Hay democracias que amanecen con resaca. No por el resultado electoral, sino por el silencio que lo precede. Cuando cerca de la mitad del electorado decide no acudir a las urnas, la jornada deja de ser una simple cita institucional para convertirse en un síntoma. La democracia comparece, pero lo hace solo a medias.
Hace años, José Saramago imaginó en su Ensayo sobre la lucidez un escenario inquietante: una jornada electoral en la que la mayoría de los ciudadanos decidía no respaldar con su voto a ninguna opción política. La ficción describía una forma extrema de desvinculación democrática. Hoy, sin necesidad de recurrir a la literatura, algunas convocatorias reales empiezan a insinuar esa misma sensación de ausencia.
No estamos ante una anomalía episódica. La abstención ha dejado de ser un gesto excepcional de protesta para transformarse en una costumbre política silenciosa.
España no constituye un caso aislado. En Francia, las elecciones legislativas recientes han registrado niveles de participación próximos al cuarenta y cinco por ciento. En Estados Unidos, incluso en comicios presidenciales de alta movilización, el voto rara vez supera los dos tercios del censo. En Suiza, paradigma de democracia directa, muchas consultas federales apenas convocan a la mitad del electorado. El sufragio es libre y, precisamente por ello, cada vez más ciudadanos ejercen también la libertad de no participar.
Las instituciones funcionan, los gobiernos se forman, los parlamentos legislan y las leyes se aplican con normalidad. Pero la legitimidad social se vuelve más frágil. Cada vez resulta más frecuente que mayorías políticas descansen sobre minorías sociológicas efectivas. La democracia no se derrumba: se va volviendo intermitente.
En ese contexto emerge una de las paradojas más visibles del Estado de bienestar contemporáneo. Los derechos sociales -sanidad, educación, pensiones, prestaciones- se conciben como universales y no condicionados a la implicación política del ciudadano. El sistema protege por igual a quienes votan y a quienes se abstienen.
Esa lógica es jurídicamente impecable y moralmente comprensible. Sin embargo, también puede generar una forma progresiva de desvinculación: el ciudadano se percibe antes como beneficiario que como corresponsable del funcionamiento del sistema que le ampara.
Algunos países han intentado afrontar esta tensión mediante el voto obligatorio. Bélgica y Luxemburgo mantienen desde hace décadas mecanismos sancionadores moderados que han asegurado niveles muy elevados de participación. Australia introdujo esta obligación en 1924 y ha logrado estabilizar el sufragio en torno al noventa por ciento, obligando además a los partidos a dirigirse al conjunto de la sociedad y no solo a sus electorados más movilizados.
El argumento es directo: si la soberanía reside en el pueblo, la expresión de esa soberanía no debería depender únicamente del estado de ánimo o del cansancio cívico.
Las objeciones son igualmente relevantes. Obligar a votar puede banalizar el acto democrático, favorecer decisiones poco informadas o convertir la libertad política en una formalidad administrativa.
La abstención, sostienen sus defensores, es también una forma legítima de expresión. Hans Kelsen recordó que la democracia se fundamenta tanto en la igualdad de participación como en la autenticidad del consentimiento. Alexis de Tocqueville advirtió del riesgo de sociedades que delegan progresivamente su responsabilidad pública hasta habituarse a una tutela suave, casi imperceptible.
Entre la apatía y la coerción se abre así un debate incómodo, pero necesario. Una democracia puede seguir funcionando con niveles elevados de abstención. Lo que no está garantizado es que pueda seguir convenciendo.
El Estado de bienestar ha universalizado los derechos. Pero la democracia sigue necesitando obligaciones. Cuando votar deja de percibirse como un deber elemental de ciudadanía, el contrato político pierde densidad y la representación se transforma en una delegación cada vez más distante.
Las democracias no se debilitan únicamente cuando fallan sus gobiernos. Se debilitan cuando los ciudadanos descubren que pueden desentenderse sin consecuencias. Ese día comienza una forma lenta de decadencia que ninguna victoria electoral consigue ocultar.