Un fiscal nacional y otro federal formalizaron cargos contra el presidente, la vicepresidenta y dos secretarios del tribunal. La causa investiga posibles irregularidades en el funcionamiento del órgano judicial.
El fiscal de la Procuración General de la Nación, Nicolás Turano, y el fiscal federal de Córdoba, Maximiliano Hairabedián, imputaron a Abel Sánchez Torres y a Graciela Montesi, presidente y vicepresidenta de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba. También fueron imputados los secretarios del tribunal, Mario Olmedo y Gustavo Flores.
La causa judicial investiga presuntos hechos de abuso de autoridad, violación a los deberes de funcionario público, falsedad ideológica y coacción. Será el juez federal Alejandro Sánchez Freytes quien deba analizar la solicitud del Ministerio Público Fiscal de la Nación. Por el momento, rige el secreto de sumario sobre el caso.
La investigación tiene su origen en una denuncia realizada en septiembre del año pasado por Celina Laje Anaya, exsecretaria del tribunal. En el programa televisivo «Fuerte y Claro», Laje Anaya acusó a Sánchez Torres, Montesi y Olmedo de hostigamiento, coacción y abuso de autoridad, tras negarse a firmar un certificado que consideró ilegal.
Según lo revelado en esa oportunidad, el pedido del presidente Sánchez Torres habría tenido como objetivo influir en la conformación del tribunal que intervendría en una causa por evasión agravada contra un exdirectivo de la empresa cerealera Bunge. La investigación de los fiscales Turano y Hairabedián busca determinar si se violaron los reglamentos internos y si existió un intento de beneficiar a la empresa mediante distintas maniobras.