La Fiscalía General del Estado ha destapado la caja de los truenos al revelar, en su memoria anual, diversos fallos en las pulseras antimaltrato. Especialmente, un error en el traspaso de datos entre las empresas adjudicatarias de la gestión de los dispositivos que provocó, en 2024, una «gran cantidad» de absoluciones y sobreseimientos provisionales. Durante unos meses, la falta de datos hizo que no se pudiera corroborar si los agresores habían trasgredido las órdenes de alejamiento en los juicios por quebrantamiento de condena.
Según Igualdad, el problema se subsanó, los dispositivos «funcionan correctamente», los errores no afectaron a la seguridad ni a los juicios por violencia de género, y tampoco hubo excarcelaciones. Pero la polémica ha puesto en el centro de la diana a la ministra de Igualdad, Ana Redondo, y a las propias pulseras. Se trata de un sistema pionero para vigilar a agresores machistas que no están en prisión pero que sufre errores y fallos, como falsas alarmas o problemas de cobertura, a los que durante meses se sumó el apagón de datos destapado ahora por la Fiscalía. El PP y Vox exigen, por ello, la dimisión de la ministra.
Pese a las explicaciones de esta, la polémica está dejando dudas en el aire, una guerra soterrada entre Gobierno, fiscalía y el CGPJ, y varios bulos y desinformaciones. Esto es lo que se conoce hasta ahora del escándalo en torno a las pulseras antimaltrato:
El Ministerio Fiscal, en su memoria anual, revela que varias fiscalías han reportado una «potencial desprotección de las víctimas» en el control de las penas y medidas cautelares de alejamiento, debido al «cambio de prestatario y la nueva adjudicación del servicio» llamado Cometa, al no poder disponer de la información anterior al 20 de marzo de 2024, lo que, según el escrito, ha provocado «una gran cantidad de sobreseimientos provisionales o fallos absolutorios». El error se produjo en el traspaso de la gestión de Telefónica a una UTE formada por Vodafone y Securitas, y provocó que durante unos meses –aunque nadie ha aclarado el tiempo exacto– los juzgados no dispusieran de información sobre los movimientos de los agresores. Esto no implicó fallos en el funcionamiento de las pulseras: cuando los maltratadores transgredieron la orden de alejamiento, se activó a las fuerzas de seguridad. Sin embargo, los datos se perdieron y después no se les pudo juzgar por quebrantar las medidas cautelares.
Tras conocerse la denuncia fiscal, el Gobierno ha admitido que hubo un «error informático» debido a la «migración en el cambio de adjudicatario», pero ha asegurado que «cuenta con todos los datos» y que las incidencias «técnicas» han sido solventadas. «Hemos trabajado con discreción, codo con codo con las empresas adjudicatarias, para resolver cada problema y el servicio funciona correctamente», ha afirmado este lunes Redondo.
Desde que estalló la polémica, la ministra ha dado explicaciones diarias para transmitir un mensaje de tranquilidad a las usuarias de los dispositivos de control telemático con el objetivo de disipar dudas sobre la fiabilidad del sistema. Sin embargo, no ha aclarado a cuántos procedimientos, agresores o víctimas afectó el apagón de datos. Solo ha mencionado que se trata de menos del 1% de los procedimientos por quebrantamiento de condena y que «no ha afectado a delitos de violencia de género». Redondo ha señalado además a la fiscalía por «hacer una valoración sin datos» sobre las incidencias registradas el año pasado que ha «generado alarma» y ha anunciado que en «unos meses» se licitará un nuevo contrato que incorporará «mejoras técnicas».
Tras la polémica generada, también la Fiscalía emitió una nota aclaratoria en la que asegura que las «víctimas estuvieron protegidas en todo momento porque los dispositivos funcionaron» y que el problema «se detectó de inmediato» y se puso en conocimiento de la Delegación del Gobierno contra la violencia de género. Asimismo, el ministerio fiscal afirma que «la mayoría» de sobreseimientos provisionales se reabrieron una vez se pudieron recuperar los datos sobre los movimientos de los agresores, por lo que sí pudieron ser juzgados.
Más allá de la pérdida de datos puntual que provocó el traspaso de la gestión entre las empresas, lo cierto es que las pulseras, desde su implantación, dan problemas que generan estrés en las víctimas, como falsas alarmas o problemas de cobertura que han sido reiteradamente denunciados por las mujeres y los especialistas. De hecho, hay mujeres que rechazan los dispositivos y comunidades autónomas en las que se utilizan mucho y otras que apenas las emplean. Es el caso de Catalunya, donde en estos momentos solo hay 80 de las 4.590 pulseras en funcionamiento, frente a las 1.635 con las que cuenta Andalucía.
La polémica también ha generado un frío intercambio epistolar entre el Ministerior de Igualdad y el Consejo General del Poder Judicial. La Delegación del Gobierno envió la semana pasada una carta al Observatorio contra la Violencia de Género del CGPJ mostrado su preocupación por la «alarma innecesaria creada» y dejando constancia de que no ha recibido ninguna comunicación oficial sobre la supuesta mala calidad de servicio. Y el Observatorio ha respondido este lunes, también mediante una carta en la que se deja constancia de que sí advirtió a Igualdad de los problemas con las pulseras, en concreto con dos informes remitidos por el presidente de la Audiencia Provincial de Granada, el 8 de enero y 21 de febrero de 2025, y con otro enviado por un órgano judicial de Galicia, el 27 de febrero. Asimismo, el CGPJ asegura que los fallos fueron tratados «de forma exhaustiva» en una reunión del pleno del Observatorio celebrada el pasado febrero y en las jornadas de los presidentes de las Audiencias Provinciales.
La polémica ha venido acompañada de la difusión de bulos, que intentan minar la credibilidad y la gestión efectuada por Igualdad. Uno de ellos, difundido por el PP en X, aseguraba que en 2024 una mujer fue asesinada porque «la pulsera del maltratador no se activó». «Ahora sabemos el posible motivo: el Gobierno ocultó durante meses que muchas pulseras telemáticas de AliExpress no funcionaban», dicen los populares. Sin embargo, Igualdad asegura que ninguna usuaria del servicio Cometa ha sido asesinada y que en el caso difundido por el PP el problema es que la mujer se dejó voluntariamente el aparato en casa. Muchas víctimas perdonan a sus maltratadores o minimizan el riesgo que sufren, de ahí q en ocasiones renuncien a llevar consigo estos aparatos que solo funcionan si usuaria y agresor los portan en todo momento, para que el sistema pueda comprobar que se cumple la orden de alejamiento.
En cuanto a la compra de los aparatos en AliExpress, han sido un sindicato policial y la expresidenta del Observatorio del CGPJ, Ángeles Carmona, quienes han inoculado esta idea, también desmentida por el Gobierno. El Ejecutivo también ha negado que una empresa israelí almacenara los datos del servicio.
Suscríbete para seguir leyendo