YPF, entre el debate y la urgencia

La jueza estadounidense Loretta Preska resolvió ejecutar la sentencia que había emitido en septiembre de 2023 en contra de YPF. Ordenó al Estado argentino transferir su participación controlante en YPF a quienes iniciaron oportunamente una demanda por la afectación de sus derechos durante el proceso de expropiación de la empresa.

El volumen de la indemnización ordenada es inédito: U$S 16.000 millones, más los cargos e intereses que fueren de rigor. El Gobierno nacional anunció que apelará la decisión e informó que evalúa las acciones por seguir para atenuar su impacto económico. Mientras, la sociedad argentina ha vuelto a debatir las causas y consecuencias de un problema ineludible.

Ese debate se constriñe por ahora al examen de las causas que motivaron la demanda. La discusión del proceso de privatización de la empresa en la década de 1990 y su estatización en 2012 atraviesa a todo el arco político. Pero el fallo Preska alude a un momento específico de ese proceso.

Ese momento es el que se abrió con la intervención de YPF el 16 de abril de 2012 y la decisión de incumplir el estatuto de la empresa al aguardo de una ley del Congreso para la expropiación de su paquete accionario mayoritario.

El grupo privado Repsol, expropiado por tener el 51% de las acciones, alcanzó dos años después un acuerdo indemnizatorio negociado por el entonces ministro de Economía, Axel Kicillof. Algunos de quienes no fueron expropiados demandaron, alegando que se les dispensó un trato diferencial antiestatutario.

Quien se consideró como principal agraviado fue el grupo Petersen, adquirido en su momento por el empresario Enrique Eskenazi. Este grupo fue adjudicatario de la privatización del Banco de Santa Cruz durante la administración del gobernador Néstor Kirchner. Ingresó como socio a YPF tras una gestión del presidente Néstor Kirchner ante Repsol.

Una denuncia en 2006 de la entonces diputada Elisa Carrió demandó esclarecer esa gestión. El juez actuante, Ariel Lijo, no ofreció respuestas. El grupo Petersen se insolventó tras la expropiación de YPF. Sus derechos litigiosos fueron adquiridos por fondos privados, quienes obtuvieron el fallo de Preska.

Sobre las causas de esa sentencia, hay entonces un debate justificado por las responsabilidades emergentes antes, durante y después del proceso de expropiación.

Hubo allí algunas continuidades significativas, como las del abogado Carlos Zannini, funcionario del Banco de Santa Cruz en la gestión Eskenazi, asesor legal de Néstor Kichner durante la entrada de Eskenazi a YPF, secretario legal de Cristina Fernández de Kirchner al momento de la expropiación y procurador del Tesoro -litigante en lo de Preska- durante la gestión de Alberto Fernández.

Pero la discusión de las causas del fallo no exime del impostergable análisis de sus consecuencias. Urge al Estado nacional y sus instituciones políticas adoptar decisiones atinadas ante el conflicto, porque de su evolución depende la vida material de la presente generación y las futuras.

De nada servirá el espectáculo público del insulto como reproche, sin una decisión racional sobre la acción consecuente.