El gobierno brasileño, encabezado por Luiz Inácio Lula da Silva, publicó esta tarde una dura respuesta a recientes declaraciones del presidente Donald Trump, en la que insiste en aplicar represalias comerciales contra Estados Unidos y rechaza cualquier tipo de crítica externa sobre asuntos internos.
La declaración refleja un creciente tono de confrontación por parte del actual gobierno socialista brasileño, especialmente en lo referente al comercio bilateral y la libertad de expresión.
En su comunicado, Lula asegura que no aceptará ningún tipo de »tutela» extranjera, en referencia a las observaciones de Trump sobre los procesos judiciales contra opositores brasileños acusados de »golpismo».
Sin embargo, la verdadera preocupación en Washington no está en el sistema judicial de Brasil, sino en la hostilidad comercial creciente que Lula ha promovido bajo el pretexto de la soberanía nacional.
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En particular, Brasil amenazó con aplicar aranceles de represalia si Estados Unidos eleva los aranceles a productos brasileños. El gobierno de Lula sostiene que Estados Unidos no tiene un déficit comercial con Brasil, y que Washington habría acumulado un superávit de 410 mil millones de dólares en los últimos 15 años.
No obstante, esta interpretación omite factores clave, como el impacto de subsidios estatales brasileños o prácticas desleales en sectores industriales como el acero y el aluminio.
Actualmente, productos brasileños ya enfrentan tarifas del 10% a nivel general y del 25% específicamente en acero y aluminio, medidas impuestas por la administración Trump a decenas de países.
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En lugar de buscar soluciones estructurales, Lula ha optado por un enfoque revanchista, amenazando con medidas equivalentes e incluso con acudir a la Organización Mundial del Comercio (OMC), lo que podría desatar una guerra comercial innecesaria.
Más preocupante aún, la administración Lula ha intensificado el control sobre las plataformas digitales, exigiendo a empresas estadounidenses que operan en Brasil cumplir con normativas que muchos consideran vagas o arbitrarias, especialmente en lo relativo al llamado »discurso de odio».
En la práctica, estas políticas han servido para censurar voces críticas del gobierno y consolidar un entorno cada vez más restrictivo para la libertad de expresión.
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Si bien el vicepresidente Geraldo Alckmin ha intentado abrir canales de diálogo con figuras cercanas a Trump, lo cierto es que el tono de Brasil se aleja cada vez más del pragmatismo y parece orientarse hacia una agenda ideológica que prioriza la confrontación antes que la cooperación.
Con sus amenazas de aranceles recíprocos y su rechazo a la crítica externa, Lula pone en riesgo una relación comercial histórica y perjudica a exportadores de ambos países, sacrificando el interés económico en favor de su retórica política.