La jueza que instruye la causa de la dana de Valencia, Nuria Ruiz Tobarra, detecta varios «elementos de negligencia» en la actuación de Carlos Mazón durante la fatídica jornada del 29 de octubre de 2024, en la que fallecieron 230 personas, en los que se apoya para solicitar al Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) que investigue al expresident por homicidio y lesiones imprudentes por omisión.
A lo largo de las más de 100 páginas de exposición, la magistrada enumera las causas por las que concluye que el expresident debe ser imputado por su «inactividad negligente«, muchas de ellas que han sido elementos centrales en lo que va de instrucción: los retrasos en la convocatoria del Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) y el envío del Es Alert, la «minimización» de la gravedad de la emergencia de Mazón, su «ajenidad» ante la emergencia por su comida en El Ventorro y su «pasividad» a la hora de pilotar la crisis pese a ostentar el «nivel supremo de capacidad de decisión».
El retraso del Cecopi y el Es Alert
Tras 16 meses de instrucción, Ruiz Tobarra considera «algo obvio» el «retraso» en convocar el Centro de coordinación por la entonces responsable de Emergencias, Salomé Pradas, a las 15.00 horas desde Carlet y que se inició a las 17.00 horas. Según relata, este hecho «muestra la pasividad en la toma de decisiones así como la falta de coordinación» de la Generalitat y, en lo relativo a Mazón, señala que su «falta de instrucciones» al respecto «concuerda» con su «minimización de los riesgos», lo que se desprende «no sólo» de sus manifestaciones sino del «mantenimiento de una comida que se prolongó de una manera injustificada si atendemos a la gravedad de la situación».
La jueza remarca que el Cecopi debió convocarse «muy probablemente el día anterior» o «cuanto menos a primera hora» del 29-O dadas las previsiones meteorológicas reflejadas también, recuerda, por los medios de comunicación y atendidas por la Universitat de Valencia, que sí suspendió sus clases ante los avisos de Aemet. Y sobre Mazón, apunta que era «consciente» de la situación en el barranco del Poyo «y de su peligrosidad», por lo que incide en que «no es explicable racionalmente el retraso» para reunir al cerebro de la emergencia.
También considera «negligente» el retraso en el envío del Es Alert y expresa sus dudas sobre que Mazón no interviniera: «La posibilidad de que el president fuera ajeno a las órdenes expresadas por su jefe de Gabinete (José Manuel Cuenca) resulta ilógica». Y añade que ambos escenarios, tanto si participó como si no, «son indicativos de una negligencia clara». En el primer supuesto, por «retrasar» el envío por el debate legal sobre el confinamiento. En el caso contrario, por estar «totalmente ajeno a la situación».
La «prolongada ajenidad» de Mazón
En otro punto de la exposición, la magistrada ahonda en las posibles omisiones de Mazón durante esa jornada dada su «prolongada ajenidad que mostró en los momentos decisivos y de mayor mortandad». Y remarca que existen «elementos probatorios que mostrarían que dicha exclusión voluntaria de las funciones propias de la Presidencia de la Generalitat tuvo una repercusión decisiva en el resultado mortal y lesivo. Una omisión equiparable a la acción en los fallecimientos y en las lesiones».
Además, considera que esa ausencia de decisiones en la que Mazón ha basado su defensa pública «carece de sustento no solo lógico sino legal». Para Ruiz Tobarra, escudarse en no haber dado órdenes constituye «un elemento integrante de la negligencia, pese que parece ser que se entendían como exculpatorias».
«Minimización pública e ilógica de la gravedad»
Para la jueza, la «negligencia» de Mazón durante el 29-O «se desplegó en diversos planos». En primer lugar, por su «minimización pública e ilógica de la gravedad de la emergencia», señala en referencia a la comparecencia del expresident sobre el mediodía en el que habla despreocupado de desalojos en viviendas y cabras ahogadas en Turís y en el que adelanta que la dana se desplazaría hacia Cuenca a las 18.00 horas. «En la hora en la que se produjeros dichas declaraciones ya había un desaparecido y la situación en Utiel era una población completamente anegada por el agua», recuerda.
Incide de nuevo en su aislamiento durante su comida en El Ventorro con Maribel Vilaplana, cuatro horas la que las comunicaciones con Pradas fueron «sorprendentemente exiguas en cuanto a su duración» y en un lugar, el reservado del establecimiento, «que difícilmente puede estimarse el lugar donde se pueden dar órdenes, instrucciones, manejar información o recibir asesoramiento». Y remata: «No se puede banalizar la permanencia en el restaurante, en una sobremesa interminable, mientras la población sufría los desbordamientos y ya habían padecido un auténtico infierno».
«No constan decisiones relevantes» de Mazón
El otro plano en el que Ruiz Tobarra detecta «negligencia» de Mazón es por su «pasividad» en la gestión de la crisis. «No constan decisiones relevantes por parte del president», indica en su exposición elevada al TSJCV, relacionando este punto con la «falta de coordinación» entre las consellerias con competencias en la emergencia.
En ese sentido, el escrito defiende la necesidad de «analizar el tiempo que pasó» en El Ventorro y «las actuaciones o ausencia de ellas que se produjeron durante el tiempo que permaneció, cerca de cinco horas». Así, destaca la jueza que pasaron «más de tres horas» hasta que habla por primera vez con Pradas, a las 17.37 horas.