En un concesionario de camiones en Indianápolis, rodeado de vehículos de gasolina de gran cilindrada, el máximo representante de la Agencia de Protección Ambiental (EPA) de la administración Trump reveló esta semana que el presidente pretende revocar uno de los textos legales que, hasta ahora, han sustentado todas las políticas climáticas de Estados Unidos. Se trata del llamado «dictamen de peligro» de 2009 y es, en la práctica, el texto que permite a los gobiernos federales regular cuestiones como el recorte de los gases de efecto invernadero. Según denuncian los expertos, si esta amenaza prosperara, Trump no solo eliminaría la columna vertebral de la política climática estadounidense sino que crearía un gigantesco escollo que dificultaría el diseño de futuras políticas ambientales.
El anuncio, realizado entre cánticos conservadores y argumentos pseudocientíficos, supone algo más que un cambio de política. Tal como argumentan tanto científicos como expertos en legislación ambiental, se trata de una ofensiva podría dejar a Estados Unidos sin herramientas legales para controlar sus propias emisiones. Incluso en el marco de las políticas estatales que no dependen directamente del gobierno de Trump. «Es un intento deliberado de borrar una década y media de avances regulatorios basados en el consenso científico global sobre el cambio climático», afirma el abogado ambientalista Shaun Goho, de la organización Clean Air Task Force.
«Es un intento deliberado de borrar una década y media de avances regulatorios basados en el consenso científico global sobre el cambio climático»
Piedra angular de la política climática
Todo gira en torno a un documento técnico-administrativo que, al menos hasta ahora, parecía incuestionable. Se trata de un texto publicado en 2009 derivado de un dictamen de la Corte Suprema donde, por primera vez, se puso por escrito que los gases de efecto invernadero representan una amenaza clara para la salud y el bienestar públicos y que, por lo tanto, hay que diseñar políticas para minimizar su emisión. Todo esto acabó derivando en regulaciones a escala gubernamental y estatal en las que, por ejemplo, se impusieron límites a las emisiones de automóviles, se reguló el funcionamiento de las centrales eléctricas y se establecieron controles sobre pozos de metano. En caso de revocar esta normativa, afirman los expertos, todos los actores implicados en el proceso perderían casi toda su capacidad para frenar la contaminación que calienta el planeta.
El gobierno trumpista pretende revocar el texto legal clave que desde 2009 constata que las emisiones son un peligro para la salud y que, por lo tanto, hay que reducirlas
El argumento jurídico que pretende utilizar Trump para revocar este texto roza lo absurdo. Según han argumentado sus portavoces en la materia, al tener efectos globales, las emisiones no deberían ser reguladas a nivel local. Según esta lógica, las normativas para reducir el dióxido de carbono y el metano quedarían fuera del alcance de las leyes estadounidenses porque sus impactos son «demasiado difusos» como para regularse. Paralelamente, en un informe de 150 páginas difundido por el Departamento de Energía se afirma que el carbono puede ser beneficioso para la agricultura y que el frío extremo es más peligroso que el calor, siendo todos estos argumentos desacreditados desde hace años por la comunidad científica.
«La estrategia de Trump es el equivalente a tirar un plato de espaguetis contra la pared solo para ver si entre tanto caos algo se queda pegado», sostiene Lisa Friedman, especialista en política climática de ‘The New York Times’ en el podcast ‘The Daily’, para ilustrar el sinsentido retórico detrás de estos argumentos.
Terremoto de largo alcance
La propuesta de Trump llega en un momento en que el mundo experimenta las consecuencias más devastadoras del cambio climático, desde olas de calor extremo a incendios forestales incontrolables, inundaciones históricas y desastres naturales que le están costando la vida a miles de personas. Frente a esto, la administración Trump insiste en relativizar las amenazas climáticas y en negar el consenso científico. Según explican los expertos, lo más inquietante de esta ofensiva legal es que, de prosperar, Trump no solo desmantelará las actuales regulaciones ambientales sino también las futuras. Al eliminar el dictamen de peligro, se bloquearía la posibilidad de que una administración posterior, incluso una demócrata y con el Congreso a favor, pudiera regular eficazmente las emisiones sin comenzar desde cero en los tribunales.
La propuesta está abierta a comentarios públicos durante 45 días pero se da por hecho que el debate se trasladará a la Corte Suprema
«La propuesta de Trump es un intento de blindar legalmente a los grandes emisores frente a cualquier esfuerzo por responsabilizarlos», sostiene Abigail Dillen, presidenta de Earthjustice. «Es el equivalente regulatorio de incendiar el puente detrás de ti», esgrime la experta, quien, junto a decenas de entidades ambientalistas, afirma que esta disputa legal acabará convirtiéndose en una batalla a gran escala en los tribunales. Ahora, de hecho, la propuesta está abierta a comentarios públicos durante 45 días pero se da por hecho que, de no ocurrir nada más, la cuestión se trasladará a la Corte Suprema, donde actualmente hay una mayoría conservadora. El resultado de este enfrentamiento legal, argumentan los expertos, podría cambiar el rumbo de la lucha climática no solo en Estados Unidos sino a nivel global.
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