La primera vez que en Italia se oyó hablar de una reforma para separar las carreras de jueces y fiscales, la autoría intelectual de aquello se atribuyó a Licio Gelli. Aquel Maestro Venerable, jefe de la logia masónica P2 y condenado por apropiarse de secretos de Estado italiano en el último tercio del siglo XX. Gelli había incluido la propuesta en su Piano di Rinascita Democratica, una suerte de vademécum para un «golpe blando» con el que pretendía desmantelar el Estado desde dentro. Su hijo, Maurizio, evocaba aquel tiempo en una entrevista reciente asegurando que su padre, hoy, se sentiría «feliz».
Con ese eco de la Italia más oscura como telón de fondo, el Gobierno de Giorgia Meloni enfrenta este domingo un referéndum en el que unos 45 millones de ciudadanos residentes (más otros 5-6 millones en el extranjero) están llamados a pronunciarse sobre si aceptan —o no— una reforma del poder judicial que precisamente tiene, en su núcleo, un rediseño del Consiglio Superiore della Magistratura. Esto es el equivalente del Consejo General del Poder Judicial en España, y también tiene la función de garantizar la independencia del Poder Judicial frente al Poder Ejecutivo (el Gobierno) y al Legislativo (el Parlamento).
Sin embargo, la cita trasciende lo estrictamente técnico. Ante todo, la consulta encierra un alto voltaje político: se ha convertido en un termómetro de la popularidad del Gobierno de Giorgia Meloni, una suerte de midterm a la italiana. Así lo evidenciaba esta semana el clima de campaña electoral que impregnó el país. Hasta tal punto que la propia Meloni llegó a defender su causa en una suerte de monólogo en un pódcast del rapero Fedez. La razón es clara: una derrota ofrecería a sus opositores el ansiado talón de Aquiles de una líder que, hasta ahora, se ha mostrado prácticamente inexpugnable al frente del poder político en Italia; una victoria permitiría a Meloni avanzar casi sin frenos con las otras controvertidas reformas prometidas por su Ejecutivo (in primis, la reforma de la ley electoral, ya depositada, y luego también la del llamado premierato, que promueve que el primer ministro del país sea elegido directamente por los ciudadanos).
Berlusconi
Con todo, la propuesta, un artefacto complejo aprobado por el Parlamento en octubre pasado, que supone un cambio constitucional, padece de entrada un error de concepto (¿o quizá de marketing?): no es una reforma de la justicia, sino, más bien, del poder judicial. No busca que los juicios dejen de ser ese laberinto eterno donde la justicia italiana suele echarse la siesta; la velocidad de los tribunales, un gran mal endémico del país, no figura en el orden del día. El asunto es, en realidad, una intervención radical en la organización de quienes en Italia juzgan (los jueces) y quienes investigan (los fiscales), que hasta ahora podían cambiar de un cargo al otro a lo largo de su carrera (aunque esta posibilidad ya se había restringido bastante con una anterior reforma). Con los cambios, ya no podrán y además pasarán a depender de dos consejos superiores de gobierno distintos (era uno).
De hecho, un nudo central es la separación del órgano de autogobierno de la magistratura en dos instancias independientes —una para fiscales y otra para jueces—, bajo un sistema de designación que ha encendido las alarmas en amplios sectores judiciales y que además, según algunos análisis, multiplicará los costes de gestión. En concreto: según el modelo propuesto por el Gobierno de Meloni —si la reforma se aprueba y los decretos de actuación no la modifican substancialmente—, un tercio de los ‘miembros laicos’ sería elegido mediante una extracción a suerte (sorteo) entre los en una lista elaborada por el Parlamento, mientras que los otros dos tercios de los ‘miembros togados’ ya no serán elegidos por votación entre sus compañeros, sino siempre mediante sorteo. Lo que gran parte de los afectados interpreta como una estocada a su independencia, al despojarlos de la potestad de elegirse entre ellos mismos. Además, la reforma también prevé la creación de un Alto Tribunal Disciplinar externo para examinar quejas por errores judiciales.
Por ello, para gran parte del sector judicial, la medida no es una modernización, sino un debilitamiento deliberado de su autonomía frente al poder político, que ocurre cuando además Meloni ha tenido ya diversos encontronazos con la justicia de su país. Pero no solo ellos. En contra de la reforma se han manifestado en Italia decenas de constitucionalistas e intelectuales, que han tildado la reforma de autoritaria y con consecuencias inimaginables para el orden democrático de Italia, al estilo de la Hungría de Viktor Orbán o incluso, peor. Es decir, en cierto modo lo que deseaba también Silvio Berlusconi, difunto magnate y, en vida, miembro de la logia de Licio Gelli.
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