El borrador de la reforma de la Ley de Protección y Recuperación del Mar Menor exigirá un control más exhaustivo de los nitratos que llegan y salen del acuífero de la laguna. El vicepresidente regional y consejero de Interior, Emergencias y Ordenación del Territorio, José Ángel Antelo, afirma que la idea es aprovechar los alrededor de 1.300 pozos reconocidos por la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) para hacer análisis trimestrales para saber con exactitud el estado de esas aguas.
El líder de Vox en la Región de Murcia se apoya en un artículo de la publicación científica Elsevier —Sampling methods may drive short-term groundwater nitrate variability in an irrigated watershed connected to a coastal lagoon (Campo de Cartagena-Mar Menor, SE Spain)—, que firman los expertos del Instituto Geológico y Minero de España José Luis García-Arostegui y Virginia María Robles-Arenas (junto a Paul Baudron), que asegura que los métodos de muestreo en el acuífero del Mar Menor, en el Campo de Cartagena, presentan «serios problemas de representatividad», debido a que están involucrados pozos privados «de los que existe escasa información sobre su construcción». Además, su diseño «no permite el suministro de información confiable sobre la calidad de las aguas subterráneas».
Fruto de esta situación, los investigadores creen «difícil determinar la idoneidad de las medidas aplicadas».
La investigación, que en ningún momento afirma que la existencia de nitratos sea menor de lo que se piensa, llama a «obtener urgentemente información confiable de datos«y recomienda una «revisión exhaustiva del muestreo».
Un informe de flujos publicado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) en septiembre revelaba que la descarga de agua subterránea desde el acuífero cuaternario fue de 10 hectómetros cúbicos el año pasado, con un contenido de 1,930 toneladas de nitratos y 0,6 de fosfatos.
Sin embargo, el vicepresidente regional cree que estos análisis en el acuífero «se toman con el fin de enviar siempre el mismo mensaje, que desde nuestro punto de vista es falsario»: que la agricultura es nociva para la laguna. «Creo que con la tecnología y con la tecnificación que tenemos en la fecha actual no hay motivos para sacrificar a nuestros sectores productivos para salvar el Mar Menor«, señala.
Saneamientos
Otro de los puntos en los que Vox quiere incidir en la potencial reforma de esta ley es en los saneamientos de las aguas residuales, que son «muy deficitarios».
Antelo exige a los ayuntamientos ribereños una depuración terciaria, aquella que higieniza y adecúa el agua para el consumo urbano. Además, recuerda que la ley ya obliga a que las corporaciones hagan saneamientos separativos y denuncia que se incumple la normativa.
Prueba de ello, explica, es que el propio Partido Popular de Pilar de la Horadada se opusiera a aumentar la capacidad de impulsión de aguas de las depuradoras de San Javier y San Pedro al emisario submarino que desemboca a cuatro kilómetros de sus costas, ubicado frente al Mojón. «Saben perfectamente que esas aguas no están bien depuradas», aclara.
La reforma no solo busca poner el acento en la administración, sino también en las empresas.
Por aplicar la nueva legislación podría haber ayudas a las entidades locales para hacer las inversiones pertinentes, incentivando a los ayuntamientos a que hagan esas infraestructuras «que no son vistosas electoralmente, porque al final son saneamientos y van por debajo de la tierra, pero que son vitales para el Mar Menor», detalla el consejero de Ordenación del Territorio.
Antelo cree que de esta forma, además, los veraneantes de La Manga se ahorrarían cada verano los problemas que se generan cuando se rompe algún emisario en la laguna salada.
La clásica demanda de Vox de abrir las golas no tiene su reflejo en esta reforma, ya que la competencia para modificarlas es estatal, pero, tal y como anunció el portavoz parlamentario de Vox, Rubén Martínez Alpañez, sí que se reclama que Fuente Álamo no se vea afectada por la Ley de Protección. De hecho, antes de aprobar las líneas generales del presupuesto para 2024, afirmó que esperaban que las cuentas sirvan para que este municipio del Campo de Cartagena quede «fuera de la ley del Mar Menor y desaparezcan las medias cautelares». «Este debe ser el Presupuesto definitivo para la recuperación del Mar Menor a través de la modificación de la ley», deseaba entonces.