La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) prevé que la tasa de deuda pública sobre el Producto Interior Bruto bajará desde el 107,7% del PIB registrado en 2023 al 106,3% a finales de 2024, en línea con las previsiones del Gobierno. Además, la Airef calcula que, a partir del año próximo, cumplir con las nuevas reglas fiscales acordadas entre la Comisión Europea, el Consejo Europeo y la Comisión Europea el pasado 9 de febrero, exigirá un ajuste anual del gasto (o de los ingresos) equivalente al 0,64% del PIB cada uno de los cuatro años entre 2025 y 2028.
Traducido a euros, el 0,64% del PIB equivale a un ajuste anual de casi 10.000 millones (9.900 millones) si se toma como referencia el Producto Interior Bruto nominal previsto por el Gobierno para 2024. Es una cifra equivalente, por ejemplo, al cuarto pago de fondos europeos que espera recibir España en este semestre o a la mitad del presupuesto en prestaciones por desempleo.
En su informe Observatorio de Deuda publicado este jueves, la Airef sostiene que «el nuevo entorno de tipos de interés implica una vulnerabilidad para la sostenibilidad de las finanzas públicas, dado el elevado endeudamiento que tendrá que ser refinanciado a unos tipos significativamente más elevados». De hecho, el coste medio de las nuevas emisiones del Tesoro se ha incrementado en 2023 hasta situarse en el 3,44%, un valor no registrado desde el año 2011. «Esto ha generado un punto de inflexión en el coste medio de la cartera de deuda del Estado, que ha aumentado desde su mínimo histórico del 1,64% hasta el 2,09%», subraya el organismo que preside Cristina Herrero.
A la espera de conocer la redacción final de la reforma de las reglas fiscales, la Airef viene realizando ejercicios tentativos para ilustrar el ajuste necesario que sería preciso en las cuentas del conjunto de las administraciones públicas españolas. La estimación publicada este jueves coincide con la anterior, publicada en octubre, que estima en un 0,64% del PIB el ajuste anual necesario para el cuatrienio que abarca el periodo entre 2025-2028, hasta un total de 2,56 puntos acumulados (unos 39.500 millones de 2024).
«Este ajuste permitiría a España mantener una senda descendente de deuda de manera plausible y cumplir las salvaguardas del déficit y la deuda» previstas en las nuevas reglas fiscales, según el organismo.
Aunque hay que esperar para conocer la redacción final de la reforma, los Planes Fiscales Estructurales de medio plazo pasan a ser el elemento principal donde se plasme la estrategia fiscal de cada estado miembro para un periodo de cuatro años (apliable a siete bajo ciertos comopromisos de inversión). Estos Planes deberán presentarse no más tarde del 20 de septiembre de 2024 y determinarán ya los Presupupuestos del Estado y de las autonomías y los ayuntamientos de 2025.
En el caso de España, dentro del grupo de países con un nivel de deuda superior al 90% del PIB en la actualidad, un ajuste anual del 0,64% en el gasto primario (sin tener en cuenta ni el pago de intereses ni el gasto cíclico en desempleo) permitiría cumplir las nuevas reglas incluso en el supuesto de ‘estrés financiero’. Las reglas fiscales definen el ajuste necesario sobre el llamado gasto primario, pero se admite que el recorte del gasto sea menor si se compensa con una mayor recaudación fiscal equivalente.