La intervención del ministro y precandidato presidencial de Unión por la Patria (UxP) terminó de materializar un acuerdo, que puso fin a las 17.30 a la retención de tareas de los conductores de colectivos, una medida que colapsó los trenes y subtes de la ciudad y perjudicó la movilidad de miles de personas durante todo el día.
Massa anunció que el paro de colectivos se levantó
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El punto final llegó también luego de arduas negociaciones encaradas desde la mañana de este viernes por el ministro de Transporte, Diego Giuliano, y su colega de Trabajo, Raquel «Kelly» Kismer de Olmos, con los responsables de las cámaras empresarias y la UTA que dirige Roberto Fernández.
De esta manera, el servicio de colectivos empezó a restablecerse en el Área Metropolitana Buenos Aires (AMBA) y en Tucumán, Corrientes, Entre Ríos, Santa Fe, Formosa y Misiones.
El paro
El conflicto se inició luego de que la UTA dispusiera el jueves una retención de tareas por 24 horas en el servicio de colectivos, una medida que provocó un colapso en la demanda de transporte y en la movilidad de las personas.
La Ciudad de Buenos Aires mostró formaciones de subtes abarrotadas de pasajeros, una alta demanda de taxis y de otros servicios de movilidad por aplicaciones digitales y denuncias por el aumento desmesurado de las tarifas en esos servicios rentados.
La situación se complicó aún más durante la mañana de este viernes con un paro sorpresivo del ferrocarril Sarmiento, que conecta a la Capital Federal con la zona oeste del conurbano bonaerense.
Ante ello, el Gobierno nacional renovó sus cuestionamientos a las cámaras de autotransporte e insistió con que el mes pasado ya se había alcanzado un acuerdo e, incluso, se había emitido una resolución conjunta para fijar «los niveles salariales de abril, mayo y junio» de los choferes de colectivos.
La acción del Gobierno
Pasado el mediodía, con contundencia, Massa había tildado a ciertos empresarios del autotransporte de pasajeros de «parásitos del Estado que pretenden extorsionar» y dijo que tenían como único objetivo lograr que el Gobierno «les garantice la rentabilidad» de sus ganancias.
También, había calificado a la huelga de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) como «un paro extraño porque fue forzado por los empresarios».
En un tramo de ese encuentro -difundido por los medios de comunicación y plataformas online-, el ministro de Economía lamentó los padecimientos de «cuatro millones de usuarios» y convocó a las partes a la búsqueda de consensos, pero «no desde la extorsión, no con un revólver en la mesa y no tomando de rehén a los pasajeros y a los trabajadores».
«Eso no lo podemos permitir», afirmó y aseguró que la semana próxima continuarán analizando las demandas de las partes involucradas con una «mesa de diálogo» que, dijo, quedará «tendida» a partir del lunes.
Con todo, pidió «responsabilidad» a la hora de administrar recursos públicos y aclaró: «Todos tenemos que ser responsables frente a la sociedad y la retención de dinero del Estado, que es de los trabajadores, puede constituir un delito».
En tanto, el ministro Giuliano celebró los tres puntos del acuerdo: «Se levanta el paro, se paga el salario acordado en paritaria y se lleva adelante una mesa de trabajo. El diálogo es permanente».
Fuentes de Transporte precisaron que el Estado nacional abonó esta semana 27.000 millones de pesos a las empresas prestatarias del servicio, lo que significa 6.500 millones de pesos más que el mes anterior.
«Se trata de un incremento suficiente para pagar los aumentos salariales de los trabajadores y trabajadoras que deben cobrar su salario el quinto día hábil del mes», indicaron las fuentes.
Esta mañana la ministra de Trabajo también había explicado: «La Secretaría de Trabajo del Ministerio de Economía les transfirió los recursos para el subsidio para el pago de haberes. Está depositado el dinero y ellos (los empresarios) dicen que no es suficiente porque quieren que se les reconozcan mayores costos de otros rubros, por eso no liquidaron los salarios y el medio aguinaldo como se había acordado».
Olmos consideró que la retención de tareas respondía a un «lock out patronal» por parte de los propietarios de las líneas y afirmó que, en el caso del Tren Sarmiento, hay una «interna gremial de carácter jerárquico» y un sector aprovechó la conflictividad de la jornada para realizar una medida «extorsiva».
La portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti, ratificó que el Gobierno ya había transferido «todos los recursos para cumplir con la paritaria» y aseguró que el lockout patronal apuntaba a seguir «extorsionando para conseguir más subsidios y otro tipo de beneficios».
En tanto, el sindicalista Roberto Fernández culpó también a los empresarios del sector, opinó que esas compañías «quieren a los usuarios y a los trabajadores de rehenes» y aseguró que los choferes sólo aspiran a «cobrar el salario que se acordó meses atrás».
Ayer, las cinco cámaras de transporte automotor del AMBA declararon en un documento conjunto que las escalas salariales dispuestas por los ministerios de Transporte y de Trabajo de la Nación «no están homologadas y son ilegítimas».
«La UTA reclama se aplique en la liquidación de salarios incrementos dispuestos por una resolución conjunta (de ambos ministerios) que no tiene validez jurídica, dado que se impone un aumento salarial sin acuerdo del gremio y de las cámaras del sector», sostuvo el comunicado publicado en la cuenta de Twitter de Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (Aaeta).
Ese texto llevó las firmas de las cámaras Empresaria de Autotransporte de Pasajeros (Ceap); Empresaria del Transporte Urbano de Buenos Aires (Cetuba); del Transporte de la Provincia de Buenos Aires (Ctpba); de Empresarios Unidos del Transporte Urbano de Pasajeros de Buenos Aires (Ceutupba) y Aaeta.