Una concejala del PRO presentó un proyecto que propone prohibir la actividad informal y migrar a un sistema de pago digital, mientras se plantea la reconversión laboral de los cuidacoches.
En el Concejo Deliberante de la ciudad de Córdoba se encuentra en debate un proyecto de ordenanza para regularizar el servicio de los denominados «naranjitas» o cuidacoches. La iniciativa, presentada por la concejala del PRO Soher El Sukaria junto al concejal Fabre, propone la prohibición de la actividad informal y la implementación de un sistema de estacionamiento pago exclusivamente a través de aplicaciones digitales.
«El espíritu del proyecto es prohibir a los naranjitas y defender el principio de estacionamiento libre y gratuito para todos los ciudadanos, salvo en áreas restringidas por necesidad de circulación o carga y descarga», explicó El Sukaria en declaraciones a medios locales.
Frente a la posible prohibición, el proyecto contempla una propuesta de reconversión laboral. «Hemos presentado una capacitación y readecuación de su tarea, controlando el servicio técnico. Para nosotros hay que pagar por aplicación; no tiene que haber discusión o contacto entre un naranjita y un ciudadano», detalló la edil. La idea es que los actuales cuidacoches puedan convertirse en «controladores auxiliares de la vía pública», bajo la órbita municipal y no a través de cooperativas.
«El Estado municipal tiene que organizar, tiene que tomar la responsabilidad y las cooperativas son una intermediación innecesaria», afirmó la concejala. El sistema de pago propuesto se basaría en la actualización de la aplicación SEM, que ya gestiona el estacionamiento medido en la ciudad, para que funcione como la única vía de cobro, similar al pago con tarjeta en el transporte público.
El Sukaria argumentó que este modelo eliminaría los conflictos por el dinero en la vía pública y fortalecería el control. «La gestión municipal tiene que ponerse al hombro el control, la seguridad y el orden de la ciudad, que es lo que no está sucediendo», sostuvo, y destacó la necesidad de una mayor fiscalización por parte del municipio para garantizar la seguridad de los casi dos millones de transeúntes diarios.
El debate continúa en el recinto, donde se analizarán los distintos aspectos de esta propuesta y su impacto en la movilidad y el espacio público cordobés.