La Justicia determinó este miércoles revocar la posición de querellante del Ministerio de Salud de la Nación en la causa que investiga la muerte de al menos 96 personas que recibieron fentanilo contaminado como sedante en distintos hospitales y clínicas del país, confirmó Clarín.
Según la resolución judicial a la que accedió este medio, los responsables de la investigación consideraron que la revocación corresponde por la potencial posición contradictoria en el proceso del Ministerio de Salud de la Nación, ya que esgrimen no poder ignorar la posible existencia de intereses encontrados en torno al rol que funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional pudieran tener en el devenir de la investigación.
Consultados por Clarín, desde el ministerio dijeron que no estaban al tanto de esta medida y que seguían siendo querellantes.
La decisión judicial ocurre en un contexto bastante revolucionado. Por un lado, por la detención en la noche del miércoles de 10 personas ligadas a los laboratorios productores de la droga, HLB y Ramallo (entre los que se destaca Ariel García Furfaro).
Por otro, la repentina salida de funciones de Gabriela Mantecón, desde ahora ex directora del Instituto Nacional de Medicamentos (INAME), una de las “alas” de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT). Y, al mismo tiempo porque, en un documento reciente, el Ministerio Público Fiscal le indicó al juez federal Ernesto Kreplak (a cargo de la causa del fentanilo desde mayo) hacer un giro en la investigación, con miras a reforzar la búsqueda de posibles fallas, connivencias o hasta complicidades de parte de los organismos de control de los laboratorios y los medicamentos.
Así, no queda bajo la mira la propia responsable de la ANMAT, Agustina Bisio, sino también esferas superiores dentro del propio ministerio de Salud, cartera que conduce Mario Lugones, quien hace unos días viene recibiendo duros cuestionamientos -de parte de comunicadores especialmente afines al mileismo-, que le reprochan su mantenimiento en el cargo, en medio de este escándalo.
Quitado el Ministerio de Salud de su rol de querellante, quedan en ese rol, además de familiares de algunas de las víctimas, el Hospital Italiano de La Plata (el primer denunciante de muertes por fentanilo contaminado), la Municipalidad de Rosario y la provincia de Santa Fe (jurisdicción que recibió y administró la mayor cantidad de ampollas de fentanilo adulterado) y un particular: el empresario Carlos Tita, dueño de un grupo que condensa tres centros de salud santafesinos, y una de las dos personas que le vendió la droguería Alfarma al propio Ariel García Furfaro.
Fentanilo: nuevas citaciones judiciales
La Justicia tiene 24 horas para indagar a los 10 detenidos este miércoles (plazo que se podría extender como máximo hasta el viernes), y luego dispondrá de 10 días hábiles para determinar la situación procesal de cada uno. Los detenidos llegaron temprano este jueves a la alcaidía de los Tribunales Federales de La Plata y las indagatorias estaban comenzando antes del mediodía.
Mientras tanto, fuentes judiciales confirmaron que desde la semana que viene serán citadas otras siete personas -en libertad-, cifra que podría aumentar según la evolución de la investigación.
Quienes deberán declarar la semana próxima son María Victoria García (directora de Garantía de Calidad y mano derecha de los dueños), Eduardo Darchuk (jefe en Ampollas del laboratorio); Wilson Pons (ocupó un cargo de director técnico en las empresas), Dayana Astudillo Arzolidis (operaria de Ampollas); Edgardo Scwlafani (encargado de Soluciones de Grandes Volúmenes y todo lo relacionado con la dosificación de agua en los productos), Rocío del Cielo Garay (jefa de turnos de Ampollas) y Adriana Iúdica (directora de Microbiología).
Peritos, fentanilo y un bebé cordobés
Para determinar las detenciones, las indagatorias y la reorientación de la investigación con el foco puesto en los organismos de control y gestión en materia de medicamentos, el Ministerio Público Fiscal se habría basado en la consideración de que se dispone de bastante material probatorio. De hecho, se ponen en valor algunos peritajes puntuales, que la Justicia venía esperando con ansias hace días.
Por un lado, las conclusiones difundidas en el primer informe de los peritos del Cuerpo Médico Forense, que mostró que 12 de los 20 primeros casos analizados reflejan muertes con una relación concasual o indirecta (pero confirmada) con las bacterias infiltradas en el fentanilo.
Por otro lado, toman en cuenta las valoraciones del análisis de los registros de producción de HLB que realizó el ANLIS-Malbrán, para robustecer (o afinar) otro semejante que había hecho la -ahora más observada que antes- ANMAT.
En esta suerte de auditoria del llamado batch record de HLB-Ramallo, los expertos del Malbrán encontraron la concurrencia de varias malas prácticas de manufactura de parte de los laboratorios.
El tercer peritaje que se puso en valor en las últimas horas es mucho más novedoso. Se trata de un informe que es resultado de una querella en particular: la del caso de Giovanni, el bebé que nació en la Clínica Vélez Sarsfield de la capital cordobesa, y que está por cumplir sus primeros cuatro meses de vida sin haber jamás salido de ese centro de salud.
Por una afección respiratoria que lo llevó a Neonatología a las pocas horas de haber nacido, le administraron fentanilo contaminado como analgésico y sedante. Sufrió una importante infección, contra la que le terminaron dando numerosos antibióticos, incluyendo alguno que ni siquiera era de uso pediátrico.
Al cierre de esta nota, Giovanni seguía en el área de cuidados intensivos de Neonatología de esa clínica. Luchaba por su vida.
AS