestro número es de alrededor de 2% del PBI, debería como mínimo duplicarse lo que significaría un desarrollo de los productos, el empleo y mayor recaudación de impuestos», profundiza Felizia.
En ese sentido el Presidente de la UIPBA, Martín Rappallini, afirma: “Periódicamente recibimos casos de PyMEs que nos piden asistencia legal porque se enfrentan a juicios por indemnizaciones impagables y se ven obligadas a cerrar sus puertas. Esa litigiosidad lo único que hace es atentar contra la generación de empleo, las pequeñas y medianas empresas lo piensan una y mil veces antes de contratar colaboradores”.
El problema de la litigiosidad será debatido en los próximos días en dos congresos. Por un lado el Comité Asegurador Argentino realizará la Cumbre Aseguradora Argentina el 8 de octubre, entre 9 y 13 hs, en el auditorio San Agustín de la Universidad Católica Argentina. Alicia Moreau de Justo 1300, CABA. Allí disertarán los principales referentes del sector junto con el economista Ricardo Arriazu.
Además, los industriales abordarán distintas alternativas para estimular la creación de empleo en el sector en “Somos Industria”, el evento que organizan conjuntamente la Unión Industrial de la provincia de Buenos Aires (UIPBA) y la Asociación de Industriales de la Provincia de Buenos Aires (ADIBA), del 2 al 3 de octubre.
“Estamos analizando la reglamentación del capítulo laboral de la Ley de Bases, es fundamental que haya un marco regulatorio orientado a desincentivar la litigiosidad en todas sus versiones”, concluye Rappallini.