Los judiciales cordobeses aceptaron una oferta de equiparación salarial escalonada

Tras casi 90 días de conflicto, marcado por 14 jornadas de paro y una pulseada constante con el Poder Judicial de Córdoba, finalmente, el gremio de los judiciales provinciales (Agepj) aceptó la propuesta del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de equiparación salarial con la justicia federal, que será escalonada y no será plena.

La oferta, gestada en arduas negociaciones, promete una equiparación salarial con los federales, aunque será gradual y extendida en el tiempo: tres años para una igualdad que no será plena para todas las categorías.

Durante 10 semanas, el eco de las protestas resonó en los pasillos de los tribunales provinciales. El conflicto fue creciendo hasta transformarse en un dolor de cabeza hasta para el propio gobernador Martín Llaryora.

Fue entonces cuando, en conversaciones directas del mandatario provincial con el presidente del TSJ, Luis Angulo, se tejió una propuesta para salir del conflicto, que se había transformado en desgastante para todas las partes en los tribunales cordobeses.

La salida se encontró en una asamblea extraordinaria del gremio de los judiciales que se realizó este jueves, en la cual se reunieron más de 600 delegados de toda la provincia. La cónclave fue en la sede prestada del gremio de los Canillitas.

El clima fue espeso, cargado de tensión y varios cruces. Después de arduas discusiones, llegó la votación: 567 manos se alzaron a favor de la propuesta oficial, frente a 69 que rechazaron la oferta oficial.

Los autoconvocados, que en un primer momento del conflicto cuestionaron la representación gremial, luego se sumaron a las negociaciones con el TSJ, hoy quedaron en clara minoría en la asamblea.

No fue una victoria para celebrar. Fue, más bien, un acuerdo tenso, salpicado de resignación. El oficialismo del gremio, alineado con su titular Sergio Cortelletti, y el sector opositor que lidera Darío Di Tomaso, votaron en el mismo sentido: a favor.

Ambos sectores coincidieron en algo inusual en estos tiempos: preferían otra propuesta, pero no quedaban opciones. Había demasiado en juego y un hastío que sobrevolaba en Tribunales.

Desde 2012, los magistrados y funcionarios judiciales cordobeses perciben salarios equiparados con la Justicia federal en un 90 %. Pero los empleados de escalafones más bajos han quedado al margen de ese beneficio. Reclaman desde hace años la equiparación.

Sin embargo, por lo bajos, los magistrados provinciales murmura otra realidad: aseguran que la equiparación real no supera el 85 %, pues pesa sobre sus sueldos un 4 % de descuento más que los federales para la Caja de Jubilaciones, y otro un 1 % para Apross.

La nueva propuesta para los empleados ofrece, como primer paso, un aumento inmediato del 4,16 % para todas las categorías. Los auxiliares -la base de la pirámide- serán los primeros en sentir el cambio: el próximo año, alcanzarán el 91 % de paridad con sus pares federales.

Para los demás -escribientes, oficiales, jefes de despacho- el trayecto será más largo y menos generoso. En tres años, muchos no llegarán siquiera al 90 % anhelado. Algunas categorías, como la de oficial mayor, apenas llegará al 75 %.

Cortelletti, con el tono de quien sabe que la victoria es imperfecta pero necesaria, destacó la masiva participación en la asamblea. “Nos hubiera gustado llegar a la equiparación en un plazo menor, pero la asamblea decidió democráticamente aceptar una propuesta que el TSJ se vio obligado a realizar por la lucha de los trabajadores judiciales”, declaró, reivindicando el rol de la lucha colectiva.

Del otro lado, el opositor interno Di Tomaso fue más duro. Señaló que la oferta era “insuficiente”, pero admitió que continuar con las medidas de fuerza resultaba inviable. “Hubo una extorsión por parte del Tribunal Superior. Si no aceptábamos, se iban a descontar los 13 días de paro. Los judiciales no estamos en condiciones de soportar semejantes descuentos”, sostuvo con crudeza.

Los autoconvocados, por su parte, se mantuvieron firmes en su rechazo. Pedro Boaglio, uno de sus referentes, ofreció su versión de los hechos: “Sostuvimos el rechazo. Nos parece una propuesta insuficiente para la situación salarial en la que nos encontramos. La comisión directiva propuso votar antes de debatir. Más de 100 personas afines a la comisión directiva se retiraron después de la votación. Fue una jornada dura”, admitió el trabajador autoconvocado, con un sabor amargo por el desenlace.

El conflicto había escalado desde el 1º de abril pasado, con la primera jornada de paro, y alcanzó un punto más álgido con la toma del histórico Salón de los Pasos Perdidos.

Fue un acto de protesta simbólico, pero suficiente para tensar aún más la relación con el TSJ. Durante los casi dos meses siguientes, hubo 14 días de huelga. Solo se descontó el primero. Pero la amenaza de un recorte masivo sobrevoló en la asamblea de los trabajadores.

Para muchos judiciales, especialmente los auxiliares, los descuentos por los días de paro habrían significado una pérdida superior a los 850 mil pesos. Ese fantasma fue determinante a la hora de votar. La decisión no fue por convicción, sino por supervivencia.

El reclamo por la equiparación venía gestándose desde hacía dos años, pero fue la irrupción del sector autoconvocado -crítico con la conducción gremial- lo que le inyectó un nuevo impulso al conflicto.

Fueron ellos quienes empujaron al gremio -a más propenso al diálogo que a la confrontación- a una serie de 14 paros. Con el correr de las semanas, sin embargo, la adhesión fue mermando.

La última jornada de protesta apenas alcanzó un 25 % de acatamiento, según datos del propio Poder Judicial.

Finalmente, entre resignaciones y cálculos políticos, el oficialismo y la oposición sindical terminaron aprobando una oferta que garantiza una equiparación parcial y prolongada.

Los más beneficiados serán los auxiliares, que el próximo año estarán a la par de sus colegas federales.

El precio de la calma institucional será alto para las finanzas provinciales.

En mayo, el TSJ ya había impulsado una reforma en el escalafón judicial, con un costo de 586 millones de pesos mensuales. Ahora, con el aumento del 4,16 % y los próximos tramos de equiparación, el Tesoro provincial deberá afrontar un desembolso adicional de 2.300 millones de pesos mensuales.

La paz, como casi siempre, no fue gratuita. Tampoco fue completa. Habrá que ver cuál será la reacción de los autoconvocados. Aunque casi no tienen margen para seguir adelante con el conflicto.