El atasco que vive la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional está haciendo que los juicios por presuntos delitos de corrupción se estén fijando para 2027, lo que supone que no se celebren hasta años después de concluida la instrucción; ello implica que, en caso de condena, haya prácticamente que aplicar siempre la atenuante de dilaciones indebidas con la consiguiente rebaja de la pena a imponer.
Por ello, en el tribunal especializado en terrorismo y delitos económicos de especial relevancia o que afectan al territorio de más de una Audiencia Provincial se buscan fórmulas para acelerar la celebración de juicios, como, por ejemplo, un refuerzo de los magistrados de las cuatro secciones de su Sala de lo Penal. En concreto, se necesitan dos magistrados más para que su Sección Segunda pueda duplicar los señalamientos.
Fuentes jurídicas señalan a EL PERIÓDICO que la Sala de Gobierno mandó al Consejo General del Poder Judicial una propuesta de nombramiento el pasado mes de septiembre, con varios nombres, entre ellos, el de Pablo Ruz, que en su día sustituyó a Baltasar Garzón al frente del Juzgado Central de Instrucción número 5. La tramitación de la designación todavía está pendiente del visto bueno del Ministerio de Justicia, al que corresponde la provisión económica, y de la Comisión Permanente del CGPJ, que en su última reunión de 2025 renovó la comisión de servicios de otros dos magistrados que ya están en la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional: Fermín Echarri y María Fernanda García.
El líder de la trama Gürtel, Francisco Correa, durante el juicio por la pieza separada de ‘Gürtel’ referente a las adjudicaciones irregulares de la trama en la localidad madrileña de Arganda del Rey, en la Audiencia Nacional de San Fernando de Henares, a / Alejandro Martínez Vélez – Europa Press
El motivo de instar los nombramientos en la Sección Segunda de lo Penal de la Audiencia es porque es la que cuenta con más retraso, ya que fue a la que correspondió el enjuiciamiento de las numerosas piezas que se abrieron del caso Gürtel, cuya sentencia de la más importante motivó la moción de censura que dio el Gobierno a Pedro Sánchez. La última en ser juzgada, la relativa a los delitos fiscales cometidos por el cabecilla de la trama, Francisco Correa, y el resto de sus miembros, está ya pendiente de sentencia.
Pero que la Sección Segunda tenga retraso no significa que el resto no esté en una situación complicada. El juicio de los Pujol mismamente ha comenzado a celebrarse el pasado 24 de noviembre, cuando la instrucción se concluyó en 2020. Si se cumple el calendario fijado no terminará hasta mayo de 2026. Es verdad, que en ese caso los retrasos no son solo aplicables al atasco de la Audiencia Nacional, porque la defensa de la familia Pujol se tomó su tiempo para expurgar el procedimiento y así evitar que se incluyeran datos personales en el sumario.
Otros señalamientos
Otro de los problemas que se están encontrando la Audiencia a la hora de señalar estos juicios, con un abultado número de acusados, es que una vez que se les pone fecha, siempre hay algún abogado con un señalamiento anterior que tiene preferencia, lo que obliga a volver al posponer el inicio de la vista en busca de un día sin esas coincidencias.
Fuentes de la Audiencia señalan a este diario que así ha pasado con piezas del caso Lezo, cuyo principal acusado es el expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González. Una de ellas, la relativa al Campo de Golf que se construyó encima de los depósitos del Canal de Isabel II, se ha señalado para septiembre de 2027. Para otros, como la compra de la colombiana Inassa por la empresa pública madrileña encargada de la gestión del agua ni siquiera hay fecha aún, pese a que la instrucción ya había concluido en 2019.
También faltan por celebrarse varios juicios de la trama Púnica, entre cuyos acusados destaca el que fue secretario general del PP madrileño Francisco Granados. El del amaño en la contratación para lograr certificados energéticos acaba de concluir con la condena de seis exalcaldes madrileños y el empresario clave, mientras que el de presuntas irregularidades para contratar la música de los pueblos con Waiter Music comenzará a celebrarse en enero.
Entre los juicios relativos a las presuntas prácticas delictivas de la policía durante el Gobierno de Mariano Rajoy, destaca el de la operación Kitchen, en el que están acusados, entre otros, el que fue ministro del Interior Jorge Fernández Díaz y su secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, por el presunto espionaje al extesorero del PP Luis Bárcenas. Está previsto que se inicie en mayo del 26.
Entre los factores que influyen en el atraso de los señalamientos de la Audiencia Nacional figura el hándicap de que las causas con preso siempre tienen preferencia sobre los demás procedimientos, lo que suele suponer la postergación de las causas por corrupción, habitualmente con un gran número de acusados con sus correspondientes abogados. Eso obliga a que sean celebrados en la sede de la Audiencia Nacional de San Fernando de Henares, cuando está disponible.
Más refuerzos
La Audiencia Nacional también cuenta con refuerzos en los juzgados centrales de Instrucción. El número 6 dispone de uno desde que su titular era Manuel García Castellón, para poder avanzar en las pesquisas del caso Tándem, en el que se investigan las cloacas policiales y cuyo principal imputado es el excomisario José Manuel Villarejo.
También lo ha habido en el juzgado 3, cuyo titular es José Luis Calama, para poder compaginar todos los asuntos con la laboriosa investigación que necesitaron las pesquisas relativas a la intervención del Banco Popular. Ahora también se quiere ampliar la medida al Juzgado Central de Instrucción número 1, del que está al frente Francisco de Jorge, que, entre otros, instruyó el caso que concluyó en la condena del expresidente de la Real Federación Española de Fútbol Luis Rubiales por el beso que propinó a Jennifer Hermoso al ganar el mundial.
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