La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha rechazado el recurso que presentó la defensa del comisionista de la trama Koldo, Víctor de Aldama –también investigado por fraude millonario del IVA en hidrocarburos– contra la decisión del juez Santiago Pedraz de atender el requerimiento del Ministerio de Justicia para subastar ya el Ferrari F12 propiedad del empresario y otros vehículos de lujo incautados a los investigados en este procedimiento criminal cuyo valor se calcula ahora en algo más de 600.000 euros. Se trata de una cantidad muy inferior a al precio por el que fueron adquiridos.
En el caso de Ferrari, se trata de un vehículo que salió al mercado por 375.000 euros, pero que la Oficina de Recuperación y Gestión de Bienes (ORGA), dependiente del Ministerio de Justicia, valora que debe salir ahora a subasta por 24.890 euros.
La defensa de Aldama argumentaba que la decisión del Juzgado Central de Instrucción número 5 para la «realización anticipada de determinados bienes y la entrega de otros a distintas entidades financieras», acordada el pasado mes de junio, es contraria al principio de legalidad y al de presunción de inocencia del comisionista, al que se mantiene investigado en el caso hidrocarburos sin que se haya dictado aún auto de procesamiento contra él.
Los magistrados de la Sala de lo Penal Jesús Eduardo Gutiérrez, Carlos Fraile y Fermín Echarri entienden, sin embargo, que la decisión del instructor de la causa «no atenta ni vulnera el derecho a la presunción de inocencia» de Aldama, pues tiene una base legal en un precepto concreto de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, según señala el auto con fecha de este lunes al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO.
En depósito
Los bienes que se someten a la adjudicación o realización anticipada y a la entrega a determinadas entidades financieras son, según concreta la sala, «varios vehículos y ciclomotores que el recurrente manifiesta que son de su propiedad y que anteriormente fueron objeto de embargo y prohibición de disponer» por parte del juez del caso hidrocarburos. Él se ofreció a tenerlos en depósito y se comprometió a cuidarlos para que no se depreciara su valor con el tiempo, añadiendo que, en algunos casos no solo no se depreciaría, sino que aumentaría su valor.
Fachada Audiencia Nacional / Agencias
El juez, sin embargo, atendió a la petición que se realizó el pasado mes de mayo por parte Oficina de Recuperación y Gestión de Bienes (ORGA), dependiente del Ministerio de Justicia, en el que se aconsejaba tomar alguna decisión con respecto a más de una decena de vehículos de lujo incautados, de los que se decía que están en buen estado y se hacía una valoración económica conjunta que supera los 600.000 euros.
Se trata de un Jaguar E-pace, siete Land Rover de distinto modelo, un Audi A8, el mencionado Ferrari F12, un Mini Clubman y un Toyota Rav4 de los que se dice que «la propuesta económicamente más ventajosa en aras a evitar su depreciación y deterioro por el desuso, así como la acumulación los gastos de depósito, es su realización anticipada». Actuar sobre estos vehículos precisaba, en todo caso «una resolución judicial», según reconocía la ORGA en su propuesta.
Respecto a otros coches y motocicletas requisados a la trama, la oficina de activos entiende que procede ponerlos a disposición de las financieras que tienen reserva de dominio. También se refiere en este oficio el Audio A8 blindado, propiedad de De Aldama y que le fue devuelto en su día por el juez, sobre el que no procede ninguna acción.
El juez Santiago Pedraz en la Audiencia Nacional / Redacción
Riesgo de depreciación
Para la Sala, «es obvio» que los vehículos y ciclomotores, se utilicen o no, pierden su valor de tal manera que lo obtenido si se subastan ahora «va a ser mayor que en un momento posterior». La cantidad a obtener es importante para poder asegurar «la responsabilidad civil que se pudiera derivar de una posible sentencia de carácter condenatoria».
Según las investigaciones de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, en esta causa se investiga la existencia de «una especializada organización criminal que, tras lograr para Villafuel S.L. la autorización de operador mayorista en el mercado de los hidrocarburos y a través de una estructura de empresas suministradoras instrumentales, ha cometido presuntos delitos de pertenencia a organización criminal, contra la Hacienda Pública y blanqueo de capitales».
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