La Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) ha aprobado su propuesta de pago a las redes de distribución eléctrica para el periodo 2029-2031 con algunas modificaciones tras recibir el miércoles el informe del Consejo de Estado que concluía, entre otras cuestiones, que su propuesta invadía las competencias del Gobierno.
Por un lado, la CNMC aprueba una tasa de retribución para esta actividad del 6,58%. La tasa de retribución es un porcentaje que se aplica sobre el valor de los activos, en este caso las redes eléctricas, para compensar a las empresas por realizar las inversiones y mantener estas infraestructuras. Se trata de una tasa superior al 6,46% que el organismo había propuesto en verano y casi un punto más que el 5,58% vigente, pero lejos de las pretensiones de las compañías (7%).
Por otro lado, el organismo regulador ha aprobado un nuevo modelo de cálculo de esta retribución, que define cuáles serán los activos estarán sujetos a esa retribución. Y este ha sido el principal quebradero de cabeza para las empresas, después de que la propuesta lanzada por la CNMC en verano supusiera un cambio radical de la metodología actual.
Y la CNMC ha mantenido en esencia sus planteamientos, aunque ha realizado algunas modificaciones tras los comentarios del Consejo de Estado. Una de las principales cuestiones era que en el caso de desplegar nuevas redes eléctricas la tasa de retorno no se calcularía sobre el coste de la inversión (gasto operativo y de capital) como hasta ahora, sino sobre los kilovatios conectados. Es decir, sólo aquellas inversiones que generasen un aumento de potencia relativamente rápido y a bajo coste podrían ampliar la base de activos reconocidos y retribuidos.
Esto introducía un riesgo en la recuperación de las inversiones, según las eléctricas. Y el Consejo de Estado les ha dado la razón a las compañías, a su manera, al afirmar que la CNMC «no puede crear incentivos que no tengan un sustento legal expreso, como sucede con la incorporación de nueva demanda a red», es decir, esa medida no sería válida a efectos legales.
El organismo que dirige Cani Fernández ha mantenido este esquema de sostenibilidad (así lo llama), pero lo ha «reformulado» al circunscribirlo solo «a aquellas inversiones destinadas a dar respuesta a la demanda que se recojan en el Proyecto de Real Decreto por el que se regulan los planes de inversión de las redes de transporte y distribución de energía eléctrica, que se encuentra actualmente en tramitación». Esto es a las inversiones adicionales relativas a digitalización o avifauna, entre otras.
Otra de las críticas de las compañías es que la CNMC limitaba el volumen de inversión reconocida para calcular la retribución al 80% del tope de las inversiones que tienen las empresas (0,13% del PIB, según la Ley del Sector Eléctrico). El Consejo de Estado consideró que «el establecimiento de un límite a las inversiones retribuibles con cargo al sistema excede de las competencias atribuidas a la CNMC e invade las atribuciones de planificación atribuidas al Gobierno por la Ley del Sector Eléctrico».
El ‘superregulador’ insiste en que no considera que haya un problema de competencias, e incluso afirma que el Gobierno en ningún caso se lo ha trasladado de esta manera y eso que podría haber influido en sus propuestas de retribución a las redes desplegando lo que se conoce como Comisión de Cooperación, que supondría reunir a representantes de la CNMC y del Ministerio para la Transición Ecológica para ‘debatir’ sobre el planteamiento del organismo regulador.
En cualquier caso, la CNMC ha decidido elimina «todas aquellas previsiones que han sido entendidas como la introducción de un límite adicional al establecido por el Ministerio». «En particular, las inversiones hasta el 0,13% del PIB se pasan a retribuir a coste auditado, en lugar del 80% del 0,13% del PIB. De esta forma, todo el volumen de inversión que pueden desarrollar anualmente las empresas con la normativa actual se pagaría a valor auditado, sin riesgo ligado al desarrollo de potencia. También se han eliminado las referencias al parámetro del límite de LR del 3%», añade la CNMC.
Proceso «participativo»
La CNMC defiende que la nueva metodología de retribución de la actividad de distribución incorpora «mejoras encaminadas a lograr mayor eficiencia en las redes, mejorar la calidad, reducir las pérdidas e incentivar la electrificación de la economía». Y aprovecha el comunicado para defender que ha seguido un «procedimiento garantista y participativo» en la elaboración de estas propuestas, tras las críticas de las compañías eléctricas, a las que se ha sumado el voto particular de tres consejeros, que se han mostrado discrepantes con la decisión del organismo (dos con la tasa de retribución y tres con la metodología).
La CNMC recuerda haber realizado hasta «siete consultas públicas previas, cinco trámites de audiencia pública y numerosas reuniones con empresas, consumidores y demás agentes del sector». «También se ha solicitado en cinco ocasiones el parecer del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y se han recabado los dictámenes del Consejo de Estado, cuyas observaciones se han tenido especialmente en cuenta en el proceso», añade el organismo, que reconoce que hasta su aprobación este lunes las propuestas de retribución a las redes eléctricas se han debatido «69 veces en el Consejo de la CNMC».
«Se ha logrado un equilibrio entre fomentar la inversión en redes, maximizar su uso y la protección al consumidor», remacha.
La batalla judicial que viene
A pesar de los cambios, la decisión de la CNMC de continuar con su propuesta de metodología de cálculo de la retribución anticipa una larga batalla legal. Algunas fuentes del sector energético califican la vía por la que ha optado el supervisor como “engendro legal” y denuncian que sólo genera inseguridad jurídica e incertidumbre en un momento en que es totalmente necesario ofrecer certezas para disparar las inversiones en redes eléctricas para ‘enchufar’ los proyectos industriales en espera y absorber nueva generación de energías renovables.
Desde el sector eléctrico se apostaba por que la única solución con viabilidad legal para la CNMC era aprobar el alza de la nueva tasa de retribución y dejar sin aprobar la parte de la metodología de cálculo, lo que conllevaría prorrogar el actual sistema de manera temporal. Con esta opción, la CNMC podría posteriormente iniciar un nuevo proceso de elaboración de la normativa, abriendo una nueva consulta pública para que las compañías hicieran sus aportaciones que consideraran oportunas y posteriormente aprobar una nueva norma.
Según algunas fuentes del sector, para hacerlo de esta manera el Gobierno tendría que aprobar un real decreto ley para cambiar el mecanismo actualmente vigente, lo que alargaría el procedimiento. Pero era la única vía para evitar una batalla legal.
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