Un juez de la Ciudad de Buenos Aires hizo lugar a un reclamo de la CGT y dictó una medida cautelar contra gran parte de la nueva ley. El Poder Ejecutivo podrá apelar la decisión.
Este lunes, el juez Raúl Ojeda, titular del Juzgado del Trabajo Número 63, dictó una medida cautelar que suspendió la aplicación de 82 artículos de la ley de modernización laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei. La decisión responde a un reclamo presentado por la CGT.
La central obrera, a través de su cúpula integrada por Jorge Alberto Sola, Octavio Argüello y Cristian Raúl Jerónimo, argumentó en su demanda que la norma vulnera derechos constitucionales, como la protección contra el despido y la libertad sindical. El magistrado reconoció la legitimidad de la CGT para representar colectivamente a los trabajadores.
En su resolución, el juez Ojeda advirtió sobre el peligro de aplicar normativas como los Fondos de Asistencia Laboral o deshomologar convenios colectivos antes de una sentencia definitiva. Consideró que ejecutar estos cambios genera una «grave inseguridad jurídica» para los trabajadores y que la aplicación inmediata de la ley podría causar «daños irreparables» si finalmente se declara su inconstitucionalidad.
El magistrado, quien ocupa el cargo desde 2012, ahora debe resolver la cuestión de fondo del expediente. Por su parte, el Poder Ejecutivo Nacional tiene la opción de apelar la decisión judicial que suspendió provisionalmente gran parte de la reforma laboral.