El próximo noviembre, Donald Trump se juega su futuro político. Estados Unidos celebrará entonces sus elecciones de medio mandato (midterms), unos comicios que sirven para elegir la totalidad de la Cámara de Representantes y un tercio del Senado. Una derrota republicana podría complicar la segunda mitad del mandato presidencial trumpista y dar alas a los demócratas de cara a las presidenciales de 2028.
Trump no es el único con mucho en juego. Sus opciones van ligadas a las de la industria de la inteligencia artificial (IA), a la que ha beneficiado con una agenda desreguladora que está dando carta blanca a los gigantes de Silicon Valley, meca tecnológica del país, a la vez que amenaza a los estados que osen oponerse o cuestionar al acelerado despliegue de centros de datos por todo el territorio.
Sin embargo, la oposición social a esas infraestructuras crece. Conscientes de que las midterms serán un campo de batalla crucial para su negocio, las llamadas Big Tech están respondiendo a esa ola de rechazo con una lluvia de dinero. Los pesos pesados del sector han creado comités de acción política para apoyar a los candidatos —republicanos, demócratas o independientes— afines a sus intereses. Leading the Future, patrocinado por OpenAI, ha recaudado más de 100 millones de dólares y Meta ha anunciado que destinará otros 65 millones a promocionar el sector. A diferencia de la creadora de ChatGPT, su rival Anthropic ha destinado 20 millones a respaldar a políticos favorables a una mayor regulación.
El magnate tecnológico y hombre más rico del mundo Elon Musk salta de gozo durante un mitin de Donald Trump. / Archivo
Lluvia de millones
Durante el último año, las empresas del valle han inundado Washington con su capital para influenciar la agenda legislativa. En 2025, Meta, Amazon, Google, Apple, Microsoft y Oracle destinaron casi 186 millones de dólares a sus operaciones de presión política, siendo la dueña de Facebook e Instagram la más activa con una partida de 26,3 millones. Por cada seis congresistas, el imperio digital de Mark Zuckerberg cuenta con un lobista que defiende sus intereses, desvela un estudio de la oenegé Issue One.
En 2025, Meta, Amazon, Google, Apple, Microsoft y Oracle destinaron casi 186 millones de dólares a sus operaciones de presión para influenciar la agenda política
Los gigantes tecnológicos también están siguiendo cauces menos habituales para ganarse el favor de Trump. Meta, Amazon, Google, Microsoft, Palantir y Tim Cook, el director ejecutivo de Apple, donaron cerca de un millón de dólares cada una al fondo inaugural del presidente republicano. También han ayudado a financiar —junto a otras empresas como el fabricante de chips para IA Nvidia o las plataformas de criptomonedas Coinbase y Ripple— la construcción de un salón de baile al lado de la Casa Blanca cuyo coste podría alcanzar los 400.000 millones de dólares.
Mark Zuckerberg (Meta), Jeff Bezos (Amazon), Sundar Pichai (Google) y Elon Musk en la toma de posesión de Donald Trump en el capitolio de Estados Unidos / Julia Demaree Nikhinson
A eso hay que sumarle los miles de millones de dólares que las empresas inmobiliarias, de combustibles fósiles y gestores de activos como BlackRock han puesto para proteger un negocio del que todas participan.
Retrasos y cancelaciones
A pesar de la acelerada expansión de la industria digital, los opositores a los centros de datos tienen motivos para el optimismo. Solo en el último mes, 10 proyectos en EEUU ha sido paralizados. Una moratoria que, más allá de la oposición ciudadana, se debe a múltiples factores que van desde la escasez de equipos de red como la memoria RAM —vital para que los servidores almacenen y procesen miles de millones de datos— hasta otras limitaciones como la dificultad para acceder a los grandes volúmenes de energía necesarios para que esos sistemas funcionen.
Hasta la mitad de las 110 infraestructuras previstas para entrar en funcionamiento en 2026 en todo el mundo podrían sufrir retrasos, según un reciente informe de la empresa de análisis de datos Sightline. Esta tendencia se prolongará y «aumentará significativamente el riesgo de que los proyectos se retrasen, se retiren y, en última instancia, se cancelen».
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