La Arquidiócesis emitió un comunicado titulado «Ciudades para todos», en el que cuestiona las prohibiciones totales y aboga por soluciones que contemplen el trasfondo de exclusión económica.
En el marco del debate sobre la regulación del estacionamiento en la vía pública y la actividad de los limpiavidrios, impulsado por el gobernador Martín Llaryora, la Arquidiócesis de Córdoba publicó un documento titulado «Ciudades para todos». El texto, emitido por la Vicaría de los Pobres y la Pastoral Social, analiza la situación de quienes cobran por el estacionamiento y plantea una mirada crítica hacia las medidas que buscan la prohibición total sin analizar las causas sociales subyacentes.
El comunicado, que lleva el sello del vocero del arzobispo Ángel Rossi, Munir Bracco, comienza citando al Papa Francisco para referirse a una «cultura del descarte» generada por la sociedad de consumo. Según la postura de la Iglesia, no se puede abordar la problemática de los llamados «naranjitas» sin entender el contexto de exclusión económica actual. «Se visualiza a las personas individualmente como si fueran plenamente libres (…) como si los empobrecidos y descartados del sistema eligieran vivir en la marginalidad», señala el texto.
Desde el Arzobispado fueron contundentes respecto a las propuestas de prohibición: «Estamos convencidos que la prohibición del trabajo popular no es la verdadera solución». En su lugar, la institución propone revalorizar los marcos legales existentes en la ciudad de Córdoba, haciendo especial énfasis en las ordenanzas que regulan a las cooperativas como una vía de formalización.
La Iglesia reconoce que existen realidades complejas asociadas a la actividad, como la delincuencia, el consumo de sustancias y problemas de salud mental. No obstante, el documento pide «no meter todo en la misma bolsa». «Una cuestión es el trabajo y la prestación de servicio público según las reglamentaciones y otra son estas realidades mencionadas», aclara, delegando en el Estado la responsabilidad de un abordaje integral para estas problemáticas sociales.
Finalmente, la Arquidiócesis instó a los espacios de planificación urbana a realizar estudios para asignar más zonas a permisionarios cooperativos o registros individuales avalados por instituciones de bien público, con el objetivo de evitar que los espacios queden sin regular y se generen situaciones de conflicto.