En pleno escándalo del caso Koldo, justo cuando se conoció el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que provocó la imputación del hasta entonces secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, la respuesta del Gobierno de Pedro Sánchez pasó por anunciar poco menos que una avalancha de sentencias en las que el PP iba a resultar condenado a la vuelta del verano. De todos esos procedimientos sin duda la estrella es el juicio de la Operación Kitchen, que comenzará el próximo 6 de abril. Sin embargo, el efecto político que parecía deducirse de las palabras del jefe del Ejecutivo ni siquiera va a ser muy visible entonces, porque solo un día después, el día 7, se empezará a juzgar al exministro socialista José Luis Ábalos, su exasesor Koldo García y el comisionista Víctor de Aldama por la compra de mascarillas durante la pandemia por organismos dependientes de Transportes.
El juicio en el que se determinará si desde el Ministerio del Interior del Gobierno de Mariano Rajoy se orquestó una operación para impedir que su extesorerero Luis Bárcenas colaborara con la justicia en el caso Gürtel está fijado desde hace meses en la Audiencia Nacional, porque este tribunal cuenta con un atraso atávico en el señalamiento de las causas sin preso, que obliga a que sean agendados con gran anticipación. En cambio, el Tribunal Supremo, que no suele realizar juicios, puesto que solo se ocupa de los que corresponden a aforados, ha concretado esta misma semana que el primer juicio del caso Koldo se empiece a celebrar el primer martes después de Semana Santa.
Eso supondrá que a partir del segundo día del juicio de la Kitchen el foco mediático tenga que repartirse entre los dos juicios: en que sentará en el banquillo al exministro del Interior Jorge Fernández Díaz, el que era su mano derecha en el ministerio, Francisco Martínez, y el excomisario José Manuel Villarejo y la plana mayor policial durante el Gobierno de Mariano Rajoy, y el hará lo propio con el que fue ministro de Transportes, su hombre para todo y el que amenaza con aportar pruebas de la financiación ilegal del PSOE.
Rajoy afirma que la operación Cataluña «de verdad» fue la que intentó liquidar España / EFE
De esa forma, el efecto que anunciaba el presidente del Gobierno para la vuelta del verano pasado, con el que se constataría que la corrupción «sistémica» había acabado en España en 2018, cuando se desalojó al PP de la Moncloa con la moción de censura con le llegó a él al poder, quedará cuando menos difuminada ante la constatación de que hay corrupción en los dos grandes partidos, como dejarán ver los dos juicios simultáneos.
La previsión de Sánchez de las condenas que recaerían sobre antiguos responsables del PP quedó reducida a unas pocas consideradas menores, como la que condenó a seis exalcaldes de municipios madrileños por los amaños para la eficiencia energética de la trama Púnica. Ni siquiera el caso Montoro, en el que se investiga un presunto trato de favor por parte del Ministerio de Hacienda hacia las empresas de gases industriales que contrataron el bufete creado por el exministro, han logrado neutralizar el caso Koldo, que se sigue investigando en la Audiencia Nacional, donde se abrió una pieza relativa a los pagos realizados en efectivo por el PSOE a sus cargos y trabajadores. A ello se suman el caso Begoña Gómez, que se sigue en los juzgados madrileños de Plaza de Castilla, y el del hermano del presidente, en los jugados de Badajoz.
Decenas de años de cárcel
En el juicio de la Kitchen, la Fiscalía Anticorrupción pide 15 años de cárcel para el exministro Jorge Fernández Díaz por los delitos de encubrimiento, malversación y delitos contra la intimidad, y 19 años, para el excomisario José Manuel Villarejo, por los mismos delitos más cohecho. El ministerio público atribuye a la cúpula de Interior del Gobierno de Mariano Rajoy el dispositivo ilícito parapolicial montado en torno al extesorero del PP Luis Bárcenas para arrebatarle la documentación comprometida para el partido de la que disponía de cara al caso Gürtel. Las peticiones de prisión se elevan a 48 años para el exministro en el caso de la acusación que ejerce el PSOE; el propio Bárcenas, como acusación particular, pide algo más de 40 para Fernández Díaz.
En el primer juicio del caso Koldo la petición de pena a la que se enfrentan Ábalos y Koldo son de 24 y 19 años y medio de prisión, respectivamente, por parte de Anticorrupción. Las acusaciones populares elevan su propuesta de condena para cada uno de ellos a 30 años de cárcel. En cambio, para Aldama, la petición de pena se limita a siete años y medio por su colaboración con la justicia.
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