Buenos Aires. A poco de cumplirse el plazo que fijó el tribunal oral de la causa “Vialidad” para que Cristina Fernández de Kirchner deposite, junto con los demás condenados, el pago de 684 mil millones de pesos en concepto de decomiso por perjuicios al Estado, la expresidenta presentó un escrito junto a su defensa donde impugnó la decisión que ordenó la ejecución de sus bienes y solicitó que se deje sin efecto esa medida. Además, cuestionó el accionar de los fiscales y validó la legitimidad de su patrimonio.
El Tribunal Oral Federal (TOF) 2 había fijado como fecha límite este miércoles a las 09:30 para que los condenados por corrupción en la adjudicación de obras públicas en Santa Cruz depositaran en una cuenta judicial un total de 684 mil millones de pesos -537 millones de dólares- como una de las sanciones penales por las maniobras de defraudación a la Administración Pública.
Este martes, la exmandataria presentó junto a sus abogados Carlos Alberto Beraldi y Ary Llernovoy un escrito para responder a la intimación del TOF respecto a la sentencia que ordenó el pago “bajo expreso apercibimiento de ejecución de los bienes que sirvan a esos fines”. En simultáneo, los defensores también interpusieron un recurso de casación ante los jueces Diego Barroetaveña, Mariano Borinsky y Gustavo Hornos donde impugnaron el monto del decomiso y solicitaron que se declare la nulidad absoluta de la sentencia que lo calculó.
Para Fernández de Kirchner, los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola, que elaboraron un listado de sus bienes y los de sus hijos, al igual que los de Báez y el resto de los otros condenados a los efectos de ser ejecutados si incumplen la orden de pagar, “omitieron llevar a cabo una investigación patrimonial que permita probar, con el grado de certeza necesario para imponer una sanción penal, cuáles son los bienes que son encuadrables bajo la tipología prevista en el art. 23 del Código Penal”.
Y precisó: “la conducta de los fiscales impidió que en la sentencia se llevara a cabo una determinación precisa de cuáles son los bienes que pretenden ser decomisados, por haberse probado que constituyen los instrumentos, el producto o el provecho del delito por el que se dictó condena”
“Sentado cuanto precede -aclaró la expresidenta-, de conformidad con los términos fijados por la ley y los criterios jurisprudenciales (…), debo manifestar que no tuve ni tengo en mi patrimonio cosas que hayan servido para cometer el hecho enjuiciado en autos, ni tampoco bienes o ganancias que resulten el producto o el provecho del referido episodio, y por ende sean decomisables. En otras palabras, no tengo ‘bienes que sirvan a esos fines’ y que consecuentemente puedan ser ejecutados (…)“.
Y destacó: “Lejos de ello, toda mi evolución patrimonial, al igual que la del resto de la familia Kirchner, resulta absolutamente legítima.
Según remarcó la exmandataria en uno de los párrafos del escrito de 28 páginas presentado ante el tribunal: “debo ser la persona que más veces fue denunciada e investigada a lo largo de la historia argentina. Durante este largo proceso de persecución que vengo padeciendo, y que lleva ya más de veinte años, distintas sentencias firmes demostraron el origen legítimo de los bienes que integraron el patrimonio de Néstor Kirchner y la suscripta”.
