Ayuntamientos y empresas de abastecimiento de servicios hídricos (tanto privadas como públicas) de España se enfrentan a posibles multas de hasta 5.000 euros, del Gobierno central, si a finales de este mes de agosto no cumplen con el plazo para la obligatoria sustitución de los contadores de agua que tengan más de 12 años de antigüedad por otros nuevos, adaptados a los nuevos estándares que exige la administración central para mejorar la eficiencia hídrica. Así queda establecido en la Orden Ministerial ICT/155/2020 de 20 de febrero de 2020 (Ministerio de Industria), que otorgó un plazo de cinco años para llevar a cabo esta transición y que en breve entra en vigor.
La Asociación Española de Abastecimientos de Agua y Saneamiento (AEAS) y la Asociación Española de Empresas Gestoras de los Servicios de Agua Urbana (AGA), en una encuesta publicada en 2020, constataron que Andalucía, Comunitat Valenciana, País Vasco, Cataluña y Murcia, son las autonomías donde la telelectura está implantada entre el 20% y 35% del parque de contadores que gestionan los operadores del agua.
Las comunidades autónomas que han renovado más contadores por cada 1.000 habitantes son Canarias y Castilla-La Mancha, con 181 y 122 aparatos renovados por cada 1.000 habitantes, respectivamente, según el informe de las patronales AEAS y AGA. La Comunitat Valenciana, tal como reflejan los últimos datos del sector (correspondientes al año 2020), se situaba en una media de 16. Sea como fuere, las capitales de provincia como de Valencia, Castellón y Alicante, y otros grandes municipios del territorio, van por delante en el proceso de modernización de estas herramientas claves para la eficiencia de recursos hídricos.
Aprobación de la norma
Desde la aprobación de la norma hace un lustro, en vísperas del confinamiento por la pandemia de coronavirus, tan solo se han sustituido el 17% de los equipos obsoletos en toda España. En la actualidad, aproximadamente dos millones de contenedores instalados en viviendas y locales estarían afectados por la mencionada orden del Ministerio de Industria. «La norma también establece que los contadores de agua que se estropeen deberán ser sustituidos por otros nuevos, no siendo posible su reparación. Se trata de una exigencia normativa, que ya se aplica en otros países de la Unión Europea como Alemania, y que facilita el control del gasto, reduciendo los posibles errores de medición en unos aparatos que normalmente tienen una vida útil de cinco o seis años», explica Eduardo Echarren, director Comercial de ista, empresa de servicios energéticos.
Contador de agua instalado. / MIKE HENNING
Según fuentes de empresas hídricas de la Comunidad Valenciana, «lo importante es que se cambien contadores porque hay que medir el consumo de agua y optimizar su uso a través de telelectura. Eso permite conocer diariamente los datos y avisara los clientes de posibles fugas y dar información en tiempo real a hogares, empresas e instituciones».
Responsabilidad
La responsabilidad cae en quién sea el titular del suministro. En la mayoría de ciudades, el contador pertenece a la empresa concesionaria o al ayuntamiento. Si este es el caso, entonces, se gestionará de forma gratuita la sustitución. No obstante, en comunidades de propietarios existe un único contador general de entrada, que la empresa suministradora lo cambiará cuando corresponda y, por lo general, los vecinos deberán asumir el coste.
Otra de las razones de su sustitución es que garantiza, además, un mayor ahorro económico en los hogares. «Según cálculos del sector, para una familia media que gasta 250 euros al año en agua, la sustitución de sus contadores de agua supone un ahorro cercano al 15%, unos 37,50 euros», apuntan desde la citada empresa. Además, estas mismas fuentes indican que la sustitución de los contadores de agua es una acción sencilla que no requiere de obras para su conexión. Por otro lado, la instalación de nuevos equipos de medición inteligentes facilita que cada vecino pague en función del consumo real, evitando errores y desviaciones.
La lectura de estos dispositivos para medir el consumo puede llevarse a cabo por cualquier profesional autorizado, que emitirá la factura del agua correspondiente. «Además, los clientes tienen acceso a las lecturas diarias a través de plataformas digitales como Calista para la gestión de su consumo de manera gratuita las 24 horas al día y 365 días al año, haciendo coincidir los consumos individuales con la fecha exacta de la factura de la compañía suministradora», agrega Eduardo Echarren.
Período de alegaciones
Tras las advertencias del sector de operadores de agua de España ante la lentitud de algunas corporaciones locales en sustituir los contadores el Gobierno abre la puerta a la posible modificación de la Orden ICT/155/2020. Por eso ha abierto un período de alegaciones para la posible ampliación del plazo de sustitución de contadores de agua que se encontraban en servicio a la entrada en vigor de dicha orden y que hubieran superado el periodo de vida útil o la fueran a superar en el plazo máximo de cinco años, desde los 5 años a los 7 años.