La Comuna de Falda del Carmen, encabezada por Rubén Liendo, declaró “persona no grata” al dirigente opositor Jorge Guía, luego de que este criticara la gestión en redes sociales por la cancelación de un acto por Malvinas.
La tranquilidad de Falda del Carmen se vio alterada en las últimas semanas por un conflicto político que escaló de las redes sociales a los despachos oficiales. La Comuna, liderada por Rubén Liendo, decidió declarar “persona no grata” a Jorge Guía, referente de la agrupación opositora Fuerza Vecinalista y ex candidato a jefe comunal.
El origen del enfrentamiento se remonta a la organización de un acto conmemorativo por el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas. Guía y su espacio político pretendían realizar un homenaje en un espacio público local, pero según denunció el dirigente, la respuesta oficial fue adversa.
Guía aseguró que recibió advertencias de que, de realizarse el evento, se procedería al desalojo con el uso de la fuerza pública. Desde la Comuna argumentaron falta de cumplimiento de los “protocolos de uso de espacios públicos”, aunque desde la oposición indican que dichos protocolos nunca fueron exhibidos ni entregados tras ser solicitados por escrito.
Tras la cancelación del acto para evitar incidentes, Guía utilizó sus redes sociales para criticar la medida, calificándola de arbitraria y autoritaria. Esas publicaciones llevaron al oficialismo a emitir una resolución inédita.
La Comuna emitió un comunicado donde señala: “Ante las reiteradas publicaciones falsas, agraviantes y malintencionadas de Jorge Guía en redes sociales, hemos decidido declarar su figura como persona no grata. No permitiremos que se utilice la causa Malvinas para desprestigiar el trabajo institucional y dañar la convivencia democrática”.
Para el gobierno local, las expresiones de Guía no forman parte de la libertad de expresión, sino que constituyen un ataque sistemático. Por su parte, Guía calificó la declaración como un “mamarracho institucional” que busca disciplinar a la oposición. “Es una herramienta de amedrentamiento. Nos prohíben usar la plaza, nos amenazan con la policía y ahora intentan cancelarme socialmente”, afirmó.
La medida no tiene efectos legales penales, pero funciona como una condena moral y política que crispa el clima social. Vecinos de la localidad expresaron preocupación por el uso de herramientas estatales para sancionar a un ciudadano por sus opiniones políticas.
El equipo legal de Fuerza Vecinalista no descarta presentaciones ante el INADI o la Justicia provincial por discriminación ideológica. Por el momento, la resolución sigue firme y el diálogo entre las partes parece roto.