«Todos sabéis que la elasticidad de la cuenta de resultados a la lista de espera es directa«. Estas 17 palabras -pronunciadas por el consejero delegado del grupo Ribera Salud, Pablo Gallart, ante los directivos del hospital de Torrejón de Ardoz, en un audio publicados por El País la pasada semana- han supuesto un golpe directo al modelo Alzira, la gran apuesta sanitaria de Eduardo Zaplana y el Partido Popular durante casi dos décadas en la Comunitat Valenciana. La fórmula de ceder la gestión de un hospital público al sector privado, a cambio del pago de una cuota por habitante por parte de la Administración, se diseñó y puso en marcha en la comarca de la Ribera, con la apertura en 1999 del primer hospital de toda España con estas características y, desde entonces, se ha ido exportando a otras autonomías gestionadas por los populares -Madrid es una de las que más- con la eficiencia y el ahorro como principal argumento; se esperaba ahorrar un 20 % respecto a la gestión directamente pública, como se publicó en la prensa del momento. Dos décadas y media después, pese a las constantes sospechas sobre los intereses y beneficios empresariales de fondo, se constata de forma cruda que la calidad de asistencia para los pacientes no es la prioridad, a tenor de los audios escuchados; lo son los beneficios económicos porque uno de sus principales responsables pedía operar menos para gastar menos, a pesar del inevitable crecimiento de la lista de espera.
«Es una evidencia de lo que todos teníamos claro, del fracaso de un modelo que aquí se llevó al extremo y que prima los intereses económicos«, arguye el portavoz sanitario del PSPV en las Corts Valencianes, Rafa Simó. Y es que el modelo Alzira -todos coinciden en señalar a Antonio Burguera, imputado ahora por el ‘caso de las residencias’ de Madrid, como el padre del proyecto– fracasó casi desde el principio. En 1999, la Generalitat concedía la gestión privada solo del hospital de Alzira, no de todo el departamento sanitario, a Ribera Salud -formada por Adeslas, Dragados y Lubasa; con Alberto De Rosa, hermano del exconseller popular Fernando de Rosa, como presidente y brazo ejecutor- a cambio de un pago de 204 euros per cápita, es decir, por cada SIP adherido al hospital. Todo ello fue posible por la modificación legislativa estatal, realizada por el gobierno de Aznar y contó con el respaldo en el Congreso del PSOE, CiU, CC y PNV- que permitió ceder la gestión sanitaria al sector empresarial; «fue creada ad hoc para Zaplana», recuerda el diputado de Compromís Carles Esteve, quien señala la rapidez con la que se comenzó el desarrollo de este modelo que, en su opinión, «estaba preparadísimo» antes incluso de aprobar el cambio legislativo.
Solo cuatro años después, la empresa fue rescatada, una prueba fehaciente de la inviabilidad del proyecto, por el Consell asumiendo una deuda de 69 millones de euros. Pero eso no frenó el deseo de la Generalitat, gobernada entonces por José Luis Olivas, de insistir en la privatización del sector; la Administración reformuló el modelo ampliando la gestión privada a todo el departamento de salud, incluyendo los centros de Atención Primaria y aumentando el coste a 379 euros por persona. La Generalitat redactó un nuevo pliego de condiciones que adjudicó de nuevo, pese a su quiebra anterior, a Ribera Salud.
El hospital de Alzira un día antes de su apertura en 1999. / Manuel Bruque/EFE
Regreso a lo público
Durante la gestión popular, la fórmula se replicó hasta en cinco departamentos de salud: el ya citado de la Ribera, a los que se sumaron Dénia, Manises, Torrevieja y el Vinalopó, el único que sigue funcionando y lo hará al menos hasta 2030 después de la prórroga aprobada por el conseller Marciano Gómez, quien ocupaba el cargo de director general de Asistencia Especializada, un alto cargo del ámbito hospitalario y a quien muchos señalan como el artífice de los conciertos sanitarios. El pago per cápita fue aumentando con los años hasta llegar a los 1.015,13 euros por habitante, el último dato conocido del hospital del Vinalopó correspondiente al ejercicio 2024.
El conseller de Sanidad, Marciano Gómez, saluda al personal del hospital de Manises en el primer día de la reversión. / Germán Caballero
Pese a que el modelo tuvo su origen en la Comunitat Valenciana, su presencia se ha reducido a través del proceso de las reversiones iniciado por el Botànic, cuyo principal objetivo fue recuperar la gestión sanitaria íntegramente pública. La Generalitat extinguió en 2018 el contrato con Ribera Salud por el hospital de Alzira y la empresa lo batalló por la vía judicial hasta que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) lo desestimó. La propia legislación complicaba el retorno a la gestión pública; tanto es así, que la ministra Mónica García anunció la puesta en marcha de una ley para «blindar» la sanidad pública y facilitar el proceso de las reversiones, aún pendiente de tramitar.
En el resto de departamentos, tras la crudeza del proceso judicial, el Botànic optó por esperar a la finalización del contrato del resto de hospitales. Bajo este paraguas, volvieron a la gestión pública los departamentos de Torrevieja, en octubre de 2021; Dénia, en febrero de 2024; y Manises, en mayo del mismo año. Estos dos últimos se produjeron ya con el PP de vuelta a la Generalitat, aunque varias fuentes consultadas por Levante-EMV aseguran que el actual conseller reconoció haber llegado «tres meses tarde» para impedir la reversión, aunque después haya realizado un «reenfoque político» del asunto.
¿La sanidad, rentable?
La base del modelo Alzira sigue en cuestión 26 años después porque, según Esteve, «la asistencia sanitaria no puede ser rentable nunca«, ya que «si ganas dinero, la que pierde es la sanidad» y «esta no puede depender de modelos económicos». Y en el campo económico, «no todos los pacientes son igual de rentables -añade Simó-, lo que choca con el modelo de sanidad universal diseñado por Ernest Lluch«, cuyo nombre casi desaparece del centro de salud de Campanar a instancias de la actual Generalitat, aunque rectificó tras las críticas. Lo que se ha constatado ahora, 25 años después, gracias a los audios de Torrejón, son las perversiones del modelo sanitario de Zaplana, creado en Alzira y que ha explotado en Torrejón de Ardoz.
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